Con la ausencia de sobrevivientes de
la represión del movimiento estudiantil de 1968, el presidente de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, dio a conocer la primera
resolución de reparación colectiva para las víctimas de esos hechos.
En un evento
realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, reconoció que sobrevivientes fueron informados de la resolución, con la
que, por primera vez, un órgano del Estado mexicano reconoce la implicación del
propio Estado en los hechos de hace 50 años.
En su
discurso, Rochín Rincón abundó: “fue un
crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear
caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta. Fue un
Crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre, mediante detenciones
arbitrarias y tortura”.
A 50 años de
la masacre de Tlatelolco, sostuvo que,
en esos hechos, “las violaciones a derechos humanos son inobjetables, abundan
las evidencias que demuestran que las instituciones del Estado fueron
utilizadas para para ese efecto. (…) Fue un crimen de Estado”.
En
entrevista posterior con los reporteros, el presidente de la CEAV dijo que, “a partir de esta reparación
colectiva, se puede empezar con procesos de justicia. Lo que sigue es una
discusión desde el Estado sobre la garantía de no repetición. El reconocimiento
del Estado Mexicano nos llama a que hechos de 1968 y otros iguales del Estado y
del crimen organizado podamos contemplarlos de otra manera, para una acción más
eficiente y oportuna”.
El
presidente de la CEAV señaló que el
reconocimiento de las violaciones a derechos humanos por parte del organismo,
“no condiciona ni extingue el derecho a las víctimas de tener acceso a la
reparación integral del daño a título individual”.
Sin disculpa
pública.
El
presidente de la CEAV destacó que
sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968 han exigido una disculpa
pública del presidente de la República y el esclarecimiento del caso, situación
que no está contemplada en la resolución de la CEAV.
“La disculpa correspondería a otro
nivel. Este documento lo que sí hace es reconocer la violación a los derechos
humanos para tener acceso a la justicia y a la verdad. Hay una recomendación de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que hace referencia a la
guerra sucia y hace una referencia previa al Movimiento del 1968, pero no hay
determinación de violación a derechos humanos como tal”, dijo.
Al insistir en que el valor de la
resolución tiene que ver con el reconocimiento del crimen de Estado en el caso
de 1968, Jaime
Rochín consideró que “es posible en
algún momento, no sabría decir cuándo”, se podría dar una disculpa pública,
pero “este es el piso base importante para reflexionar y generar condiciones
para que esto se pueda dar pronto”.
Incluso comentó que la disculpa pública podría
ocurrir con Andrés Manuel López Obrador. “Es probable que (sea) en los primeros
días de su gobierno. No soy quién para contar la agenda del presidente
(electo)”.
Además del reconocimiento de que la
masacre del 2 de octubre de 1968 fue un crimen de Estado, el funcionario
explicó que el dictamen permite la publicación de información digitalizada de
los movimientos sociales desde 1968 a la fecha, así como la edificación de un
espacio de memoria para las víctimas.
Además de la
presentación de la resolución, en el piso del patio del Centro Cultural
Universitario Tlatelolco se presentó la impresión de 400 pares de huellas de
pies, proyecto realizado por la artista Yael Batarna, ganadora de un concurso
convocado por la UNAM.
Ese número
de huellas corresponde a la cifra más alta sobre la cantidad estimada de
estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968. La intención fue crear “un
espacio que irradia ausencia”. La impresión real se realizará en un evento
especial con los sobrevivientes de la masacre.
Tlatelolco y
Ayotzinapa.
Durante la
presentación del proyecto, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín
Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, se
refirió a los “paralelismos”, entre la represión de los estudiantes el 2 de
octubre de 1968 y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa
hace cuatro años, caso que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sin duda, lo que distingue a ambos
eventos es que las víctimas fueron “jóvenes en movimiento”, que se convirtieron
en víctimas del Estado.
En el caso
de hace 50 años, “la intención de la
represión política estudiantil era acallar un movimiento social. Hace cuatro
años, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se da en un nuevo
contexto, en el de un Estado débil, socavado y cooptado por el crimen
organizado, en un contexto de macro-criminalidad”.
Patrón destacó que, para ambos casos, la
“respuesta del Estado fue similar. Hace 50 años se respondió con asesinatos y
presos políticos. Y ahora, lo que pudo ser un punto de inflexión, el
reconocimiento de la debilidad institucional, término siendo la expresión
máxima del ADN corrupto e impune de este sexenio”.
En este
caso, puntualizó, hay víctimas no sólo
por la desaparición, “sino también por la continuación de violencia por parte
del propio Estado. Esperamos que, con el cambio de gobierno, con la alternancia
se puedan construir procesos de verdad, de memoria y de justicia, porque la paz
pasa por resolver estos casos que marcan la historia del país”.
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