La discrecionalidad con la que el
gobierno federal maneja los recursos del ramo 23 ha permitido que esa bolsa de
dinero público se use para premiar, castigar o cooptar a las administraciones
estatales, concluyó la organización México Evalúa tras analizar el presupuesto
federal de los últimos dos sexenios.
El ejemplo
más reciente del uso político de esa bolsa presupuestal fue Chihuahua, entidad
que en el sexenio del priista César Duarte recibió un promedio anual 1,650
millones de pesos, con la llegada del panista Javier Corral a la gubernatura la
cifra cayó a 70 millones de pesos.
Situaciones similares se vivieron en
el Estado de México, Nuevo León o Veracruz, los datos duros muestran que con la
llegada del PRI al gobierno federal empezaron a fluir más recursos a esas
entidades gobernadas por priistas a través de programas de subsidios federales
que están dentro del ramo 23: Fondo para el Fortalecimiento Financiero
(Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.
“Se trata de una bolsa millonaria de
recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de
operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle
recursos, por qué, cuánto y cuándo. La entrega de
recursos se efectúa por medio de convenios que la misma secretaría define, los
cuáles en su mayoría no se publican”, dice el reporte Arquitectura del Ramo
23 que presentó este martes la organización México Evalúa.
Además, en
la revisión del gasto en esos programas la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó entre 2013 y 2016 “una
cantidad considerable de irregularidades”, pues no comprobó el uso de 5 mil 943
millones pesos, y el probable daño al erario se estimó en 7 mil 931 millones de
pesos.
“Uno de los casos más graves se
observó en Veracruz; en 2015 la ASF señaló un presunto daño al erario de más de
3 mil millones pesos vinculado al programa Contingencias Económicas,
principalmente por el retiro injustificado de recursos de la cuenta específica
del programa”.
Uso
electoral.
En el
informe Arquitectura del Ramo 23, la organización que dirige Edna Jaime detectó dos usos políticos distintos de esa
bolsa presupuestaria: Felipe Calderón decidió apoyar sobre todo a los gobiernos
panistas, por encima de los estados gobernados por la oposición.
Enrique Peña
Nieto en cambio “ha mostrado una
diversidad de comportamientos, e incluso, el monto de transferencias fue mayor
para los gobernadores de oposición. Lo anterior también puede obedecer a un
comportamiento racional: los recursos discrecionales pueden tener utilidad para
ganar simpatizantes, algo que debe considerarse cuando se busca aprobar
reformas transformadoras. En esos casos puede ser valioso ganar aliados al
apoyar gobiernos políticamente relacionados con los opositores”.
Aunque la
situación ha sido uniforme en el año previo a la elección, ahí tanto Calderón
como Peña le inyectaron muchos más recursos a los estados gobernados por sus
propios partidos: “En el año 2011,
cuando el PAN estaba en la presidencia, los subsidios más altos se
transfirieron a los estados azules. Aquellas entidades federativas que no
recibieron recursos eran de distinto partido; Una situación similar ocurrió en
2017, cuando los mayores montos de subsidios se transfirieron a los estados
priistas, mientras el PRI estaba en la presidencia”.
La bolsa de recursos del ramo 33 no
sólo se maneja discrecionalmente y sin ningún contrapeso, según señala México
Evalúa, además ha crecido de manera exponencial.
La organización señala que tan sólo
en tres programas del ramo 23 el gasto ejercido pasó de 56 mil 922 millones de
pesos en el sexenio pasado a 318 mil 465 millones de pesos. Visto por año, el
gasto promedio de la administración anterior fue 14 mil 230 millones de pesos,
mientras que en la actual este alcanzó 63 mil 693 millones de pesos.
Y el sobrejercicio en ese ramo ha
sido una constante. Tan sólo en 2017 “la Cámara de Diputados aprobó que el
Gobierno federal gastara 6 mil 487 millones de pesos en estos programas, pero
en la práctica el gasto fue de 58 mil 545 millones de pesos. El Gobierno federal gastó nueve veces más que lo aprobado por
el Congreso en programas sin reglas de operación”.
La
organización concluye que la mala
distribución y discrecionalidad del gasto, y la inyección de recursos en
programas que no tienen mecanismos de vigilancia ha incidido en el aumento de
la deuda pública, aparejada de “un nivel históricamente bajo de inversión
pública. La deuda aumentó 10 puntos porcentuales del PIB en la administración
actual (2013-2017). Ésta pasó de representar 36.4% del PIB en 2012 a 46.8%24
del PIB en 2017”.
Y no solo se ha incrementado el monto de la
deuda, sino también el costo de tenerla: “el costo financiero aumentó 45% real
en la presente administración, llegando a 533 mil millones de pesos”.
Por todo
ello, México Evalúa pide “promover un
uso transparente, eficaz y eficiente del gasto público en todos los programas,
incluidos todos los fondos del Ramo 23”, pero además “programas e
intervenciones de política pública vinculados con objetivos institucionales,
que cuenten con diseño documentado en reglas de operación, y estén sujetos a
monitoreo y evaluación”.
Y que se revisen las facultades de la
Secretaría de Hacienda, las oficialías mayores de las dependencias federales y
del Congreso “procurando una distribución de facultades orientada a un mejor
balance de pesos y contrapesos”.
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