La simulación.

Javier Risco.

Se trató de una simulación. Una fábrica de engaños, de apariencias, de que sus gobiernos iban en la dirección correcta con una estrategia que no tenía ni pies ni cabeza. Pensaron que mostrando el show de las detenciones de “grandes” capos era suficiente. Hoy, un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad devela el sistema judicial de papel que tuvimos los últimos 12 años, y cómo los “objetivos prioritarios” se reían de la autoridad mexicana.

Todos recordamos esas presentaciones, por lo general eran al mediodía, la nota fresca para los noticieros de la 1 de la tarde. En el hangar de la Policía Federal o de la Procuraduría General de la República, aparecían varios elementos federales escoltando al detenido o a la detenida, se leía el curriculum criminal y, frente a ellos, una mesa con los objetos con los que habían sido detenidos; por lo general eran armas de grueso calibre, dinero en efectivo, celulares. Los medios de comunicación transmitíamos la detención en tiempo real, otro narcotraficante detenido y NADA cambiaba. Se desarticulaba una célula “muy importante”, era la “detención del siglo”, se daba un “duro golpe a la organización criminal”, bla, bla, bla. Al final, la mayoría de los detenidos sonreía, como si supieran desde antes que su detención era pasajera, y así lo fue en la mayoría de los casos.

De acuerdo con la investigación hecha por las periodistas Laura Sánchez Ley y Zorayda Gallegos, “en 12 años que duró la guerra contra el narcotráfico en México, las autoridades detuvieron y exhibieron a 233 personas señaladas como los más buscados del país, ya sea porque fueron anunciados en acuerdos de recompensa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en informes de gobierno o catalogado como “objetivos prioritarios” por ser miembros de la delincuencia organizada, específicamente de cárteles del narcotráfico. De este total sólo lograron 13 sentencias irrevocables ante el Poder Judicial.

Diez de ellas fueron por delitos menores de portación de armas, con penas de 1 a 5 años –como en el caso de Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico–; una por lavado de dinero –la de Vicente Carrillo Leyva–, y sólo dos por delincuencia organizada”. Tribunales de papel, la guerra contra el crimen organizado se pierde también en el eslabón más importante, en el de las consecuencias, el castigo. Lo dijo bien en su carta de presentación el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero: nuestro país carga un 98% de impunidad, y en los “objetivos prioritarios” no fue la excepción.

Los gobiernos de Peña Nieto y Calderón fueron un fracaso, ¿qué nos está ofreciendo el gobierno de la cuatro en materia de justicia? Han dicho que no le apostarán a las detenciones de líderes del narco, pero qué estrategia siguen para que SÍ se aplique la ley, para que los integrantes del crimen organizado sí estén tras las rejas y con una sentencia justa por los delitos cometidos. Lo pregunto porque la violencia no cesa, porque los asesinatos en masa siguen ocurriendo y porque la muestra más reciente del poder del Cártel de Sinaloa en Culiacán (el fallido operativo para detener a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera) y del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán (la emboscada a cuatro patrullas a inicio de este mes) pone a temblar a cualquier autoridad en campo, ¿qué pasaría con los delincuentes detenidos en ambos casos?

Ha quedado expuesta la justicia de papel. Los expedientes se acumulan, la nueva administración no va por grandes capos, pero tiene los mismos juzgados. El corte de caja de los dos sexenios anteriores es dramático, la guerra contra el crimen no ha sido más que una simulación.