Martí Batres.
La reciente
firma de los acuerdos comerciales entre los gobiernos de México y Estados
Unidos ha provocado un paradójico, pero interesante vuelco en la agenda laboral
de nuestro país.
Las viejas demandas de libertad
sindical, contratación colectiva y aumento salarial de los trabajadores
resurgen y no precisamente por una lucha obrera específica.
Por contradictorio que parezca, es la
nueva composición de los gobiernos de Estados Unidos y México lo que coloca
este tema sobre la mesa.
Después de
40 años de disminución constante del poder adquisitivo del salario, reducción
del salario mínimo, desaparición de contratos colectivos, debilitamiento del
empleo permanente, derrotas del sindicalismo e incremento del trabajo informal,
por fin parece que se abre una rendija de luz para los trabajadores.
Lo más curioso es que esta rendija se
abrió, principalmente, por la presión de un gobierno norteamericano al que se
ha calificado como ultra conservador por algunos sectores liberales.
El otro factor en escena es el
próximo gobierno de México, que se ha pronunciado en favor de la recuperación
salarial de los trabajadores, lineamiento que se considera coherente con su
línea de izquierda.
En efecto, en Estados Unidos se ha criticado mucho que
el impresionante volumen de exportaciones mexicanas a ese país esté apoyada en
los bajos salarios que se pagan aquí. Se considera que es una competencia
desleal.
Una misma empresa que paga 15 dólares
la hora en Estados Unidos, paga 3 dólares la hora al trabajador de México.
En
consecuencia, dicha empresa prefiere
instalar nuevas plantas en nuestro territorio y no en el país de origen. Ello,
a su vez, provoca una presión a la baja sobre el salario y el empleo de los
obreros de aquel país.
Algunos
analistas encontraron en dicha situación
la explicación del malestar de los sindicatos norteamericanos con el tipo de
libre comercio establecido con México y el origen del voto por Trump de la
clase obrera que vive en el centro de la Unión Americana.
El Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue presentado hace 25 años como
la entrada de nuestro país al primer mundo.
Sin embargo, después de tanto tiempo, el beneficio reportado se concentra en el
gran volumen de exportaciones de las empresas mexicanas a nuestro vecino del
norte. Eso ha permitido tener una balanza comercial favorable, una
despetrolización de las exportaciones y una fuente muy importante de divisas.
El beneficio del TLCAN no se tradujo
en mejores niveles de vida para la gran mayoría de los habitantes de México,
pues el gran incentivo para la inversión extranjera fue el bajísimo salario que
se paga aquí, presentado técnica y deshumanizadamente como una “virtud
competitiva” en el discurso dominante de la globalización.
Ahora ha
trascendido que con los nuevos acuerdos
alcanzados por los gobiernos de Estados Unidos y México en días recientes,
impulsados por los representantes de aquel país y el equipo de transición del
próximo gobierno mexicano, nuestro país se comprometió a realizar cambios
legislativos para alentar la negociación salarial colectiva.
Esto implicaría la obligación de
ratificar el convenio 98 de la OIT sobre derecho a la libre sindicalización y
el combate a los llamados contratos de protección, así como el derecho de los
trabajadores de elegir democráticamente a sus dirigentes.
Los objetivos de las nuevas
negociaciones México-Estados Unidos en materia laboral coinciden con la agenda
legislativa de Luisa María Alcalde, quien promueve la aprobación de leyes
secundarias sobre el nuevo sector del Poder Judicial que sustituirá a las
viejas Juntas de Conciliación y Arbitraje, el organismo autónomo para el
registro de los contratos colectivos y los procedimientos democráticos para la
elección de los dirigentes sindicales.
¿Viene una mejor época para los
trabajadores mexicanos? Es posible.
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