Por Manu Ureste.
La construcción de dos túneles sobre fallas sísmicas activas
en Morelia, una obra que geólogos, arquitectos e ingenieros denunciaron hace
siete años que pone en riesgo la vida de al menos 14 mil personas, ya presenta
fisuras y grietas a un año escaso de su inauguración.
La obra del Libramiento Sur de Morelia fue iniciada en 2012
por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) durante el sexenio de
Felipe Calderón, y continuada en la administración de Peña Nieto que debía
concluirla en su totalidad en 2018. Sin embargo, en la actualidad, la obra solo lleva un
avance del 20%.
De los 19.4 kilómetros que constan los cinco tramos de todo
el proyecto, solo se han construido 4 kilómetros relativos al Tramo Ramal
Camelinas. El tramo, precisamente, que conecta la principal avenida de Morelia
con un mega complejo urbanístico y comercial de alto standing ubicado en la
parte alta de la capital michoacana conocida como la Loma de Santa María.
Por esos 4 kilómetros de obra, la SCT gastó más de mil
millones de pesos,
según informó en una solicitud de transparencia pública. Es decir, que cada
kilómetro costó 274 millones de pesos a los mexicanos.
Animal Político publicó en 2013, en la investigación
periodística Ecocidio en Morelia, que la construcción de esos 4 kilómetros
también pone en riesgo el equilibrio ecológico de un Área Natural Protegida y
la zona de recarga de acuíferos que surte de agua a diario a millones de
personas en Morelia.
Ahora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la
que señaló en su último informe múltiples irregularidades en la construcción
del Tramo Ramal Camelinas, que van desde las mencionadas fisuras en los
túneles, aunque la SCT aseguró que no suponen un riesgo para las estructuras ni
para los ciudadanos, hasta observaciones en el gasto de más de 36 millones de
pesos que no se sabe en qué fueron invertidos.
A pesar de todo lo anterior, el dos de noviembre del año
pasado, Gerardo Ruíz Esparza, entonces aún titular de la SCT, presumió la
conclusión de esos 4 kilómetros -el 20% de todo el proyecto- como un ejemplo de
las promesas cumplidas de la administración del presidente Peña Nieto.
No se tomaron medidas para garantizar seguridad.
De acuerdo con el informe de cumplimiento de inversiones
físicas -número 356-DE-, el pasado mes de agosto personal técnico de la
Auditoría hizo una revisión de los dos túneles del tramo Ramal Camelinas del
Libramiento Sur de Morelia, los cuales fueron construidos sobre una zona
inestable por la que geólogos de la Universidad Michoacana y de la Universidad
di Firenze, en Italia, documentaron que pasan hasta tres fallas sísmicas activas:
La Paloma, Altozano y Río Chiquito.
La Auditoría detectó que, a tan solo un año de inaugurarse
ese tramo, los dos túneles ya presentan fisuras y grietas en el concreto
hidráulico que se utilizó para su construcción, debido a que la SCT “no vigiló
ni controló” la calidad de los trabajos de la obra, incumpliendo el Reglamento
de la Ley de Obras Públicas.
La SCT, por su parte, respondió a la observación de la
Auditoría asegurando que esas fisuras no ponen en riesgo la estructura de los
túneles, ni la vida de los usuarios, y que ya tomó varias medidas para
repararlas y vigilar su evolución.
Por ejemplo, la dependencia federal señaló que inyectó un
tipo de resina en las fisuras para evitar desprendimientos de concreto. Y que
puso un tipo de yeso en las grietas diagonales “para observar su comportamiento
en el tiempo y en su caso tomar las acciones preventivas que correspondan para
la seguridad de la obra”.
Sin embargo, la SCT no entregó el dictamen técnico, ni
ninguna documentación que acredite que, en efecto, hizo esos trabajos de
reparación en los túneles.
Por lo que la Auditoría mantuvo la observación, y ordenó al
Órgano Interno de Control de la SCT que investigue la actuación de los
funcionarios públicos de la dependencia federal, para determinar si hay
elementos para sancionarlos.
“Lo anterior se determinó -expuso la Auditoría- a razón de
que, a la fecha de la integración de este informe (17 de octubre pasado), no se
habían tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las obras
y, en consecuencia, de los usuarios”.
“Alto riesgo geológico”
Estas fisuras y grietas surgen luego de que estudios como el
elaborado en 2012 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a
petición de la propia SCT, desaconsejaban la construcción de esos dos túneles.
El estudio de los ingenieros de la UNAM, que estuvo reservado
por la SCT dos años, hasta que ya habían iniciado las obras, advertía que el
proyecto era “de alto riesgo geológico” y que podría implicar graves
consecuencias para la población y el medio ambiente, por lo que concluía que el
trazo de la vialidad debía ser modificado para evitar las zonas de riesgo
geológico por las fallas sísmicas activas.
Y la UNAM no fue la única en advertirlo: dictámenes de
Protección Civil de los tres niveles de gobierno también señalaron los riesgos
de la construcción de los dos túneles en el Tramo Ramal Camelinas.
Mientras que arquitectos, ingenieros y geólogos, como la
maestra en Desarrollo Urbano de la UNAM, Patricia Ávila, y el geólogo Víctor
Hugo Garduño, quien fue director del Instituto de Investigaciones en Ciencias
de la Tierra de la Universidad Michoacana, también desaconsejaron tajantemente
el proyecto.
