La asociación Justicia Tamaulipas
presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en
contra de los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández por delitos
de lesa humanidad.
El pasado martes 10, Geovanni
Francesco Barrios Moreno, presidente del organismo ciudadano radicado en esta
frontera, acudió personalmente a la sede de la corte internacional en Holanda,
donde canalizó la denuncia por los cientos de desapariciones forzadas durante
los 12 años de gestión de ambos exmandatarios, y se entrevistó con Fatou
Bensouda, fiscal de Información y Unidad de Evidencia.
Barrios
Moreno, quien representa a casi 500
familias en Justicia Tamaulipas, explicó que llevó a La Haya 450 pruebas
recabadas principalmente por el gobierno de Estados Unidos, que reclama a
Yarrington y Hernández por nexos con la delincuencia organizada, causas que los
tienen en prisión.
El
activista, quien imparte la materia de Derecho Penal en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, mencionó que México es
firmante del estatuto de Roma, que puede investigar crímenes de lesa humanidad,
como las desapariciones forzadas, en este caso las ocurridas en Tamaulipas
durante la administración de los exgobernadores.
En la
denuncia presentada en La Haya, de la que Apro tiene copia, se señala que en las gestiones de
Yarrington Ruvalcaba (1999-2005) y Hernández Flores (2005-2010) “existió un
incremento importante de desapariciones forzadas de personas por parte de
grupos delictivos, así como por oficiales de seguridad pública”.
Añade: “Es importante resaltar que, en la época
del mandato constitucional como gobernador (Yarrington), la mayoría de los
jefes delincuenciales provenían de las fuerzas de Seguridad del Estado. Miles
de familias fueron separadas de sus familiares dentro del estado de Tamaulipas”.
Argumentos similares utiliza para
responsabilizar a Hernández de los mismos cargos.
En 2008, el mismo presidente de Justicia Tamaulipas
sufrió la desaparición de su hijo Geovanni Francesco Barrios (entonces de 17
años) de manos de 15 sujetos armados, algunos de los cuáles eran policías
municipales y estatales, y exagentes bajo el mando de Yarrington. A la fecha lo
sigue buscando.
De acuerdo
con la denuncia, tanto Yarrington como
Hernández permitieron que fueran cometidos delitos de impacto internacional,
pues además de aceptar que cientos de personas fueran privadas de la libertad,
rechazaron dar información sobre la suerte de miles que fueron víctimas de ese
crimen durante sus mandatos.
“La impunidad de estos graves delitos
en contra de miles de personas mexicanas sería aún más grave si se permite
quedar en la impunidad internacional, motivo por el cual hacemos súplica tenga
a bien iniciar una investigación sobre los hechos criminales narrados en este
escrito: el delito de la desaparición forzada de personas, haciendo justicia a
miles de familias en el estado de Tamaulipas, México”, se lee en el texto entregado en el
Tribunal Internacional.
Barrios
Moreno explicó que, aunque los dos exgobernadores
son procesados por varios delitos en México y Estados Unidos, no existe un
juicio abierto en su contra por lesa humanidad, y por eso acudió a La Haya.
Y dijo que presentó su denuncia motivado por
la enorme impunidad que prevalece en México, donde son castigados apenas 1% de
los delitos a nivel nacional.
“Este tipo de delitos (desaparición
forzada) nunca van a ser sancionados en territorio nacional, porque tengo un
oficio por parte del gobierno mexicano que dice que no hay ninguna persona
sentenciada por el delito de desaparición forzada de persona. Al no tener bases
jurídicas, ni confianza en los organismos jurisdiccionales, nos vemos obligados
a recurrir a instancias internacionales, que puedan sancionar estas acciones”, señaló.
Si permanecen impunes este tipo de
violaciones a la ley, como las cometidas por los exgobernadores tamaulipecos,
cualquier persona puede padecerlas, soltó.
En Tamaulipas hay aproximadamente 15
mil personas desaparecidas, por lo que es inadmisible que nunca antes alguien
haya levantado la voz internacionalmente por ese hecho, resaltó Barrios.
Finalmente señaló que la Corte Internacional no tiene
fecha para responder sobre su petición de juicio contra Yarrington y Hernández.
El primero se encuentra preso en Texas, Estados Unidos, y el segundo está en
una prisión estatal de Ciudad Victoria, en espera de ser extraditado a la Unión
Americana.
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