Un tribunal
colegiado de la Ciudad de México validó
la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior (LSI), aunque la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún debe revisar si algunas de sus
disposiciones son contrarias a la Constitución.
El Décimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito negó la suspensión definitiva de la
entrada en vigor de la LSI, que había sido otorgada por el juzgado Tercero de
Distrito en Sonora.
Los
magistrados del Colegiado dijeron que en
la solicitud de la suspensión “no se demostró la afectación al interés social”
con la LSI que entró en vigor en enero de este año.
La ley, por lo contrario, señala la
resolución, busca reglamentar la vigilancia y proteger la intervención de las
Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, en coordinación con
diferentes dependencias locales y federales en tareas de seguridad interior.
Según los magistrados, la ley fue
promulgada “con irrestricto apego a la protección de los derechos humanos de
los ciudadanos”, así como de los elementos policiales y militares que
intervienen en esas tareas.
Aseguraron que, de acuerdo con “la
voluntad general”, era necesario una ley en la materia “para poder estar en
condiciones de encarar las amenazas que enfrenta el país y vulneran la calidad
de vida de los ciudadanos”.
Conceder la suspensión implicaría
desconocer ese objetivo y fin, “siendo el orden público y la paz social, por
medio de la intervención de las Fuerzas Armadas, en coordinación con las
diferentes dependencias locales y federales en tareas de seguridad interior,
una obligación que busca cumplir con el Estado”.
El alcance de la Ley, sin embargo,
tendrá que ser definido por la SCJN cuando resuelva los juicios de
constitucionalidad interpuestos por una minoría del Congreso y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerar que vulnera libertades ciudadanas.
El máximo tribunal también tendrá que
pronunciarse en acciones de inconstitucionalidad promovidas por municipios del
país que consideran que la ley representa una invasión de su mandato
constitucional.
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