Aliados de José Antonio Meade, intocados en el SAT.

Ricardo Ravelo.

A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó, desde el arranque de su administración, realizar una “purga” en las áreas estratégicas del Gobierno, el viejo régimen prevalece: mantiene sus piezas en operación: se trata de funcionarios que sirvieron presuntamente a la corrupción, durante el sexenio pasado, y que ahora ocupan cargos importantes en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), extrañamente para combatir ese flagelo que tanto ha dañado a México.

Dependiente de la Secretaría de Hacienda, el SAT es una de las áreas donde se han efectuado limpias exhaustivas por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador que ha cumplido muy bien su titular, Margarita Ríos-Farjat. Pero no ha sido suficiente. Todavía quedan restos de la vieja corrupción priista, aunque el mandatario diga que este flagelo ya se terminó.

A un año de Gobierno, por ejemplo, todavía no hay cambios en las administraciones de auditorías del país y los administradores, según nos comentan fuentes del SAT, están muy a gusto enriqueciéndose a manos llenas mediante favores especiales que realizan a empresarios importantes que se niegan a pagar impuestos.

En la mayoría de los casos, los actuales administradores de auditoría ni siquiera han hecho carrera en el SAT: se trata de recomendados de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda que arribaron a esos cargos desde el sexenio anterior. En otros casos, dichos funcionarios simplemente compraron la plaza porque la venta de cargos públicos era una práctica muy socorrida, lo que impide que servidores públicos con carreras hasta de 25 años se queden fuera de toda posibilidad de ascenso.

A principios de año, se dijo que los administradores de auditoría serían cambiados, pero no fue así. Una diferencia importante, sin embargo, se presentó en la Administración General de Aduanas (AGA), una cloaca de corrupción, que empezó a ser ordenada tras el arribo de Ricardo Ahued, con muchos problemas y riesgos, ya que esa área del SAT estaba controlada por el crimen organizado, cuyas redes tampoco han sido cortadas del todo, ya que por las 49 aduanas todavía cruzan armas, droga y todo tipo de precursores químicos. Estos últimos provienen de Asia.

Cuando Margarita Ríos-Farjat asumió la titularidad del SAT una de las instrucciones que recibió del Presidente fue la de llevar a cabo una verdadera purga dentro de la institución. Se entendía que esta lucha no sería fácil, sin embargo, esta mujer de mano de hierro comenzó a cortar algunas cabezas: eliminó a Ricardo Peralta de la Administración General de Aduanas – señalado como un “corruptazo protegido” –que ya estaba haciendo jugosos negocios junto con una amplia red de funcionarios en las aduanas de los aeropuertos.

En mayo de este año, fueron despedidos 18 funcionarios por estar implicados en actos de corrupción. Entre otros, cesaron a Margarito Martín Saldaña y Erwin Lindirman Loyola, administradores de las aduanas de Manzanillo y Pantaco, respectivamente. El SAT dijo que la causa de su remoción fue porque “estaban implicados en actos de corrupción”.

LOS QUE FALTAN.

Sin embargo, en el SAT no todo es combate a la corrupción. También hay consentidos y protegidos que por esta razón han permanecido en sus cargos a pesar de la transición.

Y es que nadie se explica, por ejemplo, por qué dos mujeres ligadas a José Antonio Meade –ex Secretario de Hacienda y ex candidato presidencial –se mantienen en sus cargos y prácticamente son intocadas pese a que durante el sexenio pasado fueron señaladas de prohijar y solapar la corrupción en el SAT.

Se trata de Norma Osorio Albarrán, quien hasta hace poco estuvo a cargo del área de asuntos internos (Administración General de Evaluación). Antes había fungido como titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, cuando Enrique Peña Nieto fue Gobernador, un Gobierno que se recuerda por su corrupción impune y porque, desde el poder, Peña Nieto dispuso de sumas multimillonarias para apuntalar su candidatura a la Presidencia de la República, a través de Televisa, su principal promotora y cómplice.

Ahora, Osorio Albarrán está al frente de la Administración Central de Procedimientos Especiales, que es la Unidad Administrativa de la Administración General de Evaluación y se encarga de investigar los actos de corrupción en los que incurren los servidores públicos del SAT. Nada menos y nada más.

Es curioso que perteneciendo al llamado viejo régimen –el de la corrupción que hundió a este país –esta mujer haya sobrevivido a la guillotina de la llamada Cuarta Transformación. ¿Desconocimiento? ¿Complicidad? ¿Acuerdos internos? ¿Negociaciones con José Antonio Meade? Nadie sabe.

Norma Osorio Albarrán no opera sola: su brazo derecho es Karina Venizelos Toledo. De acuerdo con sus antecedentes, se reincorporó al SAT en 2016 por indicaciones de Ignacio Vázquez Chavolla, identificado como uno de los principales operadores políticos de José Antonio Meade Kuribeña.

Venizelos Toledo funge como directora de área en la Administración General de Evaluación y durante algún tiempo trabajó al lado de Luis Alberto Peredo Jiménez -también cercano a Meade – quien lo recomendó con Alfredo de Mazo, Gobernador del Estado de México, para que ocupara un cargo en el gabinete ampliado.

Alberto Peredo es hijo de Carlos Peredo Merlo, quien fue procurador de justicia de Morelos cuando Jorge Carrillo Olea fue Gobernador de esa entidad. Durante ese Gobierno, Peredo Merlo fue señalado de proteger al crimen organizado, particularmente al Cártel de Juárez, entonces a cargo de Amado Carrillo Fuentes, quien ocupó la tierra de Emiliano Zapata como un bastión para su grupo criminal.

A Peredo Merlo se le implicó en la protección de bandas dedicadas al secuestro, robo de autos y otros ilícitos, por lo que fue arraigado por la Procuraduría General de la República junto con Jesús Miyasawa Álvarez, entonces titular de la Policía Judicial del Estado de Morelos y otros funcionarios.

La red que dejó José Antonio Meade en el SAT es amplia y sigue operando sin mayores incomodidades: Karina Venizelos, de acuerdo con su historial, también es muy cercana a Arturo Téllez Yurén, quien fue titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda con Meade; posteriormente fue Administrador General de Auditoría Federal, cargo que ocupó hasta noviembre de 2017. Después se incorporó como coordinador de la campaña presidencial del exsecretario de Desarrollo Social y exsecretario de Hacienda.

Venizelos también fue brazo derecho en el Órgano Interno de Control del SAT cuando Norma Osorio era titular de esa área. De acuerdo con fuentes consultadas, quienes conocen bien su historial y su desempeño, ambas “son conocidas por sus escasos resultados en el combate a la corrupción y por ser las tapaderas de altos funcionarios que se han enriquecido en el SAT”, entre otros, los ya mencionados.

Tanto Norma Osorio Albarrán como Karina Venizelos han puesto en práctica un modus operandi para simular el combate a la corrupción y, por ello, han ganado mala fama porque suelen perseguir a servidores públicos de bajo perfil mediante la integración de expedientes de corrupción que, se asegura, tiene como objetivo “desprestigiarlos basándose en chismes recogidos en los pasillos del SAT que carecen de sustento”. Sin embargo, los llamados peces gordos ligados a Meade “son intocados”.

Eso sí, con esos expedientes, crean “cajas chinas” y, hábilmente, entretienen a los altos mandos del SAT, distraen la atención de los asuntos relevantes y así logran proteger a la red de cómplices, mientras que la corrupción sigue desatada al más alto nivel y Ríos-Farjat ni siquiera se da cuenta.

Aunque es público que el Presidente López Obrador ha girado las instrucciones pertinentes para abatir la corrupción en el SAT, las cosas ahí adentro no están del todo saneadas. No estamos diciendo con esto que Ríos Farjat esté implicada o sea tapadera. Al contrario, ella ha realizado su mejor esfuerzo en el combate a la corrupción. Es probable que esta red de Meade dentro del SAT haya pasado desapercibida, hasta ahora, y esa sea la razón por la que han escapado de los reflectores o, dicho de otro modo, de la guillotina anticorrupción.