Raúl Olmos
Una red de 11 empresas fantasma
utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, tiene una
liga con Javier Duarte.
En las actas de cinco empresas por
las que transitó el dinero saqueado de Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como
socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, un vecino de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, que a la vez funge como dueño de un despacho de servicios
contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en
Veracruz.
Esas cinco empresas, a su vez, están
ligadas con otras seis que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos
públicos federales, de acuerdo con un cotejo de documentos realizado por
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Toda esta red tiene su
base de operaciones en Chiapas y es distinta a la que el pasado 11 de
septiembre reveló el
diario Reforma.
De acuerdo
con la investigación de Reforma, entre
diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de
pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en Sedatu
y Sedesol y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México,
Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.
Tanto en el
caso revelado por Reforma como en la red chiapaneca de empresas fantasma, se triangularon los recursos federales
mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación
Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).
Los vínculos.
A inicios de 2016, la Sedatu firmó
dos acuerdos con el SQCS y con Telemax para desarrollar productos de difusión
en audio y video que servirían para promover programas de Gobierno; el primer
convenio fue por 450 millones de pesos y el segundo por 320 millones.
Tanto el SQCS como Telemax
subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones.
Entre esas empresas estaba Agatha
Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7
millones de pesos.
Agatha había
sido constituida el 31 de marzo de 2012 por un muchacho de 23 años que aportó
como su domicilio una humilde vivienda de un piso en una colonia popular del
municipio de Soledad de Graciano, en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Al poco tiempo de haber sido creada, la
empresa se mudó a Chiapas.
El 21 de
septiembre de 2016, el mismo joven que
había fundado la empresa Agatha nombró como apoderado general a Alfonso Gómez
Méndez, residente en el barrio Niño de Atocha, de Tuxtla Gutiérrez, quien funge
como dueño mayoritario de Principal Enajena SA de CV, un despacho que ha sido
reportado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por simular
operaciones y que durante el sexenio de Javier Duarte formó parte del esquema
de empresas fantasma utilizado para el desvío de recursos.
Principal
Enajena fue creada el 14 de noviembre de
2011 en Tuxtla Gutiérrez por Gómez Méndez como dueño del 90 por ciento de las
acciones, además de fungir como administrador y gerente único, de acuerdo con
la información recopilada por MCCI. Su socio era un empleado de 41 años que
tenía su domicilio en una casita de un piso en el barrio Colón de la capital
chiapaneca.
En el acta
constitutiva, Gómez Méndez dijo haber
nacido el 10 de marzo de 1960, ser empleado y con domicilio en una casa de un
nivel en una privada del barrio Niño de Atocha. En las actas de otras empresas,
en las que también funge como socio, declaró ser comerciante, haber nacido el
10 de mayo de 1960 y vivir en otra vivienda que está a una cuadra de la
anterior.
Aunque
aparentemente se trataba de dos personas, se
confirmó que en realidad es una misma que aportó información distinta ante los
notarios que constituyeron seis de las empresas en las que funge como socio o
apoderado. Lo anterior se corroboró al cotejar la credencial de elector que
presentó para identificarse, con número de folio 1650012107191.
Su empresa
Principal Enajena obtuvo contratos por
asignación directa por 9 millones 500 mil pesos en el gobierno de Javier
Duarte, por concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión.
Dichos servicios nunca se prestaron,
pues la empresa no contaba ni con instalaciones ni infraestructura. El
domicilio fiscal que aportó en los contratos corresponde a una pequeña casa de
un piso, con techo de lámina, en la colonia La Pimienta, de Tuxtla Gutiérrez.
A partir de
una serie de visitas de inspección realizadas por empleados de la Secretaría de
Hacienda de Chiapas se declaró a la
empresa como “no localizada” y fue notificada al SAT, la cual desde el pasado
26 de enero de 2017 la incluyó en su lista negra por presunta simulación de
operaciones.
De
contratista de Duarte a la Sedatu.
De simular la prestación de servicios
con el gobierno de Duarte, Gómez Méndez pasó a ser subcontratista de la Sedatu.
Su
nombramiento como apoderado de Agatha Líderes Especializados, en septiembre de
2016, se dio casi a la par de que esa
empresa recibió contratos por 50 millones 811 mil pesos del SQCS y por 83
millones 469 mil pesos de Telemax para realizar supuestos servicios de difusión
a la Sedatu. Al año siguiente, ambas intermediarias le otorgaron contratos por
otros 30 millones de pesos a la misma empresa, de acuerdo con la relación de
los contratos consultados para esta investigación.
En conjunto,
Agatha recibió cheques por 164.7
millones de pesos, de los cuales 105.8 millones fueron pagados por Telemax y
58.9 millones por el SQCS. Ese dinero correspondía a recursos federales
transferidos mediante los convenios suscritos con la Sedatu.
El 92% del
dinero pagado a Agatha (equivalente a 152.4 millones de pesos) fue transferido posteriormente a las
siguientes 10 empresas ligadas entre sí, que comparten socios y apoderados
legales, todas con domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez: Capacitadora Fema
(36.6 millones), Comercializadora Manmatrec (13.1 millones), Edificios Emporio
Total (4.7 millones), Laika Brank Comercial (13.7 millones), Yuvisa y Servicios
(16.5 millones), Casa Comercializadora Menzen (4.3 millones de pesos),
Comercial Chiapas es Sur (6.6 millones), Capacitaciones Golden Mark (9.5
millones), Servicios Bezubi (24.3 millones de pesos) y Verina Edificaciones (23
millones).
Cinco de estas empresas (Fema,
Manmatrek, Laika, Golden Mark y Verina) fueron creadas el mismo día (el 29 de
diciembre de 2014) ante el mismo notario, Luis Alberto Albores Figueroa, de
Villa Corzo.
Además, cuatro de estas empresas (Chiapas es Sur,
Golden Mark, Bezubi y Verina) tienen como accionista mayoritario a Alfonso
Gómez Méndez, el mismo dueño de Principal Enajena, el despacho que sirvió a
Javier Duarte.
En la lista
negra del SAT.
En todos los casos se trata de
empresas presuntamente fantasma, pues los domicilios fiscales son casas o
locales solos, mientras que los socios son en realidad humildes vecinos de colonias
populares de Tuxtla Gutiérrez.
Por ejemplo,
la supuesta dueña de Verina
Edificaciones y de Comercializadora Manmatrec tiene su casa en una calle sin
pavimentar de la colonia Carlos Salinas de Gortari, un asentamiento irregular
ubicado en la periferia de la capital chiapaneca. Su condición humilde
contrasta con los 36 millones que fueron transferidos en 2016 y 2017 a las dos
empresas en las que aparece como accionista.
Agatha Líderes Especializados, la
principal empresa de esta red, aportó como domicilio fiscal una casa
abandonada, mientras que en los contratos firmados con el SQCS dio como su
dirección el local de un despacho contable en el Centro de Tuxtla.
Dicha firma fue incluida desde el 3 de octubre de 2016
por el SAT en la lista negra de presuntas empresas fantasma.
Pese a estar
señalada por las autoridades fiscales, Agatha
recibió el año pasado otros 30 millones de pesos de recursos federales
transferidos por la Sedatu través del Sistema Quintanarroense de Comunicación
Social y de Telemax.
En 2017 el SAT también incluyó en la lista negra,
por presunta simulación de operaciones, a otras empresas de esta red
chiapaneca: Comercializadora Manmatrec, Edificios Emporio Total y Comercial
Chiapas es Sur.
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