Raymundo
Riva Palacio.
La evidencia
que en México consideran inexistente de la intervención rusa en el proceso
electoral en este país quedó expuesta, de manera fragmentada, de una manera
inesperada: la acusación de un gran jurado del distrito de Columbia en contra
de 13 rusos, con vinculaciones al Kremlin, por haber interferido en el sistema
político de esa nación y en las elecciones presidenciales de 2016. En la
acusación de un gran jurado en el Distrito de Columbia se ubica como el núcleo
de la intervención una 'granja de troles' creada en San Petersburgo, desde
donde lanzaron una guerra cibernética contra varios países. Los fiscales
estadounidenses no mencionaron a México, pero en el último año, de acuerdo con
pruebas que tiene el Instituto Nacional Electoral, cuentas desde San
Petersburgo han intentado subvertir el proceso electoral mexicano. Y, hasta
este momento, no se conoce de ninguna granja de troles adicional en esa ciudad,
que esté buscando polarizar, enfrentar y romper sociedades democráticas en el
mundo.
Los detalles de cómo lo han hecho en
México durante todos estos meses no han trascendido, pero la acusación del
Departamento de Justicia dibuja un esfuerzo colosal que llegó a costar un
millón 250 mil dólares mensualmente, mediante el cual no sólo reclutaron un ejército de personas
en Rusia que introducían mensajes y memes a través de cuentas falsas o de
cuentas de identidades robadas, sino que acompañaron la guerra cibernética con
la organización de manifestaciones y protestas en Estados Unidos, articuladas a
través de sus redes y con activistas estadounidenses que no sabían que eran
manipulados para servir a los intereses políticos rusos, luego de infiltrar a
sus organizaciones sociales y, en varios casos, a oficinas de campaña
regionales del entonces candidato Donald Trump.
El gran
jurado aceptó las pruebas presentadas por los fiscales del Departamento de
Justicia sobre la interferencia rusa en el sistema político estadounidense,
incluida la elección presidencial, en lo que describieron como “una guerra de
información contra Estados Unidos”, con el objetivo de “diseminar la
desconfianza hacia los candidatos y al sistema político en general”. La
acusación muestra que la injerencia se dio antes incluso de que Trump anunciara
su candidatura presidencial, y que, si bien durante 2016 trabajaron para que
ganara a costa de desacreditar a Hillary Clinton, una vez electo también
organizaron grupos de activistas y manifestaciones en varias ciudades de la
Unión Americana para repudiarlo. El propósito no era la victoria de un candidato,
sino el desmantelamiento del sistema.
“La
acusación sirve como recordatorio de que la gente no es siempre lo que parece
ser en internet”, dijo el procurador general adjunto, Rod Rosenstein, al
presentar el fallo del gran jurado. “La acusación argumenta que los
conspiradores rusos quisieron promover la discordia en Estados Unidos y minar
la confianza pública en la democracia. No podemos permitir que eso suceda”. El
caso criminal revela todo un sofisticado entramado que comenzó a funcionar a
principio de 2014 con la Agencia de Investigación en Internet, localizada en
Olgino, en San Petersburgo, cuya granja de troles –una fábrica que genera
contenido en red que busca afectar a la opinión pública a través de
desinformación y mentiras– llegó a tener hasta 300 troles, de los cuales 80 se
enfocaron en Estados Unidos.
La granja, llamada en la acusación
sólo como la “Organización”, estaba financiada por Yevgeny V. Prigozhin, quien
ha sido descrito en la prensa estadounidense como un exatleta que fue
encarcelado por robo, que al colapsar la Unión Soviética, a principio de los
90, comenzó un negocio de hot dogs que fue creciendo con tiendas de
autoservicio y restaurantes, a través de los cuales se conectó con el
presidente Vladimir Putin, a quien le proporcionaba servicio de catering para
sus cenas de Estado, lo cual le valió el peyorativo de “el cocinero de Putin”. La operación montada por la Agencia
de Investigación de Internet utilizó más de tres mil cuentas de Twitter, a
través de las cuales se escribieron 175 mil 993 tuits, según reveló la empresa
en enero. Facebook también encontró cientos de cuentas vinculadas a los rusos,
mediante los cuales alcanzaron, con mensajes en su plataforma y en Instagram, a
alrededor de 146 millones de personas.
Una de las
lecciones que deja la acusación, desde el punto de vista sociopolítico, es que
cuando comenzó la intervención rusa para promover la polarización, la sociedad
estadounidense ya estaba dividida por la discordia. Amanda Taub y Max Fisher,
quienes escriben en The New York Times la columna 'The Interpreter', citaron un
paper académico de Jay J. Van Bavel y Andrea Pereira, donde discuten cómo el
partidismo y la polarización por la falta de acuerdos alteran la memoria, la
evaluación y el juicio, que añadido a la atracción humana por lo falso y las
noticias que no son verdaderas, ponen en riesgo la salud funcional de la
democracia.
“Esto ha
infectado al sistema político estadounidense, debilitado su cuerpo político y
lo ha dejado vulnerable a la manipulación”, escribieron Taub y Fisher. “La
desinformación rusa parece haber exacerbado los síntomas, pero lo que se teje
en la acusación son recordatorios de que la enfermedad subyacente, más dañina,
fue toda hecha por los estadounidenses”.
Los síntomas existen en México: la polarización,
la difamación, la discordia, el encono. La evidencia es que lo que pasó en
Estados Unidos salió de la granja de troles, que también tiene huellas en
México. ¿Qué tanto es real? ¿Qué tanto manipulado? No lo sabemos aún. Pero quien
niegue los riesgos y los costos de esta división nacional, no ha entendido
nada.
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