Por Andrea Vega.
Con el afán de demostrar que en Yucatán no hay una crisis de
seguridad como en otras entidades, las autoridades locales recurren a prácticas
como la tortura para castigar delitos comunes, e invisibilizan las violaciones
a derechos humanos, así lo han documentado a la largo de varios años organizaciones
como Elementa DDHH, el Equipo Indignación y Amnistía Internacional.
La premisa en este estado es: “somos la entidad más segura
del país y lo vamos a seguir siendo, aunque se paguen ciertos precios”, dicen
las investigadoras y activistas Renata Demichelis Ávila y Adriana Muro Polo, de
la organización Elementa DDHH, con sedes en Colombia y México, quienes este 21
de noviembre presentaron el informe Derechos Humanos en Contexto, centrado en
esta primera entrega en Yucatán, pero que analizará después otras entidades del
país.
En Yucatán, afirmó Muro, “la idea es: si robas, parte de
tu castigo va a ser la tortura y hay una aceptación social de eso, con tal de
mantener la seguridad”.
Elementa DDHH logró documentar, a través de transparencia,
que tan solo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, en ocho meses, se
generaron un total de 222 actas de investigación en la Unidad de Investigación
y Litigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía General del
estado, eso daría un promedio de casi un caso por día. De estos, 141 siguen en
etapa de investigación y 81 ya fueron determinadas, aunque no se especificó en
la respuesta en qué sentido.
Ya antes del informe de Elementa DDHH, otras
organizaciones y activistas habían denunciado lo mismo. La organización civil
Equipo Indignación ha advertido que el aparato de seguridad en Yucatán se
utiliza para torturar y mantener bajos índices de criminalidad, así como el
aparente contexto de paz y tranquilidad que vive la ciudadanía.
En su informe Tortura, encubrimiento e impunidad, el otro
“escudo” del gobierno de Yucatán, Indignación señala que el publicitado y
costoso programa “Escudo Yucatán”, implementado en el gobierno estatal
anterior, olvidó establecer los mecanismos para proteger a la ciudadanía de los
abusos policíacos y de su extremo criminal: la tortura.
No solamente permanecieron impunes casos como el de Roberth
Tzab Ek, quien murió en 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura,
dice el informe, “sino que se continuó cometiendo de manera sistemática
mientras que el gobierno encubrió a los responsables y la fiscalía omitió
investigar”.
Cuatro años después, en 2014, un joven de 18 años fue
detenido, acusado de robar un bulto de cemento. La policía estatal llegó a su
casa de madrugada, despertó a patadas a la familia y se llevaron detenidas a
tres personas, entre ellas un menor de edad. Al joven acusado de robo lo
torturaron y le simularon una violación. La Codhey cerró el caso cuando
cambiaron a los policías de zona.
En 2016, dos casos más saltaron al ámbito público, el de
José Adrían, adolescente torturado por policías municipales de Chemax, y la
tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal por elementos de la
Gendarmería de la Policía Federal.
Para Martha Capetillo, abogada de Indignación, la tortura
y las detenciones arbitrarias en Yucatán son sistemáticas, “pero también lo es
el encubrimiento hacia quienes los perpetran, los mismos policías amenazan a
las víctimas con no denunciar, la Codhey no hace su trabajo, nadie investiga,
esto está tolerado y normalizado”.
El único caso de tortura que ha sido llevado a juicio en Yucatán
ha sido el que se filmó y divulgó en mayo de 2016 en Tekax. Sin embargo, el
policía que exhibió el caso al grabarlo y difundirlo fue a su vez torturado y
ese crimen, como todos los demás, continúa impune, recordó la abogada.
Para mantener la idea de que Yucatán es una entidad “segura”
hay un perfil en las detenciones, de acuerdo con las activistas de Elementa
DDHH, quienes señalan que se detiene principalmente a jóvenes morenos con
cierta vestimenta y a indígenas, y también a personas de otros estados, como de
Quintana Roo.
Esto es también una forma de justificar que si se comenten
delitos menores los comenten los “otros”, los de fuera y no la sociedad
yucateca.
“Es la idea de que el peligro viene de otro lado y eso es
tanto para el tema de lo maya como para los foráneos. En Yucatán, en Mérida,
sobre todo, la sociedad todavía es muy racista y el origen, el lenguaje, el
color de piel te determinan”, subraya Adriana Muro.
El caso más emblemático de esto es el de José Adrián, un
adolescente maya con discapacidad auditiva, quien hoy tiene 17 años, pero quien
sufrió detención arbitraria y tortura a los 14. Amnistía Internacional retomó
el caso para su informe sobre detenciones arbitrarias en México, llamado Falsas
Sospechas. En este la organización reporta que la práctica de la tortura es
generalizada en México y Yucatán no es la excepción.
La Codhey emitió la recomendación 35/2018 sobre el caso de
José Adrían, pero a pesar de las pruebas presentadas, omitió señalar que el
adolescente había sido víctima de tortura. Solo describió los hechos como
“fuerza excesiva, desprotección de la parte superior del cuerpo y que
permaneció esposado durante el tiempo de su detención”.
La Codhey, a diferencia de otras comisiones estatales,
dice la activista Adriana Muro, está neutralizada y no cumple con su obligación
de velar por la protección y la garantía de los derechos humanos. “Es una
comisión completamente ausente y para nada aliada de las organizaciones de la
sociedad civil que sí defienden derechos”.
Pese a todo ese intento de ocultamiento y falta de acción, en
2018 la Codhey tuvo que registrar 215 quejas por detenciones arbitrarias y/o
ilegales y 187 por lesiones, cometidas por agentes de seguridad pública, lo que
derivó en la emisión de 18 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de
Seguridad Pública del estado, aunque ninguna de ellas está clasificada como
tortura.
La misma situación continúa hoy, aunque ya hubo cambio de
gobierno y de partido en el poder, con el panista Mauricio Vila Dosal
(2018-2024). “Lo que encontramos – dice Alejandra Muro– sobre todo en las
entrevistas que hicimos a las autoridades es que el gobierno actual mantiene la
misma política de invisibilizar que existen violaciones a derechos humanos, su
prioridad es el desarrollo inmobiliario y el turismo, y para eso se necesita
mantener la idea del estado seguro”.
“Nosotros no tenemos conocimiento de la implementación de
acciones para erradicar la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias
en Yucatán. De hecho, sigue al frente de la Secretaría de Seguridad Pública la
misma persona que lleva años en el cargo, vendiendo la idea de que ha logrado
mantener en calma a la entidad, pero a qué costo”, dijo Capetillo.
Sobre los señalamientos de las organizaciones, la Codhey
dijo que respeta sus puntos de vista y “reitera la invitación a trabajar de
manera coordinada para realizar acciones conjuntas encaminadas a fortalecer la
cultura de los derechos humanos en Yucatán”.
Añadió que un 30% del total de quejas que recibe son contra
autoridades policiacas estatales pero que un tercio se han resuelto por la vía
de la conciliación.
Y que en los casos en los que se emite una recomendación, se
pide la reparación integral del daño a las víctimas, se realiza una
investigación de los hechos y se capacita a los servidores para la no
repetición de los hechos.
Animal Político solicitó entrevista tanto al gobierno del estado,
pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta institucional.
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