Agredidos ni agraviados: Las relaciones civiles-militares en México.

General Gallardo

A raíz de las declaraciones del divisionario Diplomado de Estado Mayor Carlos Gaytán Ochoa, López Obrador, descartó “intentos de conspiración” en relación a los resultados del operativo de octubre pasado en Culiacán.

En una conferencia mañanera, el mando supremo, respondió a las críticas del militar, lo cual da a entender que “existen discrepancias de parte de militares, por el actuar del Gobierno y su trato hacia las fuerzas armadas.

El entuerto provocó una preocupación de medios, analistas e intelectuales, cierto hay sinsabor no sólo en estos sectores y en la sociedad, sino entre los militares, pero las declaraciones del militar, no pasan de ser una baladronada, de un mando con turbio pasado que auspició la participación activa del Ejército en asuntos que prohíbe la Constitución general y la ley militar.

Queda prohibido a todo militar, desempeñar funciones de policía urbana o invadir las funciones de ésta… Los militares, de cualquier graduación, no intervendrán jamás en asuntos de la incumbencia de las autoridades civiles… Art. 28, 29 RGDM.

El militar no deberá elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas imputaciones o cometer indiscreciones respecto de los actos del servicio… Todo militar que se exprese mal de sus superiores en cualquier forma, será severamente castigado… Cuando el militar eleve quejas infundadas, haga públicas falsas imputaciones contra sus superiores o cometa indiscreciones en asuntos del servicio, será castigado con arreglo al Código de Justicia Militar. Art. 12, 16 y 17 LDM.

A falta de valor civil para enfrentar una orden del Presidente, el discurso es convocado y apoyado por el mismo, General Secretario Luis Crescencio Sandoval.

Lo que lleva a concluir que México carece de una relación civil-militar democrática, donde el poder militar esté sometido al poder civil, la no deliberación de los militares en asuntos políticos. Art. 129 c

He seguido atento las “propuestas” relativas a la seguridad para lograr la paz, la estrategia que ella plantea, es equivocada, pues la seguridad pública no tiene que ver con militares, no tiene que ver con el Ejército, no tiene que ver con políticas represivas o cárceles, ni con ocurrencias e improvisaciones.

 Hay que cambiar los parámetros sobre cómo se concibe la seguridad pública: de una visión de control social y de maniobras perversas en contra de la sociedad para sostener un régimen autoritario y depredador, continuado incluso por la 4t, a otro donde se piense la seguridad pública, como una función del Estado, como un bien público, como un derecho humano, que quien el único que lo debe prestar es el Estado.   

 Mas cuando en México históricamente la clase política nacional, les ha adjudicado a los militares, claro con su complacencia y cobros de factura, la seguridad pública, facultad y única responsabilidad constitucional atribuida a las autoridades civiles en el ordenamiento federal (Art. 21), aquí incluiría el sistema de seguridad y justicia de las comunidades indígenas o de los grupos de autodefensas surgidos en Michoacán, ahora con presencia en 11 entidades federativas. Cómo se puede ocultar la legitimidad de un movimiento social, a falta de Gobierno, de justica o por la interrupción de la observancia constitucional. (Informe CNDH/2013)  

Quizá no tenga la facilidad para darme a entender, “No hay que confundir las cosas por muy parecidas que las creamos”. La situación de las relaciones entre civiles y militares ha carecido de estudios serios. La única teoría que tiene amplia aceptación derivada de las premisas del liberalismo americano, es la investigación que realizó sobre el tema Samuel P. Huntington en 1956. (El Soldado y el Estado: Teoría y Política de las relaciones civiles-militares)

Huntington sustenta en su análisis dos hipótesis: La primera, supone que las relaciones civiles-militares, en cualquier sociedad, deben ser estudiadas como un sistema de partes interdependientes.  Define como principales componentes del sistema tres situaciones: A.- La posición formal, estructural, de las instituciones militares en el Gobierno; B.- El papel informal y la influencia de los grupos militares en la política y en la sociedad a la larga; y C.- La naturaleza de las ideologías de los conjuntos militares y no militares.

