Alrededor de 150 familias de la
Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Venustiano Carranza (OCEZ-RC), se
encuentran refugiadas desde hace dos meses en precarias chozas, luego de que
fueron desalojadas de diversos predios que habían invadido en los municipios de
Venustiano Carranza y Amatenango del Valle.
De acuerdo
con la OCEZ-RC, en el desalojo
participaron grupos paramilitares y corporaciones policiacas al servicio de los
terratenientes, quienes destruyeron los poblados y robaron todas las cosechas y
pertenencias.
Las familias desalojadas se encuentran
ahora en el tramo carretero El Cascajal, del municipio de Venustiano Carranza,
“sufriendo las inclemencias del tiempo y pasando hambre y enfermedades”, señaló la organización en un
comunicado.
Indicó que
desde el desalojo buscaron un acercamiento con el gobierno de Manuel Velasco
Coello para la instalación de una mesa de dialogo, y fueron atendidos por el
secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien nombró como
comisionados al subsecretario Jorge Utrilla, así como a Mario Carlos Culebro
Velasco y Rafael Góngora y Aguilar.
Los miembros
de la OCEZ-RC pidieron al gobierno
estatal “el retorno a sus tierras de las familias desplazadas, el pago
inmediato de las 581 hectáreas de tierra, el respeto de los grupos en posesión
de la tierra al no desalojo y la agilización de los grupos en vía de solicitud
de tierra”.
En un
principio, destacaron, el gobierno se
comprometió a cancelar toda orden de aprehensión en contra de los líderes
invasores, y aseguró que reactivaría de forma inmediata la pensión vitalicia en
beneficio de las viudas y esposas de José Santos López Aguilar, María de la
Cruz Gómez y Natalia Hernández Solano, víctimas mortales de un ataque policiaco
perpetrado el 30 de septiembre de 2009.
También reclamaron al gobierno, y les fue
concedida, la atención médica y reactivación del apoyo económico al campesino
Juan Jiménez Zepeda, lesionado en el mismo ataque. De igual manera, el gobierno
se comprometió a buscar la regularización del transporte en las modalidades de
taxi, moto-taxi y camiones de bajo tonelaje adheridas a la OCEZ-RC.
Asimismo, respetar las rutas de trabajo de las
unidades, sin aplicar operativos, y en el tema del sector productivo se
comprometió a instalar una mesa de trabajo en los temas del campo, educación,
salud, infraestructura y vivienda.
Sin embargo, han pasado 60 días y el gobierno estatal
“se ha visto negligente en sus compromisos”, y sigue con su amenaza de
desalojar a otros grupos de campesinos que mantienen invasiones de tierras bajo
las siglas de la OCEZ-RC, denunciaron.
Por ello,
desde el pasado lunes 22 las familias desplazadas de sus tierras decidieron
instalar un campamento en la plaza de la Catedral, en San Cristóbal de Las
Casas, con el acompañamiento de comisiones de las diferentes comunidades.
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