martes, 27 de febrero de 2018

Las 40 mil hectáreas de César Duarte.


Javier Risco.

Se comportó como un virrey. Quiso alcanzar la inmortalidad a través de sus tierras, quiso recorrer en caballos de un millón de dólares montañas, lagos, cascadas, kilómetros enteros de pastizales. Quiso sentir que todo lo merecía, respirar la inmensidad de un rancho que no acababa en la mirada. Invitó a amigos, les presumió en un mapa hasta dónde estaba marcado con su nombre. Su legado a hijos y nietos serían hectáreas cultivables, animales, tecnología de punta para volver esas tierras las más prósperas y que orgullosos, décadas después dijeran: “TODO ESTO LO CONSIGUIÓ EL ABUELO CÉSAR EN TAN SOLO SEIS AÑOS, CUANDO FUE GOBERNADOR”.

No he podido quitarme de la mente la extensión de los ranchos decomisados al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, según lo reportado por el gobierno de Javier Corral, en voz del fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche: “El valor de la superficie de todos los ranchos asegurados al exgobernador priista César Duarte superan los 100 millones de pesos (…) Esta cantidad es con independencia de la infraestructura, maquinaria, animales y semovientes; es decir, el cuantioso monto sólo representa el costo de las más de 40 mil hectáreas de terreno que constituyen los ranchos”.

40 mil hectáreas. ¿Sabe usted lo que significan 40 mil hectáreas? ¿Tiene idea de lo que es poseer 400 kilómetros cuadrados? Si no lo sabe le acerco la siguiente proporción: si César Duarte hubiera gobernado la Ciudad de México, se hubiera hecho de las delegaciones Álvaro Obregón (96.17 kilómetros cuadrados), Benito Juárez (26.63 kilómetros cuadrados), Coyoacán (54.4 kilómetros cuadrados), Cuauhtémoc (32.4 kilómetros cuadrados) y Gustavo A. Madero (94.07 kilómetros cuadrados), o si no le hubiera gustado tener todo separado tan solo habría decidido quedarse con Tlalpan (312 kilómetros cuadrados) y Coyoacán (54.4 kilómetros cuadrados). La voracidad de Duarte fue y es un despropósito.

Por supuesto que aquellas enormes propiedades implicaban no sólo su valor en bruto, sino todo lo que conlleva habilitar para su funcionamiento un rancho. La Fiscalía de Chihuahua no reparó en detalles: “Los inmuebles cateados, son predios rústicos que cuentan con casas habitación, sistemas de riego, maquinaria agrícola, corrales equipados y diversas celdas solares.

“Así también se localizaron más de 450 cabezas de ganado bovino, algunas de ellas con arete de exportación provenientes de Nueva Zelanda, dentro del marco de un Programa de Apoyo Social para el Repoblamiento de Hato Ganadero para Pequeños Ganaderos del Estado de Chihuahua, implementado en la administración pasada. Además, se hallaron animales exóticos como 30 bisontes, cinco llamas y diversas manadas de ejemplares de jabalíes y búfalo”, decía el comunicado de la dependencia.

Pero EL PROBLEMA NO ES SÓLO LA ENORME VORACIDAD CON LA QUE ESOS PERSONAJES DESFALCAN A SUS ESTADOS, SINO LA EVIDENTE COMPLICIDAD DE UN GOBIERNO FEDERAL que no es capaz, cuando menos, de vigilar a los gobernantes que durante campaña encumbra como salvadores y a los que después les deja llenarse las manos, los bolsillos y las cuentas bancarias con dinero público.

¿De verdad la Secretaría de Hacienda, esa que tiene ya mecanismos diversos para detectar si no pagamos impuestos, nunca prendió los focos rojos ante un individuo que era capaz de adquirir ranchos de esa extensión territorial? Difícil creer que nuestras autoridades dejaron pasar algo así… más difícil aún, cuando sabemos que hubo al menos dos Duartes enriqueciéndose a costillas de sus gobernados casi al mismo tiempo.

Más difícil si además de los tocayos de apellido le sumamos el caso Roberto Borge.

¿Cómo crecen estos sultanes del poder y la corrupción? No se trata sólo de personas malvadas que hacen lo posible por ganar elecciones sólo para tener acceso a las arcas públicas de un estado y vaciarlas poco a poco durante un sexenio. Es todo un sistema capaz de permitir que sean candidatos, de gastar miles de millones en sus campañas, de llegar a un puesto y ser solapados por un sistema gubernamental que, cuando menos, es omiso en la fiscalización.

De acuerdo con los reportes de la Auditoria Superior de la Federación de la cuenta pública 2016 –revisiones hechas por el aún auditor Juan Manuel Portal–, sólo en ese año, el Duarte de Chihuahua obtuvo y usó casi 10 mil millones de pesos de diversos fondos, cuyo destino no se conoce. Suena fácil de leer, pero es una cifra que ni usted ni yo veremos junta nunca: 10 mil millones de pesos.

Y todas estas propiedades las adquirió directamente él, a su nombre. ¿Podemos imaginar lo que hay detrás? NO CABE DUDA DE QUE, EN ESTE PAÍS, EL LADRÓN VIVE PORQUE EL GOBIERNO SE LO PERMITE.

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