Durante la actual administración, el
gasto en pensiones creció 85 por ciento y representa cerca de una tercera parte
del gasto federal. Especialistas advierten que esperar tres años para hacer una
reforma en esta materia, como propone Andrés Manuel López Obrador, Presidente
electo, además de duplicar el monto de la pensión universal puede ser peligroso
para las finanzas que ahora le toca administrar.
La administración a cargo de Enrique
Peña Nieto impulsó una serie de reformas estructurales, pero omitió hacer una
que se ha planteado desde hace, por lo menos, dos décadas: la del sistema de
pensiones. Ha generado grandes presiones que lejos de aminorarse, o por lo
menos mantenerse, crecen año con año y se ha convertido en una bomba de tiempo
que recibirá el próximo Gobierno.
Mientras que
en el 2012 se destinaron 429,237.4
millones de pesos para este año se contempló un gasto de 793,734 millones de
pesos, además de que lo que se destina al pago de pensiones es equivalente al
92 por ciento de lo que se recauda por Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A pesar de la carga fiscal que
representa el pago de pensiones uno de los programas prioritarios de AMLO es
incrementar el monto de la pensión universal de 700 a 1,300 pesos y postergar
una reforma para la segunda mitad de su gestión.
“Dar más pensiones con el mismo
dinero del gobierno federal está un poco difícil porque el gasto no va a parar,
va seguir creciendo mientras se sigan retirando las personas de la generación
en transición. (…) Lo que quiere (AMLO) es aumentar pensiones porque no se han
dado cuenta de la situación y de cómo está el sistema realmente, esto no
aguanta, es una bomba de tiempo y parece que el nuevo gobierno no se ha dado
cuenta”, advirtió
Flavia Rodríguez, directora general de Aregional.
Por su
parte, Alejandra Macías Sánchez, investigadora del Centro de Investigación en
Finanzas Públicas (CIEP), comentó que si
bien es necesario subir el monto de la pensión no contributiva -aquella que se
otorga a los adultos mayores que no contribuyeron nada o muy poco durante su
vida laboral- porque es insuficiente y no alcanza si quiera el monto de la
línea de bienestar del Coneval, también es necesario definir de dónde saldrán
los recursos y qué es lo que esperan de este programa.
“La llamaron pensión universal (la
implementada por EPN en 2014), pero nunca llegó a ser lo que se había
propuesto, el presupuesto ha ido cayendo y el número de beneficiarios
prácticamente se mantiene en 5 millones 4000,000 personas. Hay un espacio
fiscal reducido y la pregunta es de dónde van a salir los recursos para pagar
esta pensión. (…) Estamos gastando cada vez más en pensiones y cada vez menos
en salud y educación, tres años con esa misma inercia seguirá golpeando a la
inversión en capital humano y en el capital físico”, explicó Macías Sánchez.
La
investigadora destacó que uno de los
problemas de la pensión universal es que no es segura porque funciona como un
programa social, que actualmente está operado por la Secretaría de Desarrollo
Social, y puede llegar otro gobierno y decir que no es el programa que quiere y
lo cambia por alguna otra cosa.
REFORMA AL
SISTEMA ES INAPLAZABLE.
Rodríguez y
Sánchez reconocieron que esta reforma ha
sido aplazada por las pasadas administraciones por el costo político que
representa, pero, al ser una bomba de tiempo no puede esperar más.
“El tema del gasto en pensiones es
algo que se ha estudiado desde hace un par de décadas, mínimo, el problema ya
está bien planteado y debería hacerse ahora”, aseguró Macías Sánchez.
Detalló que una reforma en esta
materia debe analizar cómo contener el gasto en pensiones de beneficio definido
–aquellas que están determinadas con base a una fórmula establecida por el historial
del salario de los trabajadores, el tiempo de cotización y la edad-, qué hacer
para que la tasa de remplazo en cuentas individuales aumente y sea un mejor
sistema de retiro y tercero cómo se va a financiar la pensión no contributiva.
“El punto es liberar recursos de
dónde más se están concentrando. (…) Si tú liberas un poco del presupuesto que
destinas a políticas de reparto podrías tener recursos para hacer políticas que
incentiven el ahorro, que al final esa es la base para las pensiones de las siguientes
generaciones”,
aseguró.
De acuerdo
con un estudio realizado por el CIEP refiere
que el pago de pensiones bajo el sistema de beneficio definido seguirá
incrementándose en los próximos años y terminará en el siguiente siglo y
advierte que de no existir alguna reforma para el pago de las obligaciones por
pensiones de beneficio definido, quienes se encuentran en el régimen de cuentas
individuales, terminarán pagando no sólo sus propias pensiones, sino también
las de las generaciones que los antecedieron.
AUMENTAR LA
EDAD, SÓLO UN PALIATIVO.
Alejandra
Macías comentó que el aumento en la edad
de retiro no soluciona gran cosa, tal vez en un mediano plazo se reduzca el
gasto en pensiones, pero el gasto que se está arrastrando y que crece año con
año no se resuelve con esta medida porque el 90 por ciento de lo que se gasta
en pensiones actualmente se refiere al esquema anterior, el de beneficio
definido, y eso no se va a modificar con la edad de retiro.
Flavia
Rodríguez indicó que si la edad de
retiro se extiende a los demás sistemas es adecuado, pero no suficiente. “Lo
que sí se puede hacer es evitar que la gente se retire, es decir, dar
incentivos para que las personas se retiren después de los 65 años y así puedan
seguir aportando y no sólo se les esté pagando a ellos. El problema es que a
los 60 años te puedes retirar”, destacó.
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