Con la
aprobación en los Congresos de Puebla, Campeche y Durango, las reformas
alcanzaron el requisito de 17 aprobaciones en legislaturas locales para entrar
en vigor.
Los
Congresos de Puebla, Durango y Campeche aprobaron este miércoles las reformas
de consulta popular y revocación de mandato con lo que se logró el requisito de
17 aprobaciones de congresos locales, suficientes para entrar en vigor.
Una vez
que estas 17 legislaturas ya aprobaron las reformas, deberán notificar al
Congreso de la Unión, para que posteriormente se haga la declaratoria de
reforma constitucional.
Después
se enviará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
El último
Congreso local en aprobar el dictamen fue el de Durango. En su Twitter añadió
una lista con los posicionamientos, tanto a favor y en contra, de los
legisladores y agregó las reformas a sus aprobaciones de dictamen.
Por la
tarde, el Congreso de Puebla aprobó las minutas, aunque hubo legisladores
que votaron en contra y manifestaron que desestabilizará y polarizará al país.
En ese
estado, las reformas fueron aprobadas por 33 votos a favor y cuatro en contra.
El otro
Congreso local que aprobó las reformas este miércoles fue el de Campeche, quien
desde su cuenta de Twitter informó que las disposiciones fueron aprobadas y
remitidas a la Cámara de Diputados. Las reformas fueron aprobadas por 28 votos
a favor y 5 en contra.
El 5 de
noviembre, el Congreso de Tabasco se convirtió en el primero en aprobar la
minuta constitucional en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato
luego de que este fuera avalado por la Cámara de Diputados.
Los otros
estados en cuyo Congreso local ya fueron aprobadas las reformas son Jalisco,
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala, Morelos, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas, Colima y Ciudad de México.
El documento
modifica el artículo 81 de la Constitución Política de México, que ahora
establece que el puesto de presidente de la República “puede ser revocado en
los términos establecidos” en la Carta Magna.
También señala
que sólo los ciudadanos podrán solicitar esta figura y será el Instituto
Nacional Electoral (INE) el encargado de llevar a cabo el procedimiento según
lo que se dispone en la ley.
Para el caso
de la consulta popular, está ya no se limitará sólo con temas de interés
nacional, sino que ahora se podrán realizar en temas regionales y no se podrán
hacer consultas sobre obras de infraestructura en ejecución, en materia
electoral, sistema financiero de la federación, seguridad nacional o derechos
humanos.
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