Julio
Astillero.
¿Fue el
propio juez Felipe de Jesús Delgadillo Bejarano quien puso en la marquesina del
espectáculo mediático-judicial a José Antonio Meade Kuribreña y, de pasada, a
su jefe administrativo y político, Enrique Peña Nieto? Una joyita, se publicó
que había dicho el polémico juzgador, según eso en referencia al significado
que tendría el acta de entrega-recepción que supuestamente habría depositado en
la Secretaría de Desarrollo Social la saliente Rosario Robles Berlanga al
entrante Meade, quien así se habría enterado de las irregularidades pendientes
de esclarecer, referidas a lo que luego sería bautizado periodísticamente como
La estafa maestra.
La joyita se
transformó en humo según el nuevo criterio del sobrino de la diputada morenista
Dolores Padierna. Ya no tuvo urgencia ni necesidad de que le entregaran una
copia certificada del documento que la defensa rosarista decía tener y que
implicaría a Meade una conducta omisa similar a la que llevó a Robles Berlanga
a la cárcel luego de una diligencia judicial de 12 horas.
En su nuevo
giro de criterio, Delgadillo Bejarano consideró que Meade no es un sujeto
activo en el proceso al que podría ser sujeta la dos veces secretaria de Estado
y se allanó a la indicación de un juez de amparo que concedió una suspensión
definitiva para que no se entregara la copia de marras. La misma mañana en que
Robles Berlanga fue encarcelada de manera precautoria, Meade y otro ex
secretario peñista de Hacienda, José Antonio González Anaya, estuvieron en
Palacio Nacional para reunirse con el titular de la SHCP, Arturo Herrera, quien
durante horas pretendió negar que se hubiera realizado un encuentro con sus
antecesores priístas. ¿No te preocupes, Meade?
El
entrampado gobierno veracruzano, a cargo del morenista Cuitláhuac García, logró
deshacerse temporalmente del fiscal general transexenal que le fue heredado por
el panista Miguel Ángel Yunes, aunque la operación legislativa e incluso
policial del caso generó un amplio revuelo y enardeció a los opositores de la
Cuarta Transformación en versión jarocha.
Jorge
Winckler fue removido de manera precautoria en una discutible sesión de la
Comisión Permanente del Congreso de Veracruz en la que se modificó el orden del
día y se argumentó que el fiscal general del Estado habría incurrido en un
presunto incumplimiento de manera constitucional de registro correspondiente y
necesario para ingreso y permanencia del cargo. En específico, se mencionó que
no hay constancia de que haya cumplido con los controles de confianza a los que
están obligados los servidores públicos de áreas como la citada fiscalía.
Por lo
pronto, el gobernador García hace a un lado (habrá de verse con cuánto apego a
la legalidad, durante cuánto tiempo y con cuál costo político) a su adversario
sembrado, Winckler, a quien responsabilizó de detener órdenes de aprehensión
relacionadas con determinado cártel del crimen organizado y de entorpecer, en
general, las acciones de combate a esos grupos criminales que en la entidad
están desbordados y retadores. En los hechos, la disputa entre el gobernador y
el fiscal ha generado condiciones que benefician a los bandos criminales. El
tema ha llegado a las conferencias mañaneras en Palacio Nacional y ha llevado
al propio presidente López Obrador a decantarse en público a favor de su
correligionario y hechura, Cuitláhuac García, y contra el fiscal yunista.
En San
Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo provocó que los panistas lo compararan con Porfirio
Díaz en cuanto a sus avanzadas pretensiones de volver a ser electo presidente
de la mesa directiva de la cámara federal de diputados. Para tal propósito se
aceleraron los trámites que permiten modificar los ordenamientos que hasta
ahora indican entregar el cargo a un panista. Morena, con una evidente mayoría
aplastante de votos en esa cámara, considera que las condiciones políticas han
cambiado y no tiene por qué ceder ese puesto a una minoría derechista. ¡Hasta
mañana!
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