Gustavo De
la Rosa.
Este fin de semana en el estado de
Chihuahua se presentaron dos acontecimientos contradictorios: la instalación
del Congreso con una mayoría progresista opuesta al partido del Gobernador, y
la liberación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, responsable de desviar 250
millones de pesos de recursos públicos a las arcas del PRI. Mientras se preparaba y discutía la
conformación de los órganos directivos del próximo Congreso entre la coalición
Juntos Haremos Historia y el PAN, llegó
la mala noticia de que la PGR desistió del proceso contra Gutiérrez Gutiérrez.
Nunca antes en el Estado la
negociación para determinar al presidente del Congreso y al presidente de la
junta de coordinación parlamentaria se había dado entre dos partidos de
extremos ideológicos opuestos; aunque finalmente el PAN se quedó con la
Presidencia de la mesa directiva, nosotros ocupamos su mayoría, además de que la junta de coordinación parlamentaria (la gerencia del
Congreso) quedó en manos del coordinador de Morena, Miguel Colunga. El Congreso
de Chihuahua ahora tendrá que discutir cada una de sus iniciativas y acuerdos.
Aunque el
gobernador faltó a este momento clave para el futuro del Estado y desairó así
al Legislativo, para quienes tenemos luchando desde 1968 para que las fuerzas
progresistas dirijan desde el interior del Gobierno la guerra contra los
privilegios esto es un hito histórico.
Por eso preferí
tomar protesta simbólica como diputado ante dos manifestaciones civiles, una de
exbraceros insatisfechos y otra de los habitantes del pueblo de Sacramento que
exigen el derecho de visitar a sus vecinos sin pagar en la caseta que lo parte
en dos; estos ciudadanos son descendientes de quienes, en 1848, enfrentaron con
lo que tenían a la mano a los norteamericanos que invadieron la patria. Ellos
defendieron la nación, y ahora son tratados como extranjeros.
Hora y media
después, y ya legalmente diputados, celebramos el inicio de una nueva época que
termina con el monopolio PAN-PRI que legislaba a favor de la élite política y
económica del Estado y el país; pero
cuando apenas veíamos la luz al final del túnel el estertor del dinosaurio
moribundo nos sorprendió y regresó a la triste realidad: en un acto de
increíble cinismo jurídico, la PGR decidió desistir de la acción penal en
contra de Alejandro Gutiérrrez Gutiérrez.
Él fue acusado de desviar 250
millones de pesos de la Hacienda Pública de Chihuahua, con evidencia de que lo
hizo a través de la contratación de empresas que no prestaron servicios, pero
sí facturaron la recepción del dinero; este capital fue después canalizado a
las campañas electorales del PRI en Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y
Durango, implicando también a Manlio Fabio Beltrones. No se agotó la
investigación ni se reconoció la falta de pruebas, sino que fue un acto de
complicidad para proteger la impunidad de los grandes políticos priistas.
El PRI usó la fuerza institucional y
mostró a los mexicanos que, como ellos sí pueden hacerlo, así lo hacen: pueden
perseguir a cualquier adversario político y liberar a cualquier delincuente sin
importar lo pernicioso que sea para el país y para la democracia. La lucha
directa, eficaz y permanente contra la impunidad es fundamental para enfrentar
la corrupción, porque los corruptos necesitan contar con cómplices dentro del
sistema para poder violar la ley y ganar con ello.
Este es el país que recibe Morena,
hoy como grupos parlamentarios y en diciembre como poder Ejecutivo; y en seis
años deberá transferir la estafeta a otro grupo de Gobierno que recibirá a un
México en mejores condiciones. Porque eso fue lo que movió a los mexicanos a
votar por el Movimiento de Regeneración Nacional.
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