La apuesta imposible.

Raymundo Riva Palacio.

Nada representará un desafío mayor para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la seguridad. Alfonso Durazo, quien estará a cargo de enfrentar y reducir la violencia, dice que van a recibir un país en ruinas. No es una exageración ni le falta razón. México vive una balcanización, con cárteles de la droga peleándose en todo el país por el control territorial, pandillas poderosas y atomizadas cada vez más violentas, corrupción endémica institucional, colapso de instituciones y presupuestos para seguridad que tuvieron destinos inconfesables.

La respuesta al reto la tiene construida el nuevo gobierno con un amplio documento de medidas integrales que preparó y entregó hace casi cinco meses Manuel Mondragón, que renunció como comisionado nacional contra las adicciones pocos días después de la victoria de López Obrador en la elección presidencial. El plan de Mondragón estaba hecho a la medida para que lo pusiera en práctica el mismo Mondragón, que fue el primer comisionado nacional de Seguridad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero que ha sido relegado. Quien se hará cargo de toda esa instrumentación, será el próximo subsecretario de la nueva Secretaría de Seguridad, Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente Vicente Fox y se enfrentó con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el exprocurador general, Rafael Macedo de la Concha, además de buscar encarcelar a quienes habían manejado las estructuras de policía, Wilfrido Robledo y Genaro García Luna. Años después, cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón, acusó a Gertz Manero de haber corrompido el sistema penitenciario que permitió la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.

Mondragón y Gertz Manero son el cerebro de lo que será la estrategia del gobierno de López Obrador, en materia de seguridad. En una primera instancia, el nuevo diseño institucional que el presidente electo López Obrador quiere es que esa nueva secretaría sólo se llame de Seguridad, para que concilie la ambigüedad de su función primaria, con la absorción del Cisen y de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Fuera de la nueva arquitectura de la Secretaría de Seguridad quedaron el SAT –debido a que convenios internacionales suscritos por México prohibían que saliera de la Secretaría de Hacienda–, y Aduanas, que está en la misma dependencia, pero que tiene una función recaudatoria de gran escala.

La nueva secretaría sólo tendrá dos subsecretarías, y aún no se sabe quién será el subsecretario que trabaje junto a Gertz Manero. Bajo el próximo subsecretario quedará el aparato de inteligencia criminal, concentrado en Plataforma México, desmantelado por Mondragón, quien ha dicho que ello no fue su responsabilidad, sino del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En un reciente foro organizado por El Financiero, García Luna dijo que Plataforma México fue vista por Osorio Chong como una herramienta que serviría a sus pretensiones presidenciales. El Cisen renacerá como la Agencia Nacional de Inteligencia, y mantendrá sus funciones de recolección y análisis de información, cuya misión es la defensa de la soberanía nacional y reportará directamente al secretario.

La estrategia de seguridad del próximo gobierno sólo ha visto la luz pública a través de enunciados, porque el documento de Mondragón, que es la base de lo que se hará, no se dará a conocer hasta que se incorporen las propuestas emanadas de los foros nacionales. Tendrá que ser parte también del nuevo diseño de la Secretaría de Seguridad, cuya creación probablemente surja de una iniciativa en el Senado por parte de la bancada de Morena, y donde se espera que Durazo presente en un plazo no mayor a tres semanas.

Las últimas adecuaciones que se hicieron incorporan en las tareas de Seguridad Pública a las Fuerzas Armadas, como adelantó López Obrador después de reunirse con el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y el almirante secretario de la Marina, Vidal Soberón. La rectificación no es una mala señal. La debilidad institucional a nivel municipal vista ya desde la Presidencia y no desde el templete de campaña, hace su participación indispensable. El tema es sumamente delicado para que quede en manos de los políticos, y el diagnóstico que tenía el equipo del presidente electo se modificó con la información recibida, y prevén que la presencia militar en las calles dudará todo el sexenio.

La discusión política de los temas de seguridad se ha enfocado en el índice de homicidios dolosos que crece cada mes, y es muy improbable que se vaya a frenar en el corto plazo. Pero no es la única variable del país en ruinas del que habla Durazo.

Una muestra de esa realidad se encuentra en la Alerta de Viaje del Departamento de Estado, que tiene recomendaciones de seguridad a sus ciudadanos en las 32 entidades federativas. El gobierno del presidente Donald Trump ve problemas criminales en todo el país, y recomienda no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. En 16 estados sugiere extremar sus precauciones, y en 11 pide a sus ciudadanos que reconsideren su viaje.

La violencia y la inseguridad es el mayor reto que enfrentará López Obrador, porque es el más sensible. Su problema es que elevó enormemente las expectativas que, al llegar a la Presidencia, todo iba a cambiar, y la realidad es que nada cambiará de fondo en el corto plazo, porque no hay solución cosmética verdadera. Este fenómeno y su dinámica tienen que atacarlos de manera integral para poder contener a los criminales y comenzar a dar resultados en el mediano plazo. De ello se hablará en el siguiente texto.