Entre 2014 y
2016, 653 millones de pesos del
presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo
Urbano (Sedatu) terminaron en ocho empresas que fueron boletinadas por la
autoridad fiscal como sociedades fantasma porque no tienen capital, empleados
ni infraestructura que sustente sus operaciones y, por lo tanto, no podían
cumplir con servicio alguno.
Estas compañías fraudulentas fueron
beneficiadas con millones del erario gracias a un mecanismo de desvío en el que
se utilizaron como ‘intermediarias’ a dos universidades públicas y a tres
medios de comunicación de gobiernos estatales. Estos entes públicos debían dar
servicios a Sedesol y Sedatu, pero no tenían la capacidad y subcontrataron de
manera arbitraria a empresas privadas, sin pasar por ningún proceso de licitación
pública.
Se trata del mismo esquema de desvío
de recursos documentado en La Estafa Maestra; investigación que reveló que entre 2012 y 2014 hasta
11 dependencias del gobierno federal utilizaron a 8 universidades públicas para
desviar 7 mil 600 millones de pesos a 186 empresas privadas. De ese dinero, 3
mil 433 millones ‘desaparecieron’ en 128 compañías ilegales.
De las ocho
empresas catalogadas como ‘fantasma’ por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), dos de ellas, incluso
recibieron dinero de ambas dependencias en diferentes contratos firmados de
2014 a 2016.
Una de ellas
es Comercializadora HDP SA de CV ganó en 2014, a través de Radio TV Hidalgo que hizo de ‘intermediaria’, un total de
69 millones de pesos de Sedesol, cuando Rosario Robles estaba al frente de esta
dependencia. Un año después, esta misma empresa fantasma fue beneficiada a
través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con otros 15 millones
100 mil pesos de Sedatu, ya con Rosario Robles como nueva secretaria de esta
dependencia.
Comercializadora HDP fue incluida en
la lista negra del SAT de empresas fantasma ‘definitiva’ el 26 de octubre de
2017, luego de que la autoridad tributaria comprobara que no tenía oficinas
reales, activos, ni personal trabajando, y que simulaba operaciones comerciales
para evadir impuestos y desviar recursos.
Con
Desarrollo Publicitario ADP SA de CV se
repitió el esquema: primero fue beneficiada en 2015 con 156 millones 160 mil
pesos que salieron de Sedesol. Y en 2016, recibió otros 110 millones 862 mil
pesos de Sedatu.
En ambos
casos también participaron como
‘intermediarias’ del desvío RTV Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de
Comunicación Social.
Desde el 1 de marzo de 2017, esta
sociedad está siendo investigada por el SAT como ‘presunta’ fantasma.
Además de
Desarrollo Publicitario ADP y Comercializadora HDP, otras empresas fantasmas
fueron beneficiadas por Sedesol y Sedatu, por separado.
En 2016,
Agatha Líderes Especializados SA de CV, compañía
boletinada como fantasma ‘definitiva’ por el SAT, recibió 164 millones de
Sedatu a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y de otro
medio estatal: Televisora de Hermosillo (Telemax).
Esta empresa tiene su domicilio en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según un informe forense de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), en su dirección se encontró “una casa habitación
abandonada, sin la evidencia de infraestructura, activos, personal, ni
capacidad material para prestar servicios”. Agatha Líderes, a su vez, trianguló
152 millones (el 92% del dinero de Sedatu) a 13 empresas, entre éstas Yuvisa y
Servicios SA de CV, también investigada por el SAT como presunta fantasma.
Serviúnicos
SA de CV, investigada como presunta
fantasma, obtuvo 56 millones de Sedesol en 2015 a través de Radio Televisión de
Hidalgo
Esta compañía tampoco existe en su
domicilio y fue subcontratada para realizar servicios a Sedesol relacionados
con “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación social 2015”,
entre otros. No obstante, el giro social de Serviúnicos es comprar, fabricar, y
distribuir “regalos, joyería de fantasía, bolsas, carteras, y artículos de
cocina”, según la
ASF.
A pesar de
que en 2015 ganó recursos por 56 millones de pesos, un año después la compañía fue liquidada y desapareció, según constató
Animal Político en el Registro Público de Comercio. Los dueños de Serviúnicos
alegaron que la sociedad se encontraba en “números rojos”.
