De mentira en mentira o
de verdades a medias, así ha ido creciendo, hasta alcanzar dimensión
internacional, el escándalo por el peregrinar de restos humanos descompuestos
en Jalisco.
El ir y venir de un tráiler que contenía 157 cuerpos
supuestamente en refrigeración, más las condiciones en las que se encuentran
más de 100 restos humanos en otro vehículo apostado el patio del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), han
puesto al Gobierno de Jalisco, que lidera el priista Aristóteles Sandoval Díaz,
en el ojo del huracán, y como ejemplo de la negligencia y falta de capacidad de
los gobiernos para ocuparse integralmente del tema de la violencia, acusaron
organizaciones civiles y de padres de desaparecidos.
Los choferes encargados
de trasladar los restos humanos por tres municipios de la entidad fueron
advertidos que era una operación ilegal, y les pidieron que “cerraran el
hocico”.
Sabía el Fiscal de
Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, ahora destituido. Sabía el Gobernador
Aristóteles Sandoval. Recibían instrucciones directas de la Fiscalía para mover
los cadáveres de un lado a otro, dijo uno de los choferes, que ayudó al
traslado de cuerpos, a periodistas del sitio jalisciense Cabecera.mx.
–En algún momento,
¿alguien les dijo que se mantuvieran sigilosos porque se estaba procediendo de
una manera inadecuada? –le preguntó al chofer un reportero.
–Sí, claro. Por eso es
que le digo que a mí me da miedo platicar esto. A nosotros nos hicieron saber
que si abríamos el hocico, algo nos podría pasar. Así nos lo dijeron, con esas
palabras. Nos lo hicieron notar unos tipos de una camioneta de la Fiscalía.
“Ustedes cállense, cierren el hocico, se les va a pagar bien”.
Sin embargo, el
Gobernador de Jalisco no ha reconocido responsabilidad alguna.
“No estoy dispuesto a
tolerar este tipo de errores que sacuden y horrorizan a la opinión pública. La
acumulación de cuerpos en las instalaciones del Instituto tiene una lógica de
negligencia, indolencia falta de coordinación y nula capacidad de gestión. Las
determinaciones que he tomado estos últimos días buscan ser sanciones que se
ajusten a la dimensión de estas anomalías”, dijo Sandoval Díaz ayer, al
anunciar el cese de Raúl Sánchez Jiménez, Fiscal General de la entidad.
Dos días antes, el
Gobernador había despedido a Luis Octavio Cotero Bernal, quien fungía como
director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCG).
El Gobernador dijo
también que no sabía de las condiciones en que se encontraban las instalaciones
del IJCF.
“No estoy dispuesto a
tolerar estos errores. La acumulación de cuerpos en las instalaciones tiene una
lógica: negligencia”,
dijo el 19 de septiembre.
Sin embargo, Cotero
Bernal dijo que él alertó tanto a la Fiscalía General como la Secretaría de
Gobierno la urgencia de construir un espacio donde se pudieran inhumar los
cuerpos porque eran demasiados.
También detalló que
por la visita de integrantes de organismos defensores de derechos humanos a
Jalisco, los cuerpos que permanecían en el suelo de una área del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forense, sin refrigerar, fueron movidos al tráiler que
se encuentra en el patio de la institución.
“Son los que estaban
guardados por ahí, y llegaron y los aventaron para que no los vieran en las
instalaciones del edificio. Estaban en el edificio, pero fueron y los aventaron
al camión, así como se ven [en las fotos que circulan en redes sociales y en la
prensa], eso yo jamás lo hubiera permitido (…) Es lamentable que estén
cubriendo sus cosas de esta manera tan atroz”.
En tanto, Roberto
López Lara, Secretario de Gobierno de Jalisco, confirmó, sin aceptarlo
literalmente, que sabía de la situación.
El funcionario explicó
en una de las primeras reacciones a la prensa, luego de que estallara el
escándalo, que el contenedor fue dejado en el predio de Tlajomulco de Zúñiga, a
la espera de la construcción de un “campo experimental forense” en el municipio
de Tonalá, donde el Gobierno estatal pretendía tener nichos para inhumar y
cremar hasta 700 cadáveres no identificados.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de
investigación por los hechos y recordó que el 21 de marzo pasado emitió una
recomendación en la que ya le exigía al Gobierno estatal tener un cementerio
forense para los cadáveres que son resguardados por la autoridad ministerial.
“La CEDHJ pidió al IJCF
que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, establezcan un
cementerio forense para realizar, conforme a los protocolos correspondientes,
las inhumaciones” de aquellos cuerpos que aún no han sido identificados por sus
familiares, expuso
el organismo en un comunicado difundido hace tres días.
También advirtió a las
autoridades del estado de asegurarse que, antes de la inhumación, deben estar
“debidamente tomados y capturados los registros de datos completos y correctos,
incluyendo los perfiles genéticos de ADN”.
LA MORGUE DE LA INDIGNACIÓN.
El 17 de septiembre, Luis Octavio Cotero fue cesado como
director del IJCF, luego de que un tráiler con 157 cuerpos supuestamente
refrigerados rondara por diferentes puntos de Guadalajara y de municipios conurbados
de la capital jalisciense.
El vehículo con caja de refrigeración estuvo estacionado
durante meses –no se sabe con precisión cuántos– en el patio del Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses, debido a que los cuerpos sin reconocer ya no caben dentro
de sus instalaciones. El Instituto tiene su sede en la calle Batalla de
Zacatecas, número 2395, en el Fraccionamiento Revolución del municipio de
Tlaquepaque.
Una segunda caja con más de 100 cuerpos se informó después,
se halla estacionada en el patio del Instituto, lo que significa que hay
aproximadamente 300 cuerpos hacinados en esas cajas refrigerantes.
La caja que deambuló por la entidad con restos humanos fue
sacada del IJCF la noche del 4 de septiembre pasado. De acuerdo con la
información que se ha consignado en la prensa, el vehículo estuvo resguardado
por personal de la Fuerza Única de Jalisco en una bodega de la colonia
Duraznera, situada también en Tlaquepaque, pero ante los reclamos de vecinos
inconformes por los malos olores que despedía, la alcaldesa María Elena Limón
García exigió al IJCF que se moviera.
Así, la noche del viernes 14 de septiembre el vehículo fue
trasladado a una brecha a espaldas del Fraccionamiento Paseos del Valle, en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ahí quedó varada sólo la caja con los
cuerpos.
En unas horas los reclamos de vecinos subieron de tono, y
varios de ellos denunciaron con fotos y videos en las redes sociales la
presencia de la caja abandonada y los olores fétidos, además de que observaron
manchas de sangre y otros líquidos.
Fue entonces que estalló el escándalo que hoy ya ha tomado
dimensión internacional.
El domingo 16 de septiembre esa caja fue enviada a una bodega
de la Zona Industrial de Guadalajara, por cierto, muy cerca de las
instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que se ubica en
Calle 14 número 2550, en esa misma Zona Industrial.
Ya despedido, Cotero
Bernal Cotero se deslindó de cualquier responsabilidad por el abandono de los
cuerpos y acusó a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno del priista
Aristóteles Sandoval de no hacer lo necesario para que los cadáveres estén
preservados en refrigeradores adecuados o inhumados en un cementerio forense.
“Se estaba buscando un
lugar decorosamente para inhumar los cuerpos una vez que se construyera un
cementerio, pero a la fecha está suspendida la obra y no se tiene un lugar
donde construir”,
aseguró el ex ahora funcionario.
De acuerdo con los
medios locales, Cotero afirmó en rueda de prensa que la orden de sacar el
tráiler con 157 cuerpos fue de la Fiscalía del Estado, pues legalmente a esa
dependencia corresponde el resguardo de los cuerpos.
“Quien lo ordenó debe
ser la Fiscal Central o el Fiscal General; no hay ningún documento [un informe
del movimiento del tráiler], a mí no tenían que darme ningún documento, ellos
son quienes disponen, fue provisional que fueran a dar ahí [al Instituto] para
ser dictaminados”.
explicó.
Además, detalló, fue
la noche del 4 de septiembre, que llegaron dos patrullas para sacar el tráiler
cuando ya sólo estaba en la sede del IJCF el responsable de seguridad de las
instalaciones.
RECLAMOS CONTRA EL GOBERNADOR.
Luego de que detonara el escándalo, el Consejo Nacional
Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitó al Gobierno de Aristóteles
Sandoval información sobre los cuerpos que se hallan hacinados en los
tráileres.
En un documento exigió el número de carpetas de
investigación a las que corresponden los cadáveres.
“El Gobierno del Estado
tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que los
cuerpos de las personas no identificadas y/o entregadas a sus familias reciban
un trato digno”,
expuso.
Además, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el
Congreso de Jalisco exigió al Gobernador que explique si existen más tráileres
con personas fallecidas deambulando por Jalisco.
El coordinador del
grupo parlamentario blanquiazul, Miguel Monraz Ibarra, afirmó que la
destitución de funcionarios no es suficiente y explicó que existe la sospecha
de que hay más vehículos refrigerantes con cuerpos y eso lo debe explicar
Aristóteles Sandoval.
También dijo que hay
otros que deben irse de su cargo y que en lugar de citar a comparecer al
Secretario de Gobierno Roberto López Lara, como propuso Movimiento Ciudadano,
lo que se debe exigir es una explicación del mismísimo Gobernador Aristóteles
Sandoval a quien llamó a no lavarse las manos por esta crisis.
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