“La vicegobernadora” de Veracruz también saqueó cuanto quiso.

María Georgina Domínguez Colio –bautizada como La Vicegobernadora en el gabinete de Javier Duarte– entrará en la historia por ser la primera jefa de prensa mexicana encarcelada.

Dos de sus anteriores jefes también están presos: Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, sentenciado por ser operador financiero del Cártel de Juárez y de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos; y el propio Duarte, recluido en una prisión militar en Guatemala en espera de ser extraditado a México y a quien se acusa de delincuencia organizada, peculado, desvío de recursos y abuso de autoridad.

A Domínguez Colio, empresaria periodística, restaurantera y hotelera, el domingo 21 le fue dictada prisión preventiva de un año por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición para cometer un ilícito. Además la Fiscalía General del Estado (FGE) aún la investiga por presunto peculado, tráfico de influencias y desvío de recursos.

De acuerdo con un vocero de la FGE, el gobierno de Miguel Ángel Yunes tiene abiertas 777 carpetas de investigación contra 300 servidores públicos del gobierno anterior.

Así han encarcelado ya a cinco exfuncionarios de Duarte. Y ha habido dos fracasos: la libertad condicional que obtuvo el exgobernador interino Flavino Ríos, y el amparo para el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos, y su posterior fuga.

Información “restringida”

Domínguez empezó a trabajar con Duarte cuando fue candidato a la diputación federal por Córdoba, en 2009; antes ella dirigió el periódico Milenio-El Portal –propiedad del exdiputado federal priista Alejandro Montano– y fue jefa de información del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en el gobierno de Villanueva Madrid. También fue jefa de información del periódico AZ, del excandidato priista a la alcaldía de Veracruz, Óscar Rodríguez, y asesora de medios de quien fuera presidenta del DIF estatal, Rosa Borunda, esposa del exmandatario Fidel Herrera.

El 1 de diciembre de 2010, cuando Duarte rindió protesta como gobernador de Veracruz, Domínguez vivía en una modesta casa en el barrio de San Bruno, en la colonia Ferrer Guardia, en Xalapa, y construía una casa en el residencial Monte Magno, según cuentan sus amigos y exempleados.

Pero en los 39 meses durante los cuales fue coordinadora general de Comunicación Social de Duarte se hizo dueña de la Hacienda San Bartolo, en Xico –que convirtió en hotel–; de un penthouse en la Torre Pelícano, en Boca del Río –donde también tenía dos departamentos el propio Duarte–; tres casas campestres en Zoncuantla, y una vivienda más en Xalapa.

Además es dueña de la cadena de restaurantes La Flor de la Vida, en Xalapa, y hasta el pasado marzo fue concesionaria de la agencia de noticias Quadratín y propietaria de Conexión Veracruz, medios que traspasó a su directora, Laura Valencia, quien fue su secretaria particular en Milenio-El Portal.

Aunque Domínguez solía decir que “Javier Duarte se vendía solo” en los medios –se refería a que el priista gobernaba el tercer estado más importante del país y, según ella, era un “líder natural”–, el anexo VII de la Clasificación Programática del Proyecto de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Duarte –copia del cual tiene Proceso– detalla que anualmente se destinaban entre 200 y 230 millones de pesos para publicitar su gobierno en radio, prensa y televisión, además de los gastos corrientes y “servicios personales” para la Coordinación de Comunicación Social, la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP) y Radio Televisión de Veracruz (RTV). Y aunque ese dinero se etiquetaba, no siempre se pagaba.

Por ejemplo, el proyecto de presupuesto 2014 etiquetó 128 millones 203 mil 716 pesos para difusión de obras en medios informativos (convenios publicitarios en televisión, prensa y radio), 2 millones 153 mil 365 pesos en asuntos jurídicos; para administración financiera, recursos humanos y operación se destinaron 76 millones 62 mil 919 pesos.

A ello se sumó el presupuesto de 70 millones de pesos para RTV y 20 millones para la CEAPP. El desglose y acomodo de los gastos siempre fue discrecional.

Con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Proceso solicitó los convenios publicitarios del gobierno estatal con radio, prensa escrita y televisión, así como los documentos relativos a la contratación de spots en salas de cine, renta y compra de espectaculares y demás. La respuesta del gobierno de Duarte siempre fue la misma: “El gasto de publicidad social es información reservada, con base en el acuerdo que tiene por objeto clasificar como de Acceso Restringido, en la modalidad de ‘reserva’, la información relativa a la partida 513636100005”.

Dicha partida se destinaba a la “difusión de mensajes sobre programas gubernamentales”. En junio de 2013 Duarte publicitó este acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado, donde se anexaba el “candado financiero” a los “programas y actividades gubernamentales”; el documento estaba rubricado por la presidenta del Comité de Información de Acceso Restringido de la Coordinación General de Comunicación Social, la propia Domínguez.

No fue sino hasta que Duarte pidió licencia al cargo, el pasado 12 de octubre, cuando el entonces diputado local panista Julen Rementería –hoy secretario de Obras Públicas– obtuvo en el Órgano de Fiscalización (Orfis) el Anexo Único de Cuentas por pagar del gobierno saliente.

Ahí aparecía un pasivo de más de 378 millones de pesos en adeudos a medios nacionales y locales; también facturas por pagar a columnistas, directores de medios, reporteros y algunos particulares que serían identificados, los últimos, por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, como artífices de las empresas fantasma, evidenciándose que amigos y familiares de Duarte cobraban como empresas periodísticas.

Yunes anticipó que no pagaría “ni un solo peso ni centavo” a dichos medios.

Sin embargo, la oscuridad de los convenios que hizo Duarte con la prensa ha contado con la protección del nuevo gobierno. Desde el pasado febrero, el coordinador de Comunicación Social, Elías Assad, ha ocultado el desglose de gastos en medios del anterior gobierno a la periodista Naldy Rodríguez, de El Heraldo de México, quien ya ganó un recurso de revisión (IVAI-REV/938/2016/III) y pagó mil 471 pesos para obtener la información en copias simples. La respuesta aún no llega.

Los amigos, los excesos…

Arturo Bermúdez, extitular de la SSP; Namiko Matzumuto, exsecretaria ejecutiva de la CEAPP; Eduardo Coronel Gamboa, hoy fiscal especializado en Búsqueda de Personas no Localizadas, y Benita González, exdirectora de Conexión Veracruz, así como selectos periodistas, eran los únicos convidados a las fiestas que organizaba Domínguez en sus residencias campestres en Zoncuantla.

Una edificación que abarca en su interior una glorieta para distribuir el flujo vehicular entre las tres residencias que ahí se encuentran, una alberca construida con piedra de cantera y una terraza vertical con iluminación inteligente es donde se realizaban las fiestas, atendidas por un chef argentino, un sommelier y cocineros de los restaurantes La Flor de la Vida.

En noviembre de 2013 el periódico Crónica de Xalapa encargó un reportaje sobre esa propiedad en Zoncuantla, que ya despertaba la envidia de varios políticos cercanos a Duarte.

Cuando reportero y fotógrafa iban en camino, la gerencia del periódico telefoneó: “Llamó una persona de parte de Gina Domínguez, que abstuvieran al reportero y fotógrafo de Crónica de continuar con ese trabajo periodístico sobre las residencias de la coordinadora, que dejen de molestarla. ¿Cómo supieron? Lo más seguro es que tengan intervenido tu teléfono”.

En el sexenio de Duarte, con Domínguez como vocera, la empresa Meganoticias despidió a los conductores de su noticiero, Hugo Figueroa y Maryjose Gamboa –hoy diputada local del PAN– a petición expresa de aquella. En otros medios –Política, Diario de Xalapa, Ultravisión, Imagen–, varios reporteros fueron cambiados de fuente o suspendidos a petición de Domínguez por hacerle “preguntas incómodas” al gobernador.

En septiembre de 2014 la Hacienda San Bartolo, en Xico, cerró sus puertas por volverse insostenible. Un año después el inmueble fue adquirido por Domínguez y convertido en un hotel boutique, con un camino privilegiado hacía la cascada de Texolo. Apenas en marzo pasado el abogado Tomás Mundo dijo que, previniendo la investigación en su contra, Domínguez puso en venta el hotel. Incluso su página web de promoción ya dejó de funcionar.

Las deudas.

El gobierno de Duarte dejó una deuda global en el área de prensa de 400 millones 146 mil pesos. El desglose, incluido en el anexo único que elaboró el Orfis, da cuenta de esos pagos pendientes: 14 millones 790 mil pesos a la empresa AVAN Noticias, 8 millones 331 mil pesos al Centro Radiofónico de Xalapa, 7 millones 815 mil pesos a la compañía periodística de El Sol de Veracruz, 6 millones 844 mil pesos a Consulver Veracruz, 27 millones al Diario AZ, 25 millones a La Voz del Istmo y 20 millones 592 mil pesos a Eureka Estrategia y Comunicación, empresa desconocida en el gremio periodístico.

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) también debe a particulares, como a los columnistas Martín Mendiola Yépez y Froylán Flores, a quienes se les acumulan pasivos por 9 millones de pesos, mientras que al medio nacional Reporte Índigo le adeuda 7 millones 795 mil pesos; a El Universal, 3 millones 800 mil pesos; 4 millones a Excélsior. Además, 600 mil pesos al semanario El Mercurio y 400 mil pesos al columnista Manuel Rosete Chávez.

Al empresario José Luis Oliva Meza, dueño de Radiocentro de Córdoba y Radiocentro de Xalapa, del grupo Oliva, le adeudan 11 millones 108 mil pesos. A Mario Antonio Chama Díaz, director de El Grillo Jarocho y de Seis en Punto, el anterior gobierno le adeuda 1 millón 38 mil pesos, mientras que a El Buen Tono, del empresario cordobés José Abella, le dejaron pendientes de facturar 696 mil pesos.

Al director de Proyectos Políticos, revista mensual de Xalapa, no le pagaron 1 millón de pesos, mientras que a Cablemás le dejaron pasivos por 2 millones 320 mil pesos. Al periódico Política, que tuvo que cerrar, se le quedaron a deber 3 millones 323 mil pesos.

A Olmeca TV se le deben 2 millones 668 mil pesos, mientras que a Notisur le quedaron a deber 4 millones 800 mil pesos.

El sucesor de Domínguez, Alberto Silva, vocero de Duarte y hoy diputado federal, le hizo llegar a este semanario diversas facturas y una lista resumida de las cuentas que pagó la CGCS a empresas de dudoso origen por un monto de 383 millones de pesos en 2012 y 2013.

Por ejemplo, en las facturas emitidas y pagadas por el área de prensa destacan seis a Publicidad Akira, por más de 59 millones de pesos; las funciones en comunicación de esa empresa se desconocen. Resaltan también tres pagos emitidos a Grupo Balcano por más de 17 millones de pesos. De Alberto Silva, la FGE también tiene denuncias en su contra por irregularidades en la CGCS y como titular de Sedesol.

Yunes Linares confirmó en sus primeros días como gobernador que está en investigación la Editorial Sánchez –propiedad de la familia del exdiputado priista Eduardo Sánchez Macías y del suegro de Javier Duarte, Antonio Macías Yazegey– por haber recibido cerca de 230 millones de pesos, sin que los periódicos El Heraldo de Xalapa, El Martinense y El Heraldo de Coatzacoalcos, del mismo consorcio, acrediten cuál fue la publicidad otorgada.

En comparecencia con diputados locales en enero pasado, Yunes aseguró que el gobierno de Duarte gastó ocho mil 548 millones de pesos en el rubro de prensa, publicidad y “compra” de medios de comunicación e imagen.

Según Yunes, mientras Duarte gastó en prensa más de ocho mil millones de pesos, en compra de medicinas apenas erogó seis mil millones de pesos, y en obra pública tres mil millones.

“En 70 meses, el gobierno de Javier Duarte pagó dos mil 582 millones de pesos a periódicos, 152 millones a revistas, 15 millones a caricaturistas, dos mil 700 millones a televisoras, 515 millones a particulares y 280 millones de pesos en espectaculares, entre otros gastos relacionados con medios de comunicación.”