IKAR Presentadora
de Bienes y Servicios SA de CV y Corporativo Comercial de Servicios y Vintash
SA de CV, empresas ‘presuntas fantasma’,
fueron beneficiadas con otros 64 millones 252 mil pesos de Sedatu. Esta vez se
utilizó como ‘intermediarias’ a la Universidad Politécnica de Quintana Roo y a
la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
Mientras que
Comunicaciones M&M SA de CV, ya
declarada fantasma definitiva, ganó 16 millones de Sedesol, también a través de
Radio Televisión de Hidalgo.
Animal
Político solicitó posicionamiento a la
Sedatu respecto a estos convenios, pero la dependencia envió una carta, que
había sido dirigida al periódico Reforma la semana pasada tras la publicación
de una nota sobre presuntos desvíos señalados por la ASF, en la que aseguran que
dichos convenios son legales, que los servicios contratados tanto por Sedesol y
Sedatu “se entregaron en tiempo y forma y en ningún momento, las dependencias
contrataron a alguna empresa privada”.
Caso Telemax.
Animal
Político también buscó al funcionario
Daniel Hidalgo, director de Telemax, para cuestionarle sobre las observaciones
que la Auditoría Superior de la Federación hizo en un informe forense a la
televisora por desviar presuntamente 267 millones de pesos a nueve empresas.
Entre las compañías subcontratadas
por Telemax están Agatha Líderes Especializados, ya declarada empresa fantasma
‘definitiva’; así como Editorial Constituyente SA de CV, Publicidad Natnit Sa
de CV, y Revista México Social SA de CV, en cuyos domicilios se encontraron
despachos de médicos y viviendas particulares, pero ninguna empresa.
Daniel Hidalgo,
quien fue subsecretario de Hacienda de
Sonora en 2004, y actualmente también es secretario de Organización del Comité
Directivo Estatal del PRI en Sonora, defendió la legalidad del convenio firmado
con Sedatu al amparo de la excepción del artículo 1 de la ley de adquisiciones.
-La ASF dice que Telemax solo checó
las empresas que subcontrató por correo electrónico y paquetería –se le planteó en entrevista-.
-Sí, pero
hay contratos firmados, hay órdenes de trabajo, hay entregables, hay toda una
carpeta en copia física y digital de todos los trabajos que se entregaron a la
Sedatu. Y lo más importante, hay actas de la recepción de servicios que están
firmadas de conformidad por Sedatu.
-¿Pero cómo
estuvieron conformes si la ASF dice que varias de estas empresas no existen?
-Entiendo
que eso es lo que hace ruido.
-¿Ustedes
checaron empresa por empresa? ¿Existían y todo era legal?
-Primero, te digo que sí tenemos la
capacidad para dar los servicios, porque eso es algo que también se cuestiona.
Y segundo, por supuesto que son empresas que existen. Tenían vigente su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y también sus facturas digitales, los
CFDI famosos.
-¿Por qué
Telemax subcontrató a esas nueve empresas? ¿Ya las conocían?
-Para
cumplir con los requisitos legales en materia estatal, teníamos que buscar un
estudio de mercado, y tenemos cotizaciones de los trabajos.
-¿No hubo
una recomendación de Sedatu para subcontratarlas?
-(Las empresas) ya habían hecho
trabajos desde 2011, aquí es lo que me consta en la televisora, porque lo veo
en expedientes. De hecho, cuando nos busca Sedatu para los trabajos, un factor
importante en la decisión es que (las empresas) ya habían prestado sus
servicios en el pasado aquí (en la televisora). Obviamente, yo no era director
general en ese entonces.
-¿Pero, de
nuevo, cómo empresas que no existen en sus domicilios pudieron darles los
servicios? –se le insistió-.
-Eso ya no me compete a mí. Yo las
subcontraté en 2016 y dice la ASF que no están ahí, pero tengo mis dudas de que
eso sea una versión definitiva.
-Cree que la
ASF no está siendo…
-No, no es que crea –interrumpe la
pregunta-. Es un informe preliminar para atender las recomendaciones, no es
definitivo. Lo que puedo decir es que son empresas que estaban en el padrón de
contribuyentes y que funcionaban. Tan es así, que el pago por los trabajos se
pudo hacer a través de cuentas bancarias y de documentos fiscales como la
factura electrónica.
-¿O sea, para ustedes las empresas sí
existían?
-Definitivamente, sí.
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