Trabajadores del gobierno estatal
denunciaron que desde 2009 funcionarios de la Secretaría de Educación y
Finanzas retuvieron impuestos y descuentos salariales para subsidiar plazas sin
techo presupuestal que se otorgaron desde la administración de René Juárez
Cisneros, exgobernador y actual coordinador de campaña del candidato
presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.
Los
inconformes advirtieron que la
irregularidad está provocando que trabajadores que solicitaron préstamos a la
empresa Sí Pre$to, corran el riesgo de ser boletinados en el Buró de Crédito
porque los descuentos vía nómina que realizaron funcionarios estatales no
fueron entregados a los prestamistas.
A través de
un desplegado que se publicó en la edición de este lunes en el periódico
Reforma, se indica que desde 2016, la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores
Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), investiga el caso
que involucra al actual gobernador Héctor Astudillo Flores, así como a sus
antecesores Rogelio Ortega Martínez; Ángel Aguirre Rivero, Zeferino Torreblanca
Galindo y René Juárez Cisneros.
Incluso, señalaron que en la carpeta de
investigación FED/SEIDF/UNAI-GRO/1274/2016 se investiga directamente al actual
secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero y el titular de la
Secretaría de Finanzas, Héctor Apreza Patrón.
De la Vega Otero es un personaje de
negro historial que desempeñó el mismo cargo durante la administración del exgobernador
Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), y durante ese periodo fue exhibido
por haber repartido una bolsa de 100 millones de pesos sin licitar a una decena
de constructoras para realizar trabajos de mantenimiento en centros educativos.
Además, estuvo involucrado en el caso de la venta
de libros de texto gratuito a un reciclador de papel y actualmente se dio a
conocer que entre 2016 y 2017, el gobierno estatal ha erogado poco más de 36
millones de pesos en el arrendamiento de 154 inmuebles, la mayoría de ellos
para albergar oficinas externas de la Secretaría de Educación (SEG).
Por ello, los trabajadores inconformes del gobierno
estatal exigieron al gobernador Astudillo que intervenga para resolver el
conflicto y evitar que los empleados dejen de ser sujetos de créditos ante
instituciones bancarias y empresas prestamistas.
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