En octubre podría estar lista la
nueva ley general de comunicación donde se pretende frenar el uso de los medios
de comunicación y de la publicidad oficial como control político, informó Mario
Delgado, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara baja.
Delgado delineó los seis ejes que tendría la nueva
norma: derecho a la información, derecho a la libre expresión y participación
ciudadana, democratización de la información, fijar un tope a la inversión del
gobierno en comunicación, promover medios comunitarios y municipales y
establecer una estrategia de internet como acceso a la información.
El diputado
morenista consideró urgente hacer una
nueva ley porque “este concepto del Estado que utiliza la propaganda política
para tratar de mantener un equilibrio político o la falta de resultados, pues
creo que ya no funciona, entonces eso tiene que adecuarse a la ley, no
requerimos un gobierno ni un estado que utilice la propaganda oficial como
medio de control político, ese tiempo… me parece que ese modelo de comunicación
creo que ya quedó atrás el primero de julio”.
Durante el
foro, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, dijo que el gobierno de
López Obrador busca incluir un nuevo modelo de comunicación política que cumpla
con una antigua demanda de la sociedad: “Democratizar realmente el sistema de
medios de comunicación en el país”.
“(Hay que detener) el despilfarro del
presupuesto público dedicado a la publicidad de los gobernantes. Tan sólo en
este sexenio que termina, se destinaron más de 50 mil millones de pesos de
dinero público a la promoción el gobierno y del presidente de la República, más
lo que debemos de sumar de los cientos de millones de pesos que gobernadores de
todos los signos partidistas destinaron a los medios”, justificó.
La morenista
dijo que ni un peso de lo destinado a
comunicación sirvió para enmendar la mala imagen del gobierno actual. Tampoco
para mejorar las condiciones laborales de los reporteros.
“Los reporteros de todos los medios
se convirtieron a reporteros multimedia por el mismo pago y nunca como en estos
últimos diez años la situación ha sido tan peligrosa para los periodistas
mexicanos”, afirmó.
Padierna destacó que la distribución de recursos se
realizó de manera discrecional “sin autentica fiscalización y como un
intercambio de favores que dejaron al margen a la propiedad sociedad y a otros
medios de comunicación, ciudadanos, críticos o con audiencia”.
La diputada dio cifras: 36% de los
recursos públicos en comunicación social se destinaron a televisión; 17.2 % a
internet; 1.2 % a medios internacionales, “y un sospechoso rubro llamado ‘otros
servicios’ recibió el 22.5 %.
“Este rubro recibió 2 mil 400
millones de pesos para producción, servicios publicitarios, algo llamado
‘producto integrado’ que no es otra cosa que la propaganda vendida como
información, algo que está expresamente prohibido en el apartado B del artículo
6 constitucional”,
sostuvo.
Dicha prohibición se pasó por alto en
este sexenio de manera abierta pues no existe una ley secundaria o una Ley
General de Comunicación Social que establezca la restricción de esta práctica,
elimine la discrecionalidad en el gasto de la publicidad oficial y privilegie
los intereses del derecho a la información y la libertad de expresión de la
ciudadanía, añadió
Padierna.
Sin tregua a
la crítica, la diputada acusó: “los que
hoy tenemos es un sistema de control político y presupuestal del gobierno sobre
los medios de comunicación en una simbiosis que ha afectado tanto la
credibilidad de muchos medios que son visto como cajas de resonancia de la
versión oficial, como la credibilidad y el mensaje gubernamental”.
El exceso de dinero a los medios
privados empobreció el sistema de medios públicos que apenas recibió el 1 por
ciento de lo que se dio a los medios privados, es decir, apenas 220.2 millones
de pesos, detalló.
Jesús Ramírez, próximo encargado de
comunicación social del gobierno federal, dijo que tema de la publicidad, los
derechos laborales y la seguridad y el mecanismo de protección para los
periodistas, serán partes que se deberán abordar durante la elaboración de la
nueva ley.
Ante la preocupación de los cambios
en las áreas de comunicación gubernamental y posible recorte, aclaró que “no se
va a afectar a ningún trabajador de base del gobierno en las áreas de
comunicación y en todo caso si no hay materia de trabajo se va a reasignar a
otras áreas, pero no se va a afectar a los trabajadores”.
Por lo que se refiere a quienes
trabajan por honorarios, es decir por contratos temporales y sin ningún derecho
laboral como las prestaciones, Jesús Ramírez enfatizó se analizarán las áreas
que cuentan con este tipo de contratación y el tipo de trabajo que realizan.
“Quienes hoy son contratados por
honorarios, digamos que tienen derecho a la futura administración de hacer los
exámenes pertinentes, de hacer el análisis sobre la materia de trabajo y sobre
las capacidades porque también es importante tener un personal adecuado,
comprometido con el servicio público y que sea profesional”, dijo.
En el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, señaló Ramírez, “desaparecerá esta práctica de intentar, de hacer
llamadas a las redacciones para cambiar los titulares, o para cambiar a quienes
están en las fuentes o para cambiar las notas, esto se acabó, se acabó la
censura, se acabó la discrecionalidad frente a los medios y se acabó la
imposición. Vamos a la libertad. Creemos en la libertad, creemos en el libre
juego de las ideas”.
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