Peña Nieto queda como el gran encubridor: papás de los 43.

 “Antes de 2014 todo era felicidad, todo era alegría, porque puede uno padecer pobreza, pero que le desaparezcan a un hijo no se lo deseo a nadie. Es un tormento no tener respuesta”, dijo Clemente Rodríguez Moreno, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas de Ayotizinapa desparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerrero en entrevista con SinEmbargo.

“Estamos golpeados por dentro, no somos los mismos; no soy el Clemente alegre de antes. Ahorita lo que tenemos es el coraje, la impotencia de que no se hace nada, que nos han engañado y se han entorpecido las investigaciones. Nos han golpeado psicológicamente, emocionalmente, estamos de alguna manera en esa parte dañados, ahorita ya son cuatro años que hemos y hemos aprendido muchas cosas”, afirmó Clemente Rodríguez.

El dolor y la impotencia que siente Clemente es porque a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas, tres asesinados y uno gravemente herido –hechos que cimbraron al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto– y a 66 días de que concluya la administración actual, el Jefe del Ejecutivo federal no ha cumplido con su palabra de llegar a la verdad sobre lo que sucedió en Iguala, Guerrero aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Los familiares de los estudiantes y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales coinciden en que Peña Nieto se aferró a una “verdad histórica” para ocultar quizás la responsabilidad de funcionarios de alto nivel de su administración, e incluso la suya propia, y esperan que la administración que arranca el 1 de diciembre con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República les dé la certeza de lo que pasó con los muchachos.

“Peña Nieto, cuando nos acercamos a él, nos prometió muchas cosas: dar con la verdad y no hizo nada. Hoy en día pues ya se va, como si ya hubiera resuelto todo; ustedes los saben, hace poco sacó un comunicado donde dice que los estudiantes fueron quemados, cuando esa mentira histórica ya quedó sepultada. Ahorita lo que viene con el nuevo Gobierno es una poco de confianza, aunque a las palabras se la lleva el viento”, dijo el padre de Cristian.

Clemente se refirió al spot que lanzó Peña Nieto el pasado 29 de agosto por motivo de su Sexto Informe de Gobierno en donde defendió a la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam y la Procuraduría General de la República (PGR), que concluyó entre noviembre de 2014 y enero de 2015, que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por el crimen organizado en el basurero de Cocula, Guerrero.

“En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó”, dijo Peña Nieto

En un spot de no más de dos minutos de duración el Presidente afirmó  que “evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la PGR, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero, fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que integrantes de esta Comisión pudieran conocer la investigación que había realizado la Procuraduría”.

Luis Tapia Olivares, coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo en entrevista que el Gobierno de Peña Nieto se va sin atender la demanda de verdad y justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos en Iguala y con la versión de la “verdad histórica” como lo que ocurrió aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.

“Si alguna duda quedaba de la falta de compromiso del régimen saliente en esclarecer la verdad sobre el paradero de los estudiantes, la duda quedó disipada cuando en sus spots el presidente de la República actual dijo que la única verdad era la ‘verdad histórica’. Eso aclaró por qué no se pudo saber la verdad. La respuesta es que había una versión que fue comprada, que no tiene base científica, que fue refutada en repetidas ocasiones por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEI], el equipo Argentino de Antropología Forense en una y otra ocasión, por el mismo perito José Torero. Frente a  esa realidad se explica por qué no se conoce hasta hoy, a cuatro años, dónde están y no se conocen todas la responsabilidad de quienes participaron en la desaparición  de manera activa y por omisión”, explicó Tapia Olivares, miembro del Centro de Derechos Humanos que ha acompañado a los padres de los normalistas desde que inició la búsqueda de la verdad.

OCULTAR LA VERDAD A TODA COSTA.

El lunes los familiares de los 43 normalistas protestaron frente al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ubicado en la Ciudad de México, para exigir que se reabra la investigación en contra del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR Tomás Zerón de Lucio.

Los padres de los estudiantes mantienen un amparo ante la decisión de la PGR de exonerar a Zerón de Lucio de cualquier responsabilidad sobre la investigación del paradero de los jóvenes.

“Este amparo tiene dos años tramitándose y no ha tenido resolución”, dijo Vidulfo Rosales.

Zerón de Lucio fue acusado por el GIEI de alterar pruebas en una escena del crimen durante su visita a las inmediaciones del Río San Juan de Cocula el 28 de octubre de 2014. Él negó a la PGR que fuera un acto ilegal. Desde esa revelación, los familiares exigieron su renuncia. Dejó el cargo, pero tiempo después fue nombrado Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, puesto en el que se mantiene hasta ahora.

A inicios de este año se reveló que cuando fungió como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Zerón de Lucio, firmó el contrato de adquisición del software Pegasus en octubre de 2014. El software fue usado para espiar a activistas, periodistas y miembros del GIEI.

De acuerdo con una investigación de la periodista Linaloe R. Flores, Zerón de Lucio asumió su nuevo puesto con un sueldo de 203 mil 875 pesos brutos al mes.

La periodista dio a conocer a SinEmbargo en septiembre de 2016, que, según datos del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), Tomás Zerón le costó al erario siete millones nueve mil 500 pesos mientras estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal, con un sueldo de 194 mil 708 pesos con 34 centavos al mes.

El lunes pasado también la organización Amnistía Internacional (AI) afirmó que el Gobierno de Peña Nieto se ha empeñado en “encubrir los hechos” de Iguala.

“Después de cuatro años de tratar de encubrir los hechos, es poco probable que la actual Administración tome los pasos necesarios para resolver el caso. El Gobierno entrante tiene entonces el gran reto de tomar todas las medidas necesarias para cambiar el rumbo y asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Este miércoles, los familiares se reunirán con Andrés Manuel en el Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia a las 11:30 horas. En la reunión participará Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, miembros de la CIDH, la CNDH, entre otras organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Luego, por la tarde, los familiares encabezarán una marcha que iniciará a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.