Como partes de un sistema total, ninguno de estos componentes puede cambiar sin provocar efectos en los demás conjuntos. Cualquier sistema de relaciones civiles-militares involucra así un difícil equilibrio de poder; de un lado, entre la autoridad, influencia e ideología de los militares; y del otro, entre la autoridad, influencia e ideología de los grupos civiles.   En este contexto, el equilibrio puede ser conseguido de varias formas.

La segunda hipótesis señala que, partiendo de ciertas premisas concernientes a la naturaleza y al propósito de las instituciones militares, es posible definir en abstracto ese tipo particular de equilibrio -control civil objetivo- que maximiza la seguridad militar.

Utilizando este enfoque, es posible visualizar hasta qué punto el sistema de relaciones civiles-militares tiende a mejorar o a deteriorar la seguridad militar de una sociedad determinada.  Es también posible sugerir los cambios necesarios en las partes componentes del sistema para aproximarlo al punto de equilibrio, es decir, al control civil objetivo.

Así las cosas, Huntington considera que las relaciones civiles-militares son un aspecto de la política de seguridad nacional.  El objetivo de la política de seguridad nacional es mejorar la seguridad de las instituciones sociales, económicas y políticas contra amenazas que provienen de otros Estados independientes o de índole subversivo desde el orden interno.

La política de seguridad nacional puede manifestarse en tres formas:  A.-  La política de seguridad militar: Es un programa de actividades planeado para disminuir o neutralizar los  esfuerzos destinados a debilitar o destruir a la nación, realizados por fuerzas armadas que operan fuera de sus límites territoriales; B.-  La política de seguridad interna: Trata de la amenaza de subversión; es decir, el esfuerzo destinado a debilitar o destruir al Estado, impulsado por fuerzas que operan dentro de sus límites institucionales y territoriales; C.-  La política de seguridad situacional: Concierne a la amenaza de erosión proveniente de cambios a largo plazo en las condiciones sociales, económicas, demográficas y políticas que tienden a reducir el poder relativo del Estado.

Esta visión de la política de seguridad nacional en cada una de sus manifestaciones, militar, interna y situacional, se desarrolla en dos planos, uno institucional y otro operativo. El plano operativo, implica los medios inmediatos a que se apela para afrontar las amenazas a la seguridad.  El plano institucional trata la manera en que la política operativa es concebida, formulada y ejecutada. Las relaciones civiles-militares son el principal componente de la política de seguridad militar.

Los planteos o conclusiones operativas inmediatas de la política militar, involucran normalmente: los planteos o conclusiones cuantitativos de los recursos del Estado dedicados a las necesidades militares; los planteos o conclusiones cualitativos de la organización, composición, equipamiento y empleo de las fuerzas militares; y los resultados dinámicos de la utilización de las fuerzas militares de cuándo y bajo qué circunstancias serán puestas en acción.

La naturaleza de las resoluciones sobre estos asuntos es determinada por el esquema institucional a través del cual se toman esas decisiones. Los temas fundamentales de la política institucional están siempre presentes, son continuamente redefinidos, pero nunca resueltos. El ordenamiento de las relaciones civiles-militares, por consiguiente, es básico para determinar la política de seguridad de la nación.  El objetivo de esta política en el plano institucional es desarrollar un sistema de relaciones civiles-militares, que realcen en grado máximo la seguridad militar con el menor sacrificio de otros valores sociales.  El logro de este objetivo comprende  un intrincado equilibrio de poder y de actitudes entre los grupos civiles y militares.   Las naciones que logran un esquema balanceado en las relaciones entre civiles y militares, poseen una gran ventaja en su búsqueda de la seguridad.  Por otra parte, las naciones que fracasan en desarrollar un sistema cívico-militar [civil-militar] bien balanceado, malgastan sus recursos y se exponen a riesgos incalculables.

Las instituciones militares de cualquier sociedad están conformadas por dos impulsos; por un lado, el imperativo funcional que surge de las amenazas a la seguridad de la sociedad,  y por el otro, el imperativo social proveniente de las fuerzas sociales, ideologías e instituciones dominantes dentro de la sociedad.

