Por Arturo
Rodríguez García.
Desde que
adquirió en 1978 la categoría de organismo internacional, cuya creación fue
impulsada por la UNESCO, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa ha operado, con cargo al erario mexicano, un presupuesto millonario,
opaco e inmune a cualquier auditoría. Y tras una demanda laboral apenas se
descubrió que el ILCE tiene sus cuentas bancarias vacías…
Óscar
García Altagracia trabajó entre 1998 y 2009 en el Instituto Latinoamericano de
la Comunicación Educativa (ILCE), un organismo multilateral con sede en México,
creado bajo acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que, además de confeccionar
productos multimedia, impartir cursos y maestrías, así como ofrecer
consultorías al sector público y privado, se involucra en el diseño de planes
educativos con cargo al erario, pero sin transparencia ni mecanismos de
rendición de cuentas.
Cinco laudos
le dieron la razón a García Altagracia en sus reclamos legales por su despido
injustificado, por no estar dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ni en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), así como por otras violaciones a sus derechos
laborales fundamentales. Durante ocho años el organismo se ha negado a pagar
alegando que no tenía por qué someterse a la jurisdicción nacional.
La Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) al ejecutar el laudo identificó una
situación que trascendía el caso individual: al intervenir las cuentas
bancarias del ILCE descubrió que están vacías.
García
Altagracia es uno de los 103 despedidos que han demandado ante la JFCA. De
ellos, al menos 40 cuentan con un laudo firme.
El ILCE tiene
por objetivo coadyuvar en la creación de materiales audiovisuales educativos y
brindar formación en la materia. En su integración participan representantes de
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay y República Dominicana.
El
convenio por el que fue creado mandata una presidencia rotativa entre los
países miembro, pero los órganos de dirección siempre son ocupados por México,
país sede y cuyo Poder Ejecutivo destina recursos millonarios para su sostenimiento.
Desde 1978 cada
presidente mexicano trata a esa entidad como si fuera un área gubernamental y
designa a los órganos de gobierno compuesto por un consejo directivo –que se
supone está integrado por representantes de los países miembro– que siempre
preside México, así como la dirección. La actual administración no es la
excepción y el presidente del consejo del ILCE es el secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
El relevo
más reciente en la dirección ocurrió en diciembre pasado y detonó un breve
escándalo: sin considerar el periodo para el que fue elegido Arturo Velázquez
Jiménez por los representantes de los países, el presidente Andrés Manuel López
Obrador nombró director del ILCE a Enrique Calderón Alzati, expresidente de la Fundación
Arturo Rosenblueth.
Al frente de
esa fundación, Calderón Alzati se encargó de realizar las consultas
instruidas por López Obrador durante el periodo de transición, para que se
cancelara el proyecto aeroportuario del Lago de