La Procuraduría General de la
República (PGR) tiene abiertas 56 averiguaciones previas por el presunto desvío
y desaparición de recursos federales en la administración de Javier Duarte en
Veracruz, gracias a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), pero, hasta ahora, ni una de ellas ha sido consignada ante un
juez.
Autoridades
federales confirmaron que las
averiguaciones se encuentran en integración y comprenden un posible fraude al
erario federal por 21 mil 76 millones de pesos.
Eso sin contar otros 35 mil millones,
que no han sido comprobados y que serán objeto de más denuncias que la ASF
presentará en los próximos meses.
La primera denuncia en contra de la
administración de Javier Duarte ante la PGR se presentó oficialmente el 11 de
noviembre de 2014 y fue por haber
simulado que se reintegraron recursos federales detectados previamente como
faltantes.
La última denuncia se presentó el
pasado 23 de diciembre y correspondió a un posible desvío de 800 millones de
pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en el ejercicio
fiscal de 2014.
Todas estas
averiguaciones están a cargo de la Unidad Especializada en Delitos cometidos
por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR sin que ninguna haya sido cerrada pero
tampoco sin que alguna esté resuelta y consignada ante un juez federal.
De acuerdo
con la ASF, se realizan reuniones periódicas con los agentes del Ministerio
Público Federal adscritos a la esa Unidad Especializada para dar seguimiento a
las averiguaciones presentadas y los requerimientos de información que se
presenten.
Cabe señalar
que se trata de denuncias de hechos en
las que la auditoría aporta la evidencia de los recursos que desaparecieron o
no fueron utilizados adecuadamente, pero donde es responsabilidad de la PGR
determinar quiénes son los funcionarios responsables y consignarlos,
¿De dónde
viene el dinero denunciado?
De los 21
mil millones que la Auditoría ya
denunció penalmente ante la PGR, 16 mil 308 millones corresponden a recursos
pertenecientes al denominado “gasto federalizado” entregado a Veracruz.
El gasto federalizado es dinero
destinado a los denominados Ramos 28 y 33, cuya finalidad es que se canalice a
programas sociales y obras que beneficien a la población.
Los otros cuatro mil 770 millones de
pesos son por un concepto que los auditores denominan como “simulación de
reintegros”, que consiste en que la autoridad señalada (en este caso el
gobierno de Veracruz) deposita recursos que los auditores le indicaron como
faltantes en las cuentas autorizadas, pero que luego vuelve a retirarlos.
El desvío de
recursos que los auditores han observado y denunciado se han presentado de
forma generalizada en múltiples programas: Van
desde partidas destinadas para obras y programas sociales, hasta recursos que
debieron usarse en programas de salud o de seguridad pública. Entre los
programas afectados se encuentran, por ejemplo, el Seguro Popular y Prospera.
Fue el
propio Javier Duarte quien oficializó casi desde el arranque de su gobierno el
que pudieran tomarse recursos etiquetados del gobierno federal con otros fines.
Animal
Político informó que el 19 de diciembre
de 2011 el gobierno de Duarte publicó el Decreto 289, a través del cual dio luz
verde a la Secretaría de Finanzas de su gobierno para echar mano de partidas
estatales y federales y “priorizar” el gasto de acuerdo con las necesidades del
estado.
Se prevé que en los próximos meses la
ASF presente un nuevo paquete de denuncias en contra de la administración de
Duarte por el desvío de otros 35 mil millones de pesos detectados hasta el
ejercicio 2015, así como por nuevas irregularidades correspondientes a 2016.
El próximo 15 de junio vence el plazo
legal que marca el tratado de extradición entre México y Guatemala para que se
presente la solicitud formal de extradición de Javier Duarte, detenido a
mediados de abril en ese país centroamericano.
De acuerdo con autoridades con
conocimiento del caso, la solicitud se estará presentando días antes de
finalizar el plazo.
El tratado
entre ambos países indica que la solicitud de extradición procede en los casos
en los que exista un requerimiento judicial en forma girado por un juez, es
decir, una orden de aprehensión.
Hasta ahora
hay cuatro órdenes de aprehensión giradas en contra del exgobernador: Dos de
estas son del orden federal y son por lavado de dinero, delincuencia organizada
y delitos electorales. Además hay dos órdenes obtenidas por la Fiscalía de
Veracruz y relacionadas con cinco delitos distintos, todos vinculados a
posibles hechos de corrupción.
Ninguno de los desvíos reportados y
denunciados por la ASF ha derivado en una orden de aprehensión contra Javier Duarte
porque tampoco han sido consignados.
La Unidad Especializada en Delitos
cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la
PGR es la responsable, entre otras cosas, de investigar los posibles hechos de
corrupción derivados de las denuncias que presenta la Auditoría Superior de la
Federación.
De acuerdo
con datos de la ASF, hasta ahora, se han
presentado más de 750 denuncias penales ante esa Unidad por presuntos fraudes
derivados de las auditorías que se practican en los estados y en las
dependencias federales. De todas ellas, solamente 30 han sido consignadas.
Lo anterior
significa que, en promedio, apenas 4% de
los fraudes que denuncia la ASF terminan en una consignación ante un juez con
el señalamiento de quienes son los responsables.
El titular
de la ASF, Juan Manuel Portal, ha advertido en varias ocasiones que la PGR no
cuenta con el personal ni recursos suficientes para sacar adelántelos los
casos.
“Lo que
podemos ver es que, a la fecha hay un rezago importante, tanto para la sanción
de las penas administrativas, como las penales, las que tiene que aplicar la
Procuraduría General de la República”,
dijo Portal el pasado 23 de mayo.
Cabe señalar que la Unidad será
reemplazada por la Fiscalía Anticorrupción, que forma parte del Sistema
Nacional Anticorrupción y que, en el papel, tendrá una mayor estructura y
facultades para atender todos estos casos.
Pero el funcionamiento de dicha
fiscalía está sujeto primero al nombramiento de un fiscal anticorrupción. Dicha
determinación está a cargo del Senado de la República el cual lleva tres años
sin concretarlo.
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