Adela
Navarro Bello.
Hace 20 semanas que la Procuraduría
General de la República se quedó sin titular.
Raúl
Cervantes, acusado en el pasado de violencia doméstica, de proporcionar una
dirección que no era la suya para tramitar las placas de un auto de lujo en el
estado de Morelos, y –entre otras cosas- pretendiente del “pase automático” de
Procurador a Fiscal General de la República, renunció el 16 de octubre de 2017 y el presidente Enrique Peña Nieto no ha
enviado una propuesta al Poder Legislativo para la elección de un nuevo
Procurador.
La PGR sin titular, solo cuenta con un encargado
de despacho, Alberto Elías Beltrán, quien antes del encargo fue subprocurador
jurídico y de asuntos internacionales, y que siendo esa su responsabilidad,
desde septiembre de 2017 conoció de las solicitudes de órdenes de extradición
contra César Duarte Jacques, el ex gobernador de Chihuahua, y a la fecha no las
ha logrado.
Si con titular fueron escasos los
resultados positivos de la procuraduría, sin un liderazgo firme avalado por el
poder legislativo, poco se puede esperar. Solo que quienes encabezan las áreas de investigación
continúen cavando el hoyo de la guarida en la que se ha convertido la
institución.
En los últimos días una secretaria de
estado y un candidato a la presidencia de la República han acudido a las
instalaciones de la PGR, no porque sean investigados luego que públicamente se
les señala de conductas irregulares, sino porque ellos piden ser investigados.
En el colmo de una institución que
parece estar más para la promoción de la impunidad que para la procuración de
justicia, son los ciudadanos los que acuden para solicitar ser indagados y no
cosa contraria.
En efecto, Rosario Robles Berlanga, la Secretaria de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, acudió a la PGR luego que el periódico
Reforma informara de los resultados de indagaciones financieras de la auditoría
superior de la federación, que dan cuenta de desvíos por arriba de los tres mil
millones de pesos (más de mil 100 millones en SEDESOL, más de mil 400 en
SEDATU) durante su gestión, para ver si alguien la estaba investigando.
En el colmo de la impunidad política,
la ex perredista solicitó que la investigaran, también pidió fuese auscultada
su información financiera y fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, “se lo pedí a Pepe”, dijo en el programa de Carlos Loret, refiriéndose al ahora
candidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade.
Pero ni la PGR ni la SHCP han
investigado a Robles a pesar de las peticiones que ella ha realizado. Ni
considerando las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la
Federación, de dinero público no localizado, y transacciones con universidades
y empresas fantasmas.
El segundo
en apersonarse en la PGR “porque el que nada debe nada teme”, fue Ricardo
Anaya, el joven candidato de la coalición encabezada por el PAN a la
presidencia de la república.
Luego de
explicar en un video, según él con peras y manzanas, la transacción que está
siendo investigada por lavado de dinero, Anaya
también solicitó saber si es o no investigado en el caso de Manuel Barreiro
Castañeda, un empresario señalado de haber ayudado a Anaya en transacciones
inmobiliarias para hacerse de millones de pesos.
Otro caso:
José Antonio Meade, el abanderado priísta, dijo en su defensa que había
investigado y despedido a más de 400 personas de la SEDESOL, luego que se
enteró de las malas prácticas cuando entró a la Secretaría de Desarrollo Social
precisamente en sustitución de Rosario Robles. Sin embargo, ninguno de esos despidos o investigaciones llegaron a la
Procuraduría General de la República, o al menos no ha sido informado de esa
manera.
Uno más. A
pesar de que en su momento declaró Raúl Cervantes, de hecho, pocos días antes
de renunciar a la PGR, que en los días posteriores se tendrían resultados en el
caso Odebrecht, este no ha tenido
movimientos de alto impacto. Emilio Lozoya Austin, el principal señalado de
haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos por parte de la
compañía brasileña mientras fue colaborador de Enrique Peña Nieto en la
campaña, y posteriormente en Petróleos Mexicanos, tampoco es investigado por la
PGR.
Como se
anticipó, a pesar del acuerdo que el
Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, hizo con el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral, de acelerar los procedimientos para obtener las
órdenes de extradición contra el ex gobernador César Duarte, esto no ha
sucedido.
Y un caso de
casa: de los agentes de investigación
criminal, Alfonso Hernández Villavicencio y Octavio Martínez Quiroz, quienes
fueron levantados por presuntos miembros del cártel Jalisco nueva generación,
videograbados bajo amenaza, y después asesinados, en la PGR, ni ha acelerado
las investigaciones para dar con los asesinos, ni han informado a la sociedad
sobre el avance de un caso que más que una afrenta a la institución, lo es al
gobierno y a la sociedad, por parte del narcotráfico.
Pero nada. La PGR no resuelve los casos de
narcotráfico y crimen organizado, e ignora a los criminales políticos,
convirtiéndose en una guarida de la impunidad para corruptos y delincuentes.
De la misma
forma que no investiga los desvíos de
dinero de los funcionarios públicos, ni indaga los delitos financieros de ex
gobernadores o los sobornos a funcionarios, tampoco lo hace con los dineros
ilícitos del narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo,
para el presidente de la República
parece que ejercer el Estado de Derecho no es una de sus prioridades. No solo
se ha negado a nombrar un titular para la PGR, sino que ha aplazado hasta
pasadas las elecciones del 1 de julio de 2018 la transición hacia la Fiscalía
General de la República. Consecuencia de ello, en el poder legislativo están
aplazando también las reformas a la creación de la Fiscalía, el nombramiento
del Fiscal, así como del Fiscal Anticorrupción.
Para felicidad de los corruptos, no
hay en estos momentos quien tenga el compromiso, la responsabilidad y el ánimo
de perseguirlos legalmente.
Lo que sí persiste, es
el ánimo tricolor de nombrar un procurador/fiscal carnal.
Hace unos
días solicitó licencia al senado de la república el aun panista Roberto Gil
Zuarth. No simpatizante de las actuales causas del Partido Acción Nacional, y
más propenso al oficialismo priísta, dijo que se retiraba de la cámara
precisamente porque no “coincide con las decisiones y propuestas” de su
partido. Que regresaría a impartir clase al Instituto Tecnológico Autónomo de
México y a litigar como abogado que es. Además, advirtió: “los políticos
sabemos cuándo nos vamos, pero no sabemos cuándo vamos a regresar”.
En ese limbo se activaron los
cabilderos del PRI y del gobierno de la república, para empezar a deslizar una
idea: Roberto Gil Zuarth como procurador. Se lo han comentado a algunos de los
grupos que desde la sociedad civil pugnan por una fiscalía autónoma,
independiente, eficiente, profesional, científica, que sirva pues.
El mismo día que solicitó su
licencia, Gil Zuarth dijo que no buscaría ser fiscal general, aunque no refirió
cuál sería su postura si se lo pidieran, justo cuando inició el periodo
ordinario de sesiones del poder legislativo, cuando aún era parte del mismo,
declaró a propósito: “la Fiscalía General está más atorada que un semáforo de
la Ciudad de México”.
Por su parte
el líder de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gambo Patrón, declaró por esos mismos días que había
iniciado pláticas con los partidos representados en la cámara, para buscar
acelerar la transición hacia la fiscalía general y por tanto el nombramiento de
fiscal. Pero a pesar de que fue un compromiso del presidente, no se han
realizado los cambios a la legislación para eliminar el pase automático de
quien ocupe la Procuraduría a Fiscal General.
Ese entramado legislativo es el
escenario ideal para el fiscal carnal que buscan los priístas y sus aliados,
así sea en un todavía panista.
Sumando la actitud de un presidente
que aplaza la toma de decisiones, y una PGR sin titular, lo que impera es la
impunidad. Y la institución se convierte en eso, en guarida de corruptos y
criminales.
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