Gustavo Rodríguez González, quien fue
director de comunicación social de Rosario Robles Berlanga a lo largo del
sexenio, renunció hoy a su cargo en la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), después de ser inhabilitado y multado por el
Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol).
En medio de
las investigaciones sobre los desvíos multimillonarios operados en las
gestiones de Robles al frente de la Sedesol y la Sedatu, Rodríguez dijo a Apro que “no sabía” si otros funcionarios que
integraron el equipo de Robles fueron sancionados por el OIC.
El OIC sancionó a Rodríguez porque no
tiene constancia de la campaña de propaganda “Cruzada Nacional Contra el
Hambre, 2 años cumpliendo”, que fue difundida a través de 346 medios de
comunicación en febrero de 2015 –por un costo de 211 millones 284 mil pesos del
erario, como lo reportó Proceso en ese entonces–.
En los
últimos meses, Rodríguez acompañó a
Robles ante los medios para apoyar a la funcionaria en su defensa –basada en
engaños– respecto a las evidencias sobre los desvíos de fondos público-llevados
a cabo en sus gestiones.
Pero hoy, el hombre apareció solo ante un puñado de
periodistas, a los que convocó en la oficina del bufete de abogados Hernández
Pliego, para reiterar su inocencia ante las sanciones del OIC, la cual derivó
de convenios para la elaboración de la estrategia de comunicación social, que
la Sedesol firmó con el ente público Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) en
enero de 2015 y en el que gastó 266 millones de pesos, según la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
RTH fue utilizado en varias ocasiones
por la Sedesol y la Sedatu para triangular sumas millonarias en empresas
fantasmas, a través de esquemas que la ASF designó como “simulación de
servicios”.
Rodríguez exhibió un oficio de abril de 2017 en el
que el director general de Programación y Presupuesto de la Sedesol enlista las
Cuentas por Liquidar Certificadas y los entregables que recibió la Sedesol en
el marco de los convenios; recordó además que la propia ASF señaló que
“respecto de ambos convenios, el prestador del servicio hizo entrega a la SEDESOL
de los trabajos solicitados de los que se verificó la existencia de los
testigos del trabajo realizados (audios, videos, etc.)”.
El hasta hoy funcionario denunció que
el OIC no tomó en cuenta los documentos que presentó. Informó que su proceso
continúa, y aseguró: “estoy seguro que ganaré el caso; tengo las pruebas para
lograrlo”.
A través de
su cuenta de Twitter afirmó que se
defenderá ante las instancias correspondientes y que los entregables se sobre
la campaña de la Cruzada contra el hambre se encuentran en la Sedesol.
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