Las instituciones militares que reflejan sólo los valores sociales pueden verse incapacitadas para ejercer sus funciones militares eficazmente. Por otra parte, puede ser imposible contener dentro de una sociedad instituciones militares formadas puramente por imperativos funcionales. La interacción de estos dos impulsos constituye la esencia del conflicto en las relaciones civiles-militares. El grado en que ambos impulsos o fuerzas entran en confrontación depende, por una parte, de la intensidad de las necesidades de seguridad, y por la otra, de la naturaleza y fuerza del esquema de valores de la sociedad. El ajuste y equilibrio entre estos componentes de las relaciones civiles-militares no viene solo, algunas sociedades pueden ser inherentemente incapaces de proporcionar las bases adecuadas para su propia seguridad militar. Tales sociedades carecen de valores de supervivencia en una época de continuas amenazas.

Siendo plausible lo hasta aquí asentado, nos preguntamos: ¿Qué esquema de relaciones civiles-militares mantendrá mejor la seguridad de una nación?

Lo primero que tiene que considerarse en las relaciones civiles-militares es el trato que tiene el Estado con el cuadro de oficiales. En este espacio es donde llega al máximo el conflicto entre las presiones que surgen del imperativo funcional y las provenientes del imperativo social.

Por una parte, el cuadro de oficiales es el elemento dirigente activo de la estructura militar y es responsable de la seguridad de la comunidad.  Por la otra, el Estado es el elemento dirigente activo de la sociedad, y es el responsable de la distribución de recursos entre los valores sociales, incluyendo la seguridad militar.   En consecuencia, al analizar las relaciones civiles-militares, lo primero que hay que definir es la naturaleza del cuadro de oficiales. ¿Qué clase de corporación es el cuadro de oficiales?  ¿Qué ralea de hombre es el oficial militar?

El moderno cuadro de oficiales es un organismo profesional y el actual oficial militar es un hombre profesional.  Una profesión es un tipo peculiar de grupo funcional de características altamente especializadas. El profesionalismo es característico del oficial moderno en la misma forma que se caracteriza el médico o el abogado.

El profesionalismo distingue al oficial militar de hoy en día del guerrero de otras épocas. La existencia del cuadro de oficiales como cuerpo profesional da característica única al problema moderno de las relaciones civiles-militares.

La naturaleza de otras profesiones como profesiones, así como su historia, ha sido ampliamente discutida. Sin embargo, el carácter profesional del moderno cuadro de oficiales ha sido descuidado. En nuestra sociedad, el hombre de negocios puede manejar más dinero, el político más poder, pero el profesional puede manejar más respeto.

Cuando el término profesional ha sido empleado en relación con los militares, casi siempre lo ha sido en el sentido de profesional como opuesto al amateur, más que en el sentido de profesión en contraste con comercio u oficio.  Las frases “ejército profesional” y “soldado profesional” han oscurecido la diferencia entre el “enganchado”, que es profesional en el sentido de uno que trabaja por ganancias monetarias, y el oficial de carrera, que es profesional en el sentido, muy diferente, del que persigue “un puesto más alto en el servicio de la sociedad”.

La seguridad pública, debe descansas en esta relación civil-militar, donde el poder militar esté sometido, subordinado absolutamente al poder civil del Estado. Cualquier Gobierno por más legítimo que llegue al poder, incluso con el cien por ciento de la votación, si no tiene este cimiento NO PODRÁ GOBERNAR, porque va en contra del orden constitucional, por tanto, la gobernación será nula de pleno derecho.

Esta definición llevó a los Estados Unidos a convertirse en el país más poderoso del mundo. La prohibición del uso de las tropas militares en las tareas de seguridad se decretó desde 1854. “Las fuerzas armadas están diseñadas para pelear en la guerra, mientras que las fuerzas policiales están diseñadas para hacer cumplir la ley”.

En las condiciones de abdicación del poder civil, la 4t no está en condición de establecer una relación civil-militar, donde esté sometido el Ejército a los controles institucionales.