Dolores Padierna.
La decepción ciudadana con los resultados de la democracia no
ha encontrado eco en los partidos, que han mostrado estrechez de miras y no han
desarrollado ni propuesto a los ciudadanos un nuevo modelo de democracia que
esté en sintonía con los vertiginosos cambios económicos, sociales, políticos,
culturales y tecnológicos que suceden en la era de la globalización.
Con la reforma que incorpora las figuras de la revocación de
mandato y la ampliación de las bases constitucionales para el ejercicio del
derecho a la consulta popular avanzamos simultáneamente en el cumplimiento de
los compromisos de la Cuarta Transformación y en el perfeccionamiento de
nuestra democracia.
Establecer las condiciones para garantizar y ampliar el
ejercicio de la democracia participativa con regularidad y certeza es un cambio
de fondo en el ejercicio del poder público en México, además de que constituye
una pieza clave del cambio de régimen.
Hasta hoy, el derecho a la consulta pública existía sólo
en el papel, debido a un gran volumen de restricciones.
La disposición constitucional que impedía hasta el momento la
realización de consultas populares en años no coincidentes con elecciones
federales derivaba en una restricción al derecho a la democracia participativa,
incompatible con un régimen político en el que se privilegia la participación
de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas.
La revisión de los supuestos sobre los que se consideraba
improcedente la consulta popular ha sido fundamental para favorecer
interpretaciones que faciliten el acceso de los ciudadanos al ejercicio de la
democracia participativa, y para eliminar hipótesis restrictivas que, por
ejemplo, sirvieron de argumento para hacer imposible la participación ciudadana
en 2014, cuando se desechó la consulta respecto de la reforma energética.
La estrategia es empoderar al ciudadano en su condición de
actor determinante de la democracia. En ese camino se requiere fortalecer,
ampliar y dar mayor contenido y alcance al marco jurídico que sostiene figuras
de la democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la consulta, la
iniciativa popular, la revocación de mandato, auditoría social y presupuesto
participativo.
Las leyes, por supuesto, no bastan. Se requiere también
construir formas superiores del diálogo entre el ciudadano y los poderes, una
estructura de comunicación democrática, y un diseño de formas de participación
intensa en órdenes de autoridad más cercanos a su entorno, al tiempo que se
fortalecen la gestión y la evaluación de los servicios públicos en todos los
órdenes de la vida social.
En nuestro tiempo, con la preeminencia de la economía del
conocimiento, la revolución tecnológica en el campo de la información y la
comunicación, ya no es posible que se pretenda seguir apostando a la
efectividad de las instituciones creadas en el siglo pasado.
La activa participación de la sociedad civil y, sobre todo,
del ciudadano de a pie, es una condición esencial para avanzar en la
consolidación de la democracia y precisa no sólo ser dignificada sino
convertirse en una potente fuente de movilización y sacudimiento de la
conciencia nacional. La situación del país así lo exige.
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