La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) decidió atraer el caso del manglar Tajamar, en Quintana Roo. Esta
decisión podría sentar un precedente para obligar a las autoridades
municipales, estales y federales a que en todo proyecto de urbanización se
respete el derecho humano a contar con un ambiente sano, de acuerdo con el
abogado defensor del ecosistema.
El pasado 24 de mayo, por unanimidad,
el máximo tribunal resolvió atraer el caso del Malecón Tajamar, específicamente
el amparo promovido por más de un centenar de niños de Cancún, en 2015, en
desacuerdo con la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que daba luz verde al
proyecto.
En la zona de manglares se pretendía
construir un centro comercial y condominios. La madrugada del 16 de enero de 2016, más de 70
camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron a Tajamar, respaldados
por elementos de la Policía municipal y federal.
Alrededor de 20 activistas
resguardaban el lugar ante la inminente amenaza de daño al ecosistema. Sin
embargo, los policías antimotines cercaron el perímetro con vallas y
permanecieron allí por más de 24 horas, hasta terminar de devastar el área. Los
ambientalistas acusaron que especies animales fueron enterradas vivas.
Los inconformes con el ataque al
ecosistema señalaron al entonces Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul
Michell Carrillo de Cáceres, Edil de Benito Juárez, de ser los responsables de
dar paso a una construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Desde noviembre de 2015, el Juzgado
Cuarto de Distrito en Cancún aprobó la suspensión definitiva de la
construcción, luego de que 113 menores de edad se ampararan en contra de la
devastación de la zona de manglar en que sería construido.
El juez que cedió el recurso legal
fijó a los niños una fianza cercana a los 21 millones de pesos para compensar
los posibles daños y perjuicios a las 23 empresas que buscaban edificar en la
zona, monto que no fue pagado. Los activistas y ciudadanos presentaron una
queja en contra de la decisión.
Antonella Vázquez Cavedon, madre de
una de las menores amparadas, solicitó en noviembre del año pasado que el caso
fuera atraído por el máximo tribunal del país. Viajó a la Ciudad de México para
entregar una carta a los distintos ministros de la Suprema Corte en la que
argumentaba que “Ellos [los niños] no son el futuro, sino son el presente; ya
sea en situaciones relacionadas con su derecho al medio ambiente sano o
cualquiera de sus otros derechos, es de suma importancia, transcendencia y
relevancia nacional que ustedes les brinden la certeza legal que tendrán ese
acceso a la justicia y si es necesario se establezcan los lineamientos que se
deben seguir para que esto suceda”.
Fue apenas en días pasados cuando
cuatro ministros votaron a favor de atraer el caso: José Fernando Franco
González, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y Javier Laynez Potisek. Margarita Luna Ramos decidió
abstenerse.
CELEBRAN
DECISIÓN DE LA SCJN.
Jonathan
Pineda Castro, abogado que ha apoyado en el caso, señaló que los tribunales del Poder Judicial de la Federación
establecidos en Quintana Roo actuaron con “falta de equidad, de justicia y de
respeto a los derechos humanos e incluso violaciones a los derechos de los
menores.
Por ello, celebró que la SCJN haya
decidido atraer el caso: “Resultamos beneficiados con certeza jurídica porque
contamos con un tribunal imparcial”, dijo.
Asimismo, agregó que los menores cancunenses
“desafortunadamente” se encontraron con jueces “temerosos, con paradigmas y
dogmas muy arraigados” que no consideraron que existen principios con
interés superior del menor y lamentó que en el estado no se cuente con
magistrados y jueces de Distrito con “sapiencia, madurez y prudencia” para
velar por la protección de los derechos de los niños.
“Se sienta un precedente a nivel nacional
porque no obstante que ya está reconocido en la Constitución, en leyes locales
y en tratados internacionales, la Corte podría obligar a las autoridades
municipales, estatales y federales para que en todo proyecto de urbanización se
respete el derecho humano de todos a contar con un ambiente sano”, sostuvo el litigante.
En
entrevista para SinEmbargo, Vázquez
Cavedon aseguró que la atención del ministro Franco González en el caso de los
niños que defienden Tajamar es motivo de “alegría”, ya que es un primer paso
que llena de “esperanzas” para empoderar a las generaciones más jóvenes en la
defensa de los derechos humanos.
“Para mi es esencial que esos
derechos que les decimos a los pequeños que ellos tienen, se respeten en los
hechos y no sólo en papel. Creo que es importante no sólo a nivel de crear
derecho y/o jurisprudencia, sino también en cambiar la mentalidad de las
comunidades para empoderar a las generaciones jóvenes, que he aprendido, no son
el futuro sino son el presente”, remarcó.
Araceli
Domínguez Rodríguez, miembro de Salvemos Manglar Tajamar y presidenta de la
asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), señaló que las
organizaciones a las que pertenece se sienten “orgullosas y muy satisfechas” de
los logros a nivel jurídico y remarcó que se trata de un logro colectivo de la
sociedad y los activistas.
“El hecho de
que la SCJN, el máximo tribunal de México, haya optado por jalar el caso de
Tajamar, considerando que los jueces a nivel estatal no quisieron entrarle al
fondo y solamente a la forma, diciendo que no tenemos interés jurídico cuando
sí lo tenemos, es trascendente porque estamos hablando de derechos humanos,
entonces estamos agradecidos, estamos satisfechos”, indicó.
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