Adela Navarro Bello.
El presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, se ha tomado unos días para emprender su gira de la
victoria. Cual rockstar de la política mexicana sigue aprovechando la empatía y
el apoyo que la sociedad le prodiga, para mantener la popularidad y estar
vigente en estos más de 60 días que quedan para su toma de posesión.
Nadie como López
Obrador para el manejo de las emociones en los electores mexicanos. Ciertamente
el último proceso del cual salió –finalmente- victorioso tuvo otro elemento de
hartazgo social que se sumó a la campaña del tabasqueño: la cínica, evidente y
abundante corrupción.
El hartazgo de la sociedad frente a los actos de corrupción
por parte de gobernantes y funcionarios federales, estatales y municipales fue
un soporto considerable para el triunfo del fundador de Morena. De eso no hay
duda. Los casos de los ex gobernadores Javier Duarte, César Duarte, Tomás
Yarrington, Roberto Borge, por mencionar algunos priistas, abonaron mucho a esa
desconfianza social. Uno encarcelado en México, dos en el extranjero y uno más
prófugo, se convirtieron los ex gobernadores en el símbolo de la corrupción del
Partido Revolucionario Institucional.
A pesar que los cuatro
son investigados, en el caso de tres han sido detenidos, en el mismo sexenio de
quien los apoyó incondicionalmente, como lo es el presidente Enrique Peña
Nieto, la falta de sentencias firmes, castigos ejemplares para los corruptos,
fueron elementos que no obraron a favor del priísta del Estado de México y sus
candidatos. Sí, son corruptos, sí los detuvo, pero no han sido sentenciados, y
ante la deficiente labora de los fiscales de la Procuraduría General de la
República, siempre estará latente la impunidad política para los corruptos.
El mismo gobierno de
Enrique Peña Nieto ha dejado “escapar” a otros. De hecho, a los Duarte les dio
el tiempo suficiente para que abandonaran el país, lo mismo sucedió con la
esposa del ex gobernador de Veracruz, Karime Macías, a quien sin investigarla
en tiempo y forma permitieron la huida. Ahora, que los mexicanos se enteran por
una indagación periodística que los Duarte, Javier y Karime, poseen más de 90
propiedades en México y en el extranjero, y que la mujer viva con plena
impunidad en el centro de Londres, es una bofetada social terrible, y un cínico
acto de impunidad desde el gobierno federal.
Eso sin contar los
casos de presunción de corrupción más sonados en la administración de Enrique
Peña Nieto, ya sabe, casa blanca, estafa maestra, socavón, desvíos de recursos,
contratos a empresas fantasmas, moches, y un largo etcétera.
En esas condiciones el
presidente electo anda de gira por los estados de la República, dando abrazos a
diestra y siniestra a los gobernadores, muchos de los cuales han sido señalados
también de actos de corrupción, abuso de poder y desvío de recursos.
No es nada halagadora
la fotografía. Ver al futuro presidente de México, al que prometió combatir la
corrupción, caminando sonriente al lado, por ejemplo, de Francisco Vega de
Lamadrid, el Duarte de Baja California. Señalado por la Auditoría Superior de
la Federación de desviar recursos, acusado por su sociedad de excesos como
endeudar al estado por los venideros 35 años, otorgando millonarios contratos,
y representante de un gobierno que ha sido denunciado por diputados locales y
ciudadanos por estos excesos y la presunción de corrupción.
López Obrador llegó a Baja California y se dejó ver con el
gobernador, con la esposa de este, con los hijos de ambos, con los funcionarios
panistas de administraciones que se presumen corruptas, y entidades desde las
cuales orquestaron campañas contra la propia figura de López Obrador y sus
candidatos en la elección de julio.
Cuando no era
presidente electo, en una de las tantas visitas del de Morena a Baja
California, se refirió al gobernador Francisco Vega como “muy corrupto” (aquí
le dejo el enlace https://www.youtube.com/watch?v=zxmxWgUDc_M ) acepción con la
que muchos coinciden. Por eso verle ejecutar su premisa de “abrazos” incluso
con los gobernadores que le han fallado a sus gobernados, parece no ser signo
premonitorio de justicia.
Hay otros casos. Ya se
reunió López Obrador con Manuel Velazco de Chiapas, y también tuvo acto oficial
con Alfredo del Mazo del Estado de México, político priísta que fue señalado de
trampas electorales cuando en 2017 le ganó el gobierno de aquella entidad a la
abanderada de Morena y candidata de AMLO al Edomex, Delfina Gómez, quien por
cierto, también estuvo presente en la reunión del priísta mexiquense.
Resalta que sin ser presidente constitucional, los
gobernadores –de cualquier partido- le den Andrés Manuel López Obrador el trato
de visitante oficial de la presidencia de la República. Que detengan las
actividades para recogerlo en el aeropuerto, que lo lleven a las oficinas
institucionales y realicen incluso actos oficiales, cuando el de Morena realiza
una gira político-partidista para agradecer los votos que le concedieron los
electores en los estados el 1 de julio.
Es evidente que ya no
hay presidente de tiempo completo en México. Enrique Peña Nieto se está
reservando para actos oficiales de gran calado, la celebración de la
independencia, la visita a la Organización de las Naciones Unidas, y su
rudimentaria carrera de comediante, cuando ha dejado de atender asuntos graves
para el país como la crisis de los servicios médicos forenses, el
descubrimiento de narco fosas y las inundaciones en Sinaloa y Sonora, para
utilizar la oficina de la presidencia y grabar su participación en el programa
de un comediante.
Peña Nieto pasó de ser
un obstáculo para la justicia contra los corruptos, a un personaje de comedia.
Ojalá que los abrazos de Andrés Manuel López Obrador no muten, una vez que se
juramente presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en
obstáculos para investigar a los mandatarios locales. En contraparte, que
investido presidente, cumpla con su promesa de justicia y combate a la
corrupción.
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