El Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por 585.3
millones de pesos a los partidos políticos por diversas irregularidades
registradas en sus informes de ingresos y gastos de 2018.
El
partido más sancionado es Morena, con 238.8 millones de pesos, seguido del PAN
con 68 millones y el PRD con 65.5 millones de pesos.
Por su lado,
el Partido del Trabajo tiene multas por 56.9 millones, el PRI 56.3,
Movimiento Ciudadano 37.6 y PVEM 28.6 millones de pesos, de acuerdo con La
Jornada.
Al
desaparecido partido Nueva Alianza se le sancionó con 13.6 millones de pesos.
Entre las
anomalías registradas se encuentra que los partidos tienen cuentas por pagar y
por cobrar desde hace más de un año, pese a que se dio a los partidos políticos
un lapso de seis meses para resolver este tema.
Diputados
analizan reducir 50% de su presupuesto a cambio de eliminar las multas.
Por otra
parte, al revisar los informes de ingresos y gastos de los partidos
políticos durante 2018, algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral
(INE) se mostraron escandalizados por la iniciativa de reforma que se analiza
en la Cámara de Diputados, por la que se pretende reducir el financiamiento
público a las fuerzas políticas a cambio de eliminar las multas que pesan en su
contra.
Según La
Jornada, la consejera Pamela San Martín inició los señalamientos contra la
propuesta al destacar que hay una simulación absoluta de reducción de las
prerrogativas, porque disminuye la prerrogativa ordinaria, pero se incrementa
la de campaña. Además, vienen grandes regalos como que ya no tendrán que
devolver remanentes, se limitan la mitad de las fuentes de multas. Esto
implicaría ya no investigar hechos como los de Amigos de Fox y Pemexgate.
Asimismo, criticó
el planteamiento de que los partidos puedan gastar sus prerrogativas en
cualquier fin lícito. Si lo suyo es la educación, la movilidad o la salud,
podrán construir escuelas, calles u hospitales. Pero ese no es el fin de un
partido político, puntualizó, al lamentar que se quiera eliminar los padrones.
Este es
un golpe a la democracia y al sistema de partidos. Algo absolutamente inválido
en un sistema democrático, expuso la consejera, al considerar que esto es
tramposo porque no cumple con la premisa de la austeridad.
En sesión
del Consejo General del INE, el consejero Ciro Murayama puntualizó que
reducir de manera drástica el financiamiento público puede tener dos efectos
perniciosos: favorecer al partido que detenta el poder y que los partidos se
vuelvan dependientes de grupos de poder económico.
De
aprobarse la iniciativa referida, resaltó que se podrían legalizar las dádivas
y la compra de voto y se perdonarían multas por mil 38 millones de pesos que
deberían ir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
A su vez, el
consejero Marco Antonio Baños expuso que la iniciativa prevé aumentar el
gasto de campaña, el cual podría llegar a 100 por ciento, lo que significaría
514 millones de pesos adicionales en 2020 y 2021. Eso contradice severamente la
postura de aligerar al erario el monto del financiamiento.
Al respecto
el INE difundió el siguiente comunicado:
El
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de
dictamen y resolución sobre las irregularidades encontradas en la revisión de
los Informes Anuales de Ingresos y Gastos que presentan los partidos políticos
nacionales y locales de los recursos que recibieron y ejercieron en 2018, tanto
a nivel local como federal.
En total,
se aprobaron sanciones por un monto de 586 millones de pesos por 43 conductas
distintas, de las cuales las más reiterativas son las cuentas por cobrar con
antigüedad mayor a un año -con una sanción total de 118.48 millones de pesos-,
y las cuentas por pagar con una antigüedad mayor a un año -con una sanción de
111.14 millones de pesos-.
El Consejero
Benito Nacif, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que la
auditoría que realizó el INE abarcó recursos por un total de 33 mil 500 millones
de pesos aproximadamente, los cuales fueron ejercidos por partidos políticos en
este ejercicio ordinario de 2018: 17 mil millones de pesos de ingresos y 16 mil
500 millones de pesos de egresos.
En total,
añadió, la autoridad electoral fiscalizó 627 informes, 9 de los Comités
Ejecutivos Nacionales, 288 de los Comités Directivos Estatales, otros 288 de
los comités ejecutivos estatales de partidos políticos nacionales con
acreditación local, y 42 de partidos políticos locales.
Benito Nacif
destacó el alto cumplimiento de los partidos políticos al rendir cuentas a
la sociedad sobre el origen y destino de los recursos públicos y privados que
reciben.
“No hubo
una sola omisión en la entrega de los informes, el no reporte de ingresos y
gastos fue algo realmente marginal y excepcional. Los partidos políticos
dejaron de informar a la autoridad la entrada de 6.4 millones de pesos, y la
salida de 9.4 millones de pesos; es decir, se reportó el 99.9% del dinero que
entró a los partidos y ese mismo porcentaje del dinero que salió de los
partidos políticos”.
La
fiscalización fortalece al sistema de partidos.
El Consejero
Presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que en los últimos 20 años la
fiscalización electoral se ha convertido en una herramienta para la rendición
de cuentas que incentiva el fortalecimiento administrativo de los partidos.
“Hay que
enfocar la fiscalización no con una lógica punitiva, que no es un propósito de
estos ejercicios, sino más bien con una lógica de transparencia y de
fortalecimiento de los propios partidos políticos”, dijo.
Destacó
que 68% de las sanciones que propuso la Comisión de Fiscalización corresponden
a faltas cometidas por las representaciones locales de los partidos políticos
nacionales, mientras que únicamente el 32% deriva de faltas atribuibles a los
comités ejecutivos nacionales, lo que representa un desafío pendiente de la
reforma de 2014 para la debida estandarización de la calidad de la democracia
en México.
El Consejero
Presidente añadió que, si se quiere fortalecer el sistema de partidos, es
importante generar un contexto de exigencia para transparentar y demostrarle a
la sociedad el uso responsable de los recursos que se les confía.
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