La llamada “Estafa Maestra”, el
desvío de recursos, los actos de corrupción y el uso faccioso de programas
sociales formaron parte de los reclamos que los diputados hicieron al oaxaqueño
Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Al
comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del
último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, Pérez Magaña enfrentó los señalamientos que en su
momento se hicieron a Rosario Robles Berlanga durante su paso por Sedesol.
El panista
Xavier Azuara Zúñiga recordó que la
dependencia ha gastado hasta ahora 584 mil millones de pesos, es decir, 100 mil
millones anuales para atender la política social, por lo que sería bueno saber,
dijo, cuál hubiera sido el resultado de dicha política “sin mermas por la
corrupción”.
En
respuesta, el oaxaqueño dijo que tiene
la instrucción del presidente de la República para denunciar cualquier
observación de acto de corrupción o beneficiarios.
En el manejo de recursos en efectivo,
abundó, la Sedesol tiene bancarizados la gran mayoría de sus pagos, y en
regiones del país donde no se encuentra algún sistema, como es el caso de los
pagos en cajeros automáticos mediante tarjetas bancarias, se cuenta con la
contratación de Bansefi y Telecom, a través de los cuales se busca
transparentar el pago de los programas que se llevan a cabo.
Pero omitió señalar que justo a través de
Bansefi “aparecieron” tarjetas clonadas que habían sido emitidas para los
afectados del sismo del 19 de septiembre del año pasado, y que fue la propia
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la que reveló la clonación con
montos millonarios.
En su
réplica, Azuara Zúñiga expresó que dará
seguimiento a los actos de corrupción, incluidos los de Rosario Robles, para
que no quede impune el uso de la política social con fines electorales.
“Necesitamos una fiscalía autónoma que no cubra las espaldas de nadie; ni
silencio ni complicidad”, soltó.
Sobre la
conocida “Estafa Maestra”, que no fue otra cosa que la contratación de
universidades para el uso de recursos provenientes de Sedesol, la perredista María Guadalupe Almaguer Pardo preguntó si
se ha realizado alguna investigación interna respecto de los esquemas de
simulación de servicios que se ejecutaron aparentemente entre 2013 y 2014, y
cuáles han sido los resultados.
El
secretario respondió que “su labor como
secretario no es la de fiscalizar”, y aseguró que ha colaborado con las
autoridades competentes entregando toda la información requerida, “para que
sean ellas las que determinen (lo conducente) respecto de quienes hoy están
siendo señalados por alguna irregularidad”.
La
perredista preguntó que, si hay tantos
recursos y contralorías para fiscalizar, ¿cómo es posible que a Sedesol se le
haya pasado la “Estafa Maestra?”. Se debe iniciar “una investigación de quien
estuvo al frente de la dependencia y maquiló el robo de miles de millones de
pesos que debieron ir a abatir la desigualad, y no eximir la responsabilidad
penal”, apuntó.
La secundó
el exsenador y hoy diputado por el PVEM Carlos Alberto Puente Salas, quien dijo que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) documentó que se desviaron recursos públicos por 2 mil 224
millones de pesos. Asimismo, que existen denuncias presentadas ante la
Procuraduría General de la República por la ASF y la organización Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad, por presuntas irregularidades.
La “Estafa Maestra”, dijo, consistió
en la contratación de servicios a universidades en adjudicación directa, que a
su vez subcontratan para que empresas fantasmas simulen realizar estos
servicios por los cuales las instituciones académicas reciben recursos
públicos. Y preguntó a Eviel Pérez Magaña: ¿qué ha hecho durante su gestión
para aclarar estas denuncias? Y si Sedesol continúa con la contratación de
universidades públicas, ¿en qué términos lo hace?
El
funcionario federal respondió que se han
instrumentado diversas medidas de control interno para supervisar la puntual
observancia de este caso. “El compromiso es, hasta el último momento de mi
responsabilidad, cumplir con ello. La Sedesol ha colaborado con las autoridades
competentes y ellas determinarán lo conducente de acuerdo con el resultado de
sus investigaciones”.
Puente Salas
cerró: “La Cámara de Diputados debe
estar pendiente de los resultados de dichas investigaciones para que la
impunidad no selle la ilicitud de estas conductas reprobables”.
Durante su primera intervención, el
titular de Sedesol aseguró que “falta mucho para superar la pobreza; ese
flagelo que daña el tejido social mina el desarrollo y debilita las
instituciones democráticas”.
Y precisó que entre 2012 y 2016, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
contabilizó que 2.2 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza extrema, y
6.2 millones de personas cuentan ahora con servicios de salud, 3.4 con
seguridad social y 2.8 millones con acceso a alimentación.
Dulce Corina
Villegas Guarneros, de Morena, reviró
que el gobierno se vanagloria por la reducción del 2% de la pobreza, pero no
menciona el cambio en la metodología de medición sobre las carencias. En ese
sentido, calificó el informe del Ejecutivo como “celebraciones falsas” que
están en la imaginación de él y de su equipo, y que no tiene nada que ver con
la realidad.
La Sedesol, apuntó, tuvo la
oportunidad de llevar a millones de familias hacia la posibilidad de tener una
vida digna, pero no sólo no cumplió, sino que “es cómplice de avalar un informe
lleno de falsedades. Esta administración no redujo la pobreza y nos presenta
logros simulados”.
Pérez Magaña
aseguró que en ningún momento se ha
tratado de cambiar la metodología de medición de la pobreza con el fin de
incidir en los resultados de evaluaciones. Según la Ley General de Desarrollo
Social, el Coneval es el organismo con autonomía técnica para definir y
calcular la carencia, a partir del ingreso y acceso a derechos sociales,
resaltó.
La morenista
también cuestionó qué porcentaje del
presupuesto total de la Sedesol se maneja en efectivo; cuáles son las reglas de
operación; las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que autorizan a la
dependencia manejar partidas en efectivo, y cómo se asegura la honestidad de
dichos recursos.
En su
oportunidad, el diputado Benjamín Robles
Montoya mencionó que el apellido de la administración saliente es “corrupción”,
y que la política más bien parecía antisocial. Es un hecho público la
corrupción al interior de su dependencia, “la cual ha sido lacerante”, soltó.
Luego preguntó a Pérez Magaña si está dispuesto a
denunciar a las y los altos funcionarios que le antecedieron, sin que medie
presión o acuerdos de por medio, y, también, si ha recibido presiones para
ocultar la deshonestidad.
El
secretario manifestó su disposición a
darle cauce a todas las investigaciones y colaborar con las autoridades
competentes para entregar la información y documentación que se requiera.
De igual
manera, aclaró que durante su estancia
en la Sedesol no ha recibido una sola presión de nadie, ni siquiera sugerencia,
para actuar de manera contraria que no se apegue a la legalidad.
En su
réplica, el diputado agregó que en 2013
se tuvieron en el presupuesto 555 millones de pesos para repartir 500 mil
paquetes de alimentos, a fin de difundir la llamada Cruzada Nacional contra el
Hambre, y según la Auditoría Superior de la Federación sólo se entregó el 7% de
las despensas.
La inmensa mayoría de los esfuerzos
impulsados por esta dependencia están marcados por la “corrupción”, reiteró.
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