A cuatro
años de los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en
Iguala, Guerrero, contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República
(PGR) emitió un comunicado en el que resume sus acciones respecto al caso.
La
dependencia afirma que “se ha aplicado
toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias
que componen los 620 tomos del expediente de averiguación previa, entre los que
destacan: mil 447 personas declaradas ante el Ministerio Público, mil 945
intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de
aparatos telefónicos y electrónicos”.
Además, dice
la PGR, “se encuentran bajo proceso
penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes
normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos”.
El equipo asignado exclusivamente al
caso ha efectuado, entre otras acciones, 650 búsquedas “pie-tierra en acción
coordinada de distintas corporaciones, así como aplicado la tecnología Lidar en
superficies de aproximadamente un km² y 60 km², en zonas sugeridas por la
representación de las víctimas”.
En estas exploraciones para ubicar
fosas clandestinas han intervenido integrantes del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), la representación legal de las víctimas indirectas
y peritos de la PGR con apoyo de instrumentos como el georradar y binomios
caninos.
A decir de
la PGR, se han atendido las líneas de
investigación planteadas por la representación de los familiares de los
estudiantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las que
se consideran necesarias a partir de la información obtenida.
Sobre el hecho de que todavía no se
hayan dictado sentencias en el caso, la PGR aclara que se debe al “alargamiento
procesal derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los
procesados en ejercicio de sus derechos”, y por lo tanto “no resulta atribuible
al Ministerio Público”.
Finalmente,
en el comunicado la PGR “reitera… su
comprensión respecto a la gran afectación que lo sucedido vino a causar en las
familias de los estudiantes normalistas, y a los derechos que por ley les
asisten en esa condición, así como el legítimo derecho que tienen para mantener
sus demandas de justicia”.
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