“Si seleccionáramos un sitio no adecuado para construir dos
túneles, como geólogos, elegiríamos este lugar donde hay tres fallas sísmicas
activas”, dijo el Garduño en una entrevista como parte del especial Ecocidio en
la Loma, publicado en noviembre de 2013, en el que advirtió que un derrumbe de
ladera en la zona donde desembocan los túneles se expandiría hasta 500 metros
cuesta abajo.
Esta situación pondría en riesgo a los vecinos de la colonia
Ocolusen, y de otras colonias como La Floresta, Periodistas, y Jardines del
Rincón, donde viven aproximadamente 14 mil personas, según un censo del INEGI.
En esa misma investigación periodística, ecólogos,
investigadores y académicos, también denunciaron que la construcción de los
túneles, más un viaducto, podría ocasionar daños ambientales al ecosistema y a
los mantos freáticos de la Cuenca del Río Chiquito que nutren de agua a
Morelia, evitan inundaciones, y ejercen una función vital en el sostenimiento
del suelo en una zona potencialmente sísmica.
Incluso, la Secretaría de Hacienda canceló en noviembre de
2012 la clave de la obra debido a que no contaba con todos los requerimientos
jurídicos, técnicos y ambientales.
Más irregularidades.
Además de las grietas en los túneles, la Auditoría realizó
otras observaciones derivadas de la construcción del Libramiento Sur.
Otra de las más importantes es que hay inconsistencias en
cuanto al avance de la obra. La SCT reportó un avance acumulado del 52% al
señalar que finalizó 10 kilómetros de los 19.4 del total de la obra, argumentando
que el resto no se inició “por situaciones de problemática y la falta de
liberación del derecho de vía”.
Sin embargo, la Auditoría señaló de nuevo que la SCT no
presentó documentación que acredite que ejecutó 10 kilómetros de obra, por lo
que mantuvo la observación “toda vez que solo ha ejecutado trabajos en el Ramal
Camelinas con una longitud de 4.0 kilómetros, que equivale al 20.6% de la
longitud del proyecto”.
Además, la ASF detectó que la SCT, durante la
administración pasada de Gerardo Ruiz Esparza y el presidente Peña Nieto, gastó
36 millones 410 mil pesos en esta obra sin que, a la fecha, haya aclarado en
qué los invirtió.
Por ejemplo, la SCT gastó 7 millones 308 mil pesos en
“conceptos extraordinarios” que no se encontraban dentro del objeto del
contrato de la obra.
La SCT también pagó 6 millones 705 mil pesos por conceptos
de obra y por servicios de los que no hay pruebas que acrediten su ejecución, y
otros 2 millones 469 mil pesos por la adquisición de equipos que “no están
suministrados ni colocados”.
Además, la SCT adjudicó contratos sin justificar por qué
desechó el proceso de licitación pública que favorece la competencia entre
empresas para obtener un mejor precio y mejores condiciones para el Estado,
como lo marca la Constitución mexicana.
Desde el inicio de la obra en 2012, el Libramiento Sur de
Morelia generó una fuerte controversia entre los habitantes de la capital
michoacana.
Por un lado, grupos de ciudadanos integraron asociaciones
como Unidos por Morelia, o Di Sí a La Loma, desde donde defendieron la
necesidad y la importancia de construir el tramo Ramal Camelinas para dotar de
accesos a la zona de la Loma de Santa María, en la parte alta de la capital
michoacana.
En una carta publicada por Animal Político en noviembre de
2014, Alfonso Cervantes, integrante de Unidos por Morelia, señaló que en la
Loma de Santa María, además de centros residenciales de alto standing, también
hay múltiples escuelas y centros educativos. Por lo que recalcó que se requería
de “accesos dignos” para que 40 mil personas puedan acceder a diario a las
escuelas y centros de trabajo, sin colapsar la zona.
Y, por otra parte, grupos de ciudadanos y activistas formaron
grupos como el Movimiento en Defensa de la Loma de Santa María, que desde 2012
rechazó el proyecto por los impactos ambientales y los riesgos geológicos que
implica.
Este grupo también denunció que el proyecto del
Libramiento Sur escondía la intención de solo construir los 4 kilómetros del
tramo Ramal Camelinas, el cual ha tenido un costo de 1 mil 096 millones de
pesos, tal y como informó la SCT vía transparencia pública en un oficio fechado
el pasado 27 de mayo.
Motivo por lo que consideran que se trata de una carretera de
‘elite’, diseñada solo para aumentar la plusvalía de los complejos residenciales
y comerciales de la Loma de Santa María, ignorando las otras cuatro fases de la
obra que habrían beneficiados a otras colonias populares y a las zonas ejidales
de la parte alta de Morelia, como Santa María o el ejido Jesús del Monte.
“Desde un inicio lo advertimos: la SCT solo tenía el interés
de construir el Tramo Ramal Camelinas y no le interesaba el resto del
Libramiento Sur de Morelia”, apuntó en entrevista con este medio Moctezuma
Madrigal, integrante del Movimiento en Defensa de la Loma de Santa María.
“Y, ahora, este informe de la Auditoría solo viene a
corroborar las irregularidades que llevamos señalando desde hace siete años:
que la obra del Libramiento Sur es de mala calidad, riesgosa, que no se ha
concluido al 100%, y que es una carretera de elite en la que se ha gastado más
de mil millones de pesos de todos los mexicanos”, hizo hincapié el
activista.
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