Raymundo
Riva Palacio.
Napoleón
Gómez Urrutia tiene sueños de grandeza. Poco después de que un juez le
cancelara las órdenes de aprehensión que lo salvaba de ir a la cárcel por un
fraude de 55 millones de dólares a 10 mil mineros –el fallo es que su caso
tenía que juzgarse en un ámbito que no fuera penal–, recibió en Vancouver al
entonces secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con quien habló de los
conflictos mineros que mantenían las secciones bajo su liderazgo en México.
Gómez Urrutia quería regresar a México, pero por la puerta grande. Le pidió que
fuera recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y, en un acto de
exoneración, pronunciara un discurso de reconocimiento. La solicitud ni
siquiera fue discutida en ese momento. Las pretensiones eran cósmicas.
Navarrete Prida le dijo que no veía que existieran condiciones políticas para
que regresara a México.
Las condiciones políticas nunca se
construyeron, ni la coyuntura jurídica adecuada. En todo caso, le dijo
Navarrete Prida, tenía que saldar, antes que nada, su relación con Germán
Larrea y el Grupo México, que fue el detonante de las demandas en su contra. La
propuesta es que tuvieran una separación en los contratos colectivos, lo cual
se fue haciendo en todos estos últimos años. Paralelamente, su abogado Marco
del Toro le sugirió desde un principio que era mejor no regresar a México
porque en cualquier momento podrían fincarle nuevas acusaciones. Gómez Urrutia
tuvo que mantener su residencia en Canadá hasta que surgió el ofrecimiento del
candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para ser senador
plurinominal.
El líder
minero, que ha ido perdiendo contratos colectivos con las empresas mineras, se
siente reivindicado y listo para regresar a México una vez que tenga fuero, aunque habría que preguntarse si realmente
va a llegar ese día porque tiene, en principio, un problema de elegibilidad.
Varios constitucionalistas han declarado a la prensa que no podría ser porque
no tiene los seis meses de residencia exigida para un cargo de elección
popular, al llevar 12 años viviendo en Canadá. El artículo 55, fracción III de
la Constitución exige la residencia efectiva en una candidatura de mayoría,
pero en las listas de circunscripciones plurinominales basta ser originario de
alguna de las entidades que comprenda la circunscripción.
El problema de la elegibilidad apunta
en otra dirección. Gómez Urrutia tiene nacionalidad canadiense, de acuerdo con
una declaración pública de sus abogados, el mexicano Del Toro y el canadiense
David Martin, quienes afirmaron, en agosto de 2013, que el gobierno de esa
nación le había otorgado la ciudadanía el 30 de junio de ese año. Los abogados
afirmaron que el líder minero había recibido una carta de bienvenida del
entonces primer ministro canadiense, Stephen Harper, después de un acto para la
entrega de su certificado.
La ciudadanía canadiense le impide
ser candidato a cualquier puesto de elección popular, al establecer el artículo
32 de la Constitución: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales,
por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por
nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra
nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo
señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.
Este artículo se refiere
implícitamente a un conflicto de interés. Si se tienen dos nacionalidades, ¿a
qué país le será leal? ¿Cuáles son los intereses que prioritariamente
defenderá? En una
entrevista el viernes pasado en Foro TV, Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, señaló que los intereses de Gómez Urrutia son
transnacionales. Ha gozado de protección de sindicatos mineros en Estados
Unidos y en Canadá, así como del sindicato de la industria automotriz en Estados
Unidos, dijo Castañón, como parte de una coalición internacional en contra de
la industria mexicana.
“Los sindicatos estadounidenses y
canadienses de la industria automotriz se quieren meter en los sindicatos
mexicanos”, agregó. “Por eso apoyan que, desde foros internacionales, ese señor
opine sobre los contratos colectivos. Ha ido a hablar en foros internacionales
y ha promovido una corriente en contra de la paz laboral mexicana”.
Los intereses explícitos de Gómez
Urrutia son transnacionales. La nominación a una senaduría plurinominal generó
reacciones de apoyo del Sindicato de Trabajadores del Acero en Estados Unidos y
Canadá, así como de la organización Trabajadores Unidos, que aglutina a los
sindicatos más poderosos de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El líder minero
también se ha relacionado con el Nuevo Partido Democrático canadiense, a través
de contribuciones registradas a ese instituto entre 2009 y 2017.
En México,
la reacción ha sido negativa, y es uno de los temas de mayor longevidad pública
contra López Obrador de los últimos años. El candidato presidencial lo ha
estado defendiendo y señalando que el líder minero fue víctima de una
persecución política, sin explicar cómo su postura nacionalista puede cohabitar
con un personaje que en los últimos años ha defendido intereses extranjeros. Este tema puede debatirse, pero no elimina
la inelegibilidad para aspirar al cargo que le ofrecieron.
No está claro si López Obrador estaba
al tanto de la ciudadanía canadiense de Gómez Urrutia, o si el líder minero lo
advirtió y aun así corrió el riesgo de postularlo. Pero la Constitución se lo
impide, lo cual obligará a López Obrador a retirarle la nominación y, con ello,
eliminar el fuero que estaba buscando Gómez Urrutia para regresar a México con
la gloria que sueña, o como en otras ocasiones, se aferre a su decisión y la
defienda hasta la ignominia.
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