10 años de comedores comunitarios.

Martí Batres.

Este fin de semana, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) del Gobierno de la Ciudad de México celebró los primeros 10 años del Programa de Comedores Comunitarios.

En virtud de que me tocó crear este programa en el año 2009 como secretario de Desarrollo Social de la Ciudad, me invitaron a dicha celebración.

El momento sirvió para reflexionar sobre la naturaleza e importancia del programa.

Esta política emergió como respuesta a la crisis del 2009, misma que ocasionó un elevado encarecimiento de los alimentos y otros bienes y servicios.

Ante esta realidad, cobró fuerza rápidamente la idea de construir comedores comunitarios.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social diseñamos dos modelos: 1) los comedores comunitarios 2) los comedores públicos.

Los primeros quedaron a cargo de la oficina central de la Secretaría. Para su organización se lanzó una convocatoria abierta. Las comunidades de las diversas colonias y barrios presentaron solicitudes, que fueron aprobadas en su caso al cumplimiento de determinados requisitos como espacio físico, instalaciones hidrosanitarias y otras. Por cada comedor se formó un comité administrativo integrado por cinco personas, mismas que se encargarían de todas las labores relacionadas con el funcionamiento del comedor, desde elaborar los platillos hasta lavar los trastes. Para arrancar, a cada comedor se le entregó la infraestructura, que iba desde refrigerador, tarja y estufón hasta mesas, sillas y trastes. Asimismo, de manera constante cada comedor recibió los alimentos no perecederos como granos, pastas, aceites, etc. Cada comedor cobraría 10 pesos por cada comida personal y con lo obtenido adquiriría los alimentos perecederos como carnes, frutas y verduras en el mercado local.

Los segundos, comedores públicos, quedaron a cargo del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS). Las comidas, en este caso, serían elaboradas centralmente en las instalaciones del IASIS en grandes marmitas y distribuidas en vehículos de la institución a diversos lugares de la Ciudad, preferentemente puntos de extrema pobreza y población de calle y zonas de circulación de desempleados. En este caso la comida sería gratuita y la atención a los usuarios correría a cargo del personal de la institución.

Más tarde surgió una tercera denominación, la de Comedores Populares, a cargo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero con un modelo idéntico al de los Comedores Comunitarios.

Los tres tipos: los Comedores Comunitarios de la oficina central de la Secretaría de Desarrollo Social; los Comedores Públicos del IASIS y los Comedores Populares del DIF, quedaron englobados bajo la denominación de Comedores Sociales.

Todos ellos, cientos de comedores, quedaron distribuidos por la totalidad de la Ciudad. Se convirtieron en un medio muy eficaz para garantizar el acceso al ejercicio del derecho a la alimentación.

Pero también coadyuvaron a un fin aún mayor: fueron un vehículo para construir comunidad. Se convirtieron en el espacio, el punto de encuentro de vecinas y vecinos, en un lugar de ayuda mutua, en el medio de conocimiento y respeto de la gente. Así se fortalecieron los lazos de solidaridad y fraternidad, la responsabilidad de las personas y su vocación de servicio.

El programa de comedores tuvo un gran éxito. Pronto se convirtió en uno de los más conocidos y reconocidos en la Ciudad. Intelectuales como Paco Taibo o Andrés Lajous los visitaron, comieron en ellos y escribieron de ellos. Actrices y actores de la ANDA abrieron uno.

Siete años después de su creación, la agencia alimentaria de Naciones Unidas les otorgó un reconocimiento. Y a consecuencia de ello y de la lucha de las comunidades finalmente se aprobó en la Asamblea Legislativa la Ley de Comedores Sociales, que los convierte en un derecho formal de los habitantes de la Ciudad de México.

Podemos afirmar que se convirtieron también en referente reproductor de la cultura culinaria local, en forma de participación social, medio efectivo del ejercicio de un derecho y punto de referencia de la política social.