Guadalupe Correa Cabrera.
El robo de
hidrocarburos en México es un fenómeno extremadamente preocupante y ampliamente
cubierto y visibilizado por la prensa nacional e internacional. Las pérdidas
por dicha actividad son incalculables, y el daño al erario y a la economía
mexicana no tienen precedente en la era moderna. De acuerdo con cifras de
Petróleos Mexicanos (que podrían ser conservadoras dada la naturaleza y origen
de la información), durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las
tomas clandestinas alcanzaron una cifra récord, lo que representó un incremento
de más del 260 por ciento y una cantidad siete veces mayor a la reportada en la
administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Las causas y los actores involucrados en esta actividad son
múltiples; el fenómeno es muy complejo. Sin
embargo, las investigaciones se han quedado cortas y se ha responsabilizado
mayormente por este delito a los denominados “carteles” mexicanos, quienes
supuestamente “se disputan la plaza” para dominar este negocio ilegal en sus
distintas modalidades y en diversas regiones del país. Recientemente, por
ejemplo, se reporta que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel
del Golfo (CDG) se disputan brutalmente el control de una refinería y diversas
gasolineras en Salamanca, Guanajuato, así como los cinco poliductos que abastecen
de gasolina, gas, turbosina y diésel a regiones importantes de los estados de
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, lo que ha
dejado aproximadamente 660 muertos en esta ciudad y en los municipios por donde
cruzan los ductos. Además de esto, se menciona que en el último año en
Salamanca los carteles han ejecutado a mandos policiales y personal operativo
de la refinería. Asimismo, las extorsiones y amenazas por el control de los
hidrocarburos en la región están a la orden del día, y se habla incluso de la
utilización de “narco-mantas”.
Antes eran los Zetas, y
ahora miembros del CJNG, los protagonistas de esta lucha sangrienta por los
hidrocarburos mexicanos y por el control de una gran variedad de mercados
ilícitos—además del mercado de estupefacientes. Así, estos grupos y sus líderes
se han convertido en los principales enemigos públicos de México, quienes no
sólo se dedican a traficar drogas, sino a múltiples actividades delictivas,
incluyendo el robo de hidrocarburos en forma masiva. Lo anterior exhibe al
mismo tiempo la corrupción sin límites y el muy alto nivel de descomposición de
Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal que llegó a tener el monopolio de
la producción petrolera en el país. De acuerdo con las distintas
investigaciones y reportes de prensa existentes, son estos grupos criminales
los protagonistas de esta actividad ilícita extremadamente lucrativa que afecta
de manera muy importante a las finanzas de la nación, la seguridad, el medio
ambiente, y a la economía mexicana en general.
Distintos reportes
coinciden y reconocen la colusión de los denominados carteles con autoridades a
todos los niveles de gobierno, incluyendo las agencias de seguridad federales.
Inclusive la popular revista Rolling Stone se interesa en el tema y publica un
largo y detallado reportaje titulado “Sangre y Petróleo” (Blood and Oil) que
deja ver este contubernio, pero que de nuevo coloca a los carteles como los
protagonistas de la historia. Pareciera entonces ser que existe un cierto
consenso en la prensa, la burocracia, la comentocracia, y en otros espacios de
la opinión publica en México y el extranjero que vincula a personal de Pemex y
personal de las agencias de seguridad mexicanas al robo de hidrocarburos. Estas
actividades ilegales estarían encabezadas por las mafias criminales que una vez
se dedicaban exclusivamente al tráfico de estupefacientes.
El diagnóstico
pareciera ser certero, pues toma en consideración el contubernio de una
multiplicidad de actores que se benefician efectivamente de forma masiva de
este lucrativo negocio que ha cobrado la vida de un sinnúmero de personas y que
ha drenado las arcas públicas. Sin embargo, la explicación proporcionada en los
distintos análisis sobre esta actividad es bastante general y limitada en sus
alcances pues coloca nuevamente a los temidos carteles en el centro de la
historia—justificando, con ello, lo que parece haber sido por todos estos años
“la narrativa oficial”. Si entendemos mejor la estructura y operación del
crimen organizado transnacional y los verdaderos intereses económicos que se
han beneficiado realmente del robo de hidrocarburos en México, las
investigaciones deberían seguir otro curso.
A la fecha, no se han
atribuido responsabilidades a quienes realmente se encuentran al frente de—o
han facilitado en primera fila—estas actividades delictivas, quizás por
incapacidad, falta de voluntad, o porque no se consideran un delito grave.
Reflexionando sobre la magnitud escandalosa del problema y a propósito de la
reciente propuesta de senadores de Morena y el Partido del Trabajo para
reformar la Constitución y lograr que los delitos relacionados con el robo de
hidrocarburos sean considerados como graves y los responsables sean sujetos a
prisión preventiva oficiosa, es necesarios hacer un diagnóstico certero de la
situación, lo que al parecer no ha ocurrido. Es preciso diagnosticar bien las
causas del problema e identificar claramente a los verdaderos responsables del
robo extraordinario de hidrocarburos en México. Las soluciones planteadas no
servirán de nada si no entendemos bien cómo opera la red criminal y quienes
facilitan—y han facilitado durante todos estos años—el desmantelamiento de la
que fuera la paraestatal más importante del país y motor real de crecimiento de
la economía mexicana durante décadas.
Para entender mejor este fenómeno es preciso seguir la ruta del dinero y comenzar identificando a los
verdaderos ganadores y perdedores de una actividad que pareciera no tener ni
fin ni solución dada la ineficacia, ineptitud y falta de voluntad de las
autoridades mexicanas que se encuentran aparentemente rebasadas por los
“poderosos” carteles. No obstante, esta percepción general, estos grupos no
parecen ser los principales beneficiarios del negocio. Si investigamos más a
fondo, los verdaderos responsables y los grandes ganadores del robo de
hidrocarburos en México podrían estar en otro lado. ¿Quiénes han facilitado
realmente el robo de hidrocarburos en México, beneficiando a intereses
particulares y beneficiándose personalmente al mismo tiempo? Pareciera ser que
los carteles de la droga y los funcionarios de Pemex al más alto nivel se han
convertido realmente (directa o indirectamente) en los facilitadores de una
reconversión productiva en México que tiene como base la reforma energética y
el traslado de las actividades de Pemex hacia la iniciativa privada.
Es verdad que en este
negocio criminal la enorme corrupción al interior de la paraestatal mexicana ha
sido central, pero vale la pena preguntarse quiénes se han beneficiado mayormente
de esto y quiénes lo han permitido. La respuesta apunta a las cabezas de la
empresa que son, en lo formal—aquí y en cualquier parte del mundo—los
principales responsables. No se puede atribuir ignorancia o desconocimiento
porque las recientes investigaciones periodísticas nos dicen lo contrario. Un ejemplo de esto se encuentra en la magnífica investigación
de la periodista Ana Lilia Pérez en su libro El Cartel Negro y en sus
reportajes para la revista Contralínea en años anteriores. Aquí se informa con
toda claridad del pleno conocimiento que tenían las autoridades de Pemex sobre
el robo de hidrocarburos perpetrado por “La Compañía” (o sociedad entre los
Zetas y el Cartel del Golfo) en la Cuenca de Burgos. Las investigaciones
formales correspondientes se realizaron en los Estados Unidos y fueron
corroboradas por abogados de Pemex. Vale la pena leer este magnífico trabajo de
investigación.
Para comenzar a
entender mejor este fenómeno e identificar a los verdaderos responsables y
otros facilitadores de este gran negocio criminal, valdría la pena analizar el
caso de los recientes directores de Pemex—quienes podrían alegar
desconocimiento, y lo harán por supuesto. Consideremos, por ejemplo, el caso emblemático de Jesús Reyes Heroles, quien fuera Secretario de
Energía de 1995 a 1997, Embajador de México en Estados Unidos de 1997 a 2000 y
director general de Pemex de 2006 a 2009. Según diversas investigaciones—que
incluyen al Departamento de Justicia de Estados Unidos y están contenidas
dentro del reportaje de Ana Lilia Pérez—fue precisamente durante este período
que el robo de hidrocarburos se convirtió en un negocio de gran importancia
para grupos criminales transnacionales como los Zetas y/o el Cartel del Golfo.
Fue también es este periodo que la corrupción de Pemex alcanzó niveles nunca
antes vistos que facilitaron las acciones de los denominados carteles de la
droga en este tipo de operaciones.
Sin ser sujeto de
investigación y sin atribuírsele responsabilidad alguna en el caso de
corrupción al interior de Pemex (no investigado por autoridades mexicanas de
forma adecuada), Reyes Heroles amplió su empresa consultora StructurA al salir
de la paraestatal, y en el año 2002 anunció una sociedad empresarial
estratégica con Morgan Stanley Private Equity para promover proyectos de
inversión en el sector energético de América Latina. Gran promotor de la
reforma energética y contando con enormes conexiones—dada su posición
anterior—Reyes Heroles se encuentra en una posición muy privilegiada para
negociar contratos entre Pemex y sus clientes. Vale mencionar que Reyes Heroles
fue miembro de la junta directiva de OHL México (ya no aparece esta información
en la página de StructurA) y ha participado en diversos consejos consultivos
vinculados al sector energético mundial como Energy Intelligence Group (EIG).
Haciendo una investigación más a fondo de las verdaderas
implicaciones del robo de hidrocarburos en México (fuera del alcance del
presente texto) pareciera ser que
quienes se beneficiarán más a largo plazo de esta actividad no serán los
carteles “que se pelean la plaza y se matan entre ellos”. Los verdaderos
ganadores serán (o son) más bien aquellos que ocuparán los espacios que una vez
ocupó la paraestatal—que exhibe actualmente niveles de corrupción sin
precedente y una pésima administración, producto de ineptitud, negligencia y
liderazgos omisos (¿o cómplices?) que valdría la pena investigar. El mal
funcionamiento y corrupción de toda empresa (aquí y en China) es claramente
responsabilidad de sus directores.
Sorprende que en México
no se haya cuestionado a los directores generales de Petróleos Mexicanos en los
tiempos del huachicol y el robo de hidrocarburos más grande en la historia del
país. En resumen, Jesús Reyes Heroles, Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin,
y José Antonio González Anaya son también los grandes responsables de la
debacle de Pemex y del crecimiento exponencial del robo de hidrocarburos en el
país. Por su relación con algunas de las compañías transnacionales de
hidrocarburos que operan o piensan operar en México en el marco de la reforma
energética, podrían resultar ampliamente beneficiados por las mismas—como
gratificación por su ineptitud que revela las debilidades estructurales de la
empresa petrolera del Estado y les deja el campo libre. Lo que no queda claro
es si el contubernio fue o no pactado.
Y finalmente, para
continuar la reflexión y profundizar en las investigaciones, sería importante
preguntarnos cuál es el papel de las fuerzas armadas en esto. Como dice
Miguel Badillo para Contralínea: “El
robo de combustibles, aunado a la corrupción y al riesgo de accidentes que ello
genera, es de los problemas más graves en la empresa del Estado. Por ello es un
asunto de seguridad nacional. Al ser instalaciones estratégicas para el Estado
mexicano, los 14 mil kilómetros de ductos deberían ser una prioridad para las
secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, la
Procuraduría General de la República y la Policía Federal”. ¿Dónde han estado
las fuerzas armadas todo este tiempo? ¿Quiénes han sido (con nombre y apellido)
los responsables de las instalaciones estratégicas para el Estado mexicano en
los lugares donde se da con mayor fuerza el robo de hidrocarburos? ¿Serán estás
autoridades víctimas de los carteles o cómplices (por acción o por omisión) de
estos? Es necesario atribuir responsabilidades e investigar a profundidad. Este
crimen que ha dañado (y sigue dañando) a la nación no puede quedar impune.
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