La Secretaría de Finanzas del
Gobierno de Guanajuato, a través de la Dirección de Auditoría Fiscal, inició un
procedimiento de auditoría a la empresa Fábrica de Contenidos, S. A. de C. V.,
propietaria de Zona Franca, denunció hoy el medio digital.
De acuerdo
con la normatividad, estas auditorías deberían ser realizadas de forma
aleatoria para verificar el cumplimiento fiscal de las empresas. En el caso de Zona Franca, la intervención
de la instancia estatal tiene un antecedente cronológico: la publicación de una
serie de reportajes a partir del 8 de diciembre de 2017, sobre la presunción de
irregularidades cometidas por la Coordinación de Comunicación Social del
Gobierno del Estado, al contratar una empresa señalada por el SAT como
sospechosa de “actividades inexistentes”; además de estar catalogada por el
comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como un
potencial empresa “fantasma”.
Se trata de F. B. M.
Comercializadora, empresa con un complicado historial de sustituciones de
accionistas, muchos de ellos con domicilios falsos o inexistentes, que ha
cobrado al gobierno aproximadamente 5.5 millones de pesos por intermediar la
producción y contratación de publicidad en los diarios de la Organización
Editorial Mexicana en Guanajuato, los cuales además tienen sus propios
convenios directos con Comunicación Social del estado.
La auditoría del gobierno del estado
se produce después de que se ha suspendido la compra de publicidad estatal al
portal Zona Franca y de que se han detectado llamadas a otros clientes de
Fábrica de Contenidos para pedirles que dejen de anunciarse.
Previo a la
publicación del primer reportaje sobre la presunta empresa fantasma, en
diciembre pasado, el vocero del gobierno fue buscado para conocer su versión de
los contratos firmados por él con F. B. M.
En los chats cruzados para incorporar
la información enviada por Enrique Avilés, el funcionario intentó dos veces
introducir el tema del contrato de publicidad de 2018 de Zona Franca.
El viernes 8 de diciembre a las 18:07
planteó: “Vamos a definir 2018!”; el sábado 9 de diciembre insistió en un chat
a las 14:26: “Avísame que día nos juntamos para ver 2018. / Tiene que ser la
próxima semana”.
“Era evidente el intento de
introducir el tema publicitario, cuando lo que se estaba abordando era un
asunto editorial y se le buscaba para una entrevista específicamente sobre el
tema”, expresó Zona.
Publicado el
reportaje, Enrique Avilés ofreció
aclarar todo, como lo dijo en la entrevista que sostuvo con la periodista
Carmen Aristegui, asegurando que había toda la disposición para dar a conocer
los servicios prestados, factura a factura y los documentos que probaban la
prestación de los servicios contratados a F. B. M. Sin embargo, eso se diluyó en los días posteriores.
La documentación nunca fue entregada
pretextando diversas justificaciones: la protección de datos personales, una
auditoría en marcha que complicaba la operatividad de la dependencia. Se pidió
hacer la solicitud por acceso a la información y unas semanas después, a fines
de enero de 2018, se decretó oficialmente la reserva de la información.
“De parte de Zona Franca no tenemos
problema alguno con que se revisen las operaciones de la empresa. En el caso de
encontrarse algún incumplimiento, cubriremos las medidas que disponga la
autoridad”, señaló
el medio este día.
Aseguró que “nos preocupa, sin embargo, que atrás de
esta fiscalización no se encuentre un ejercicio normal de las atribuciones del
estado, sino una intención facciosa que busque intimidar y afectar el libre
ejercicio del periodismo que practica Zona Franca”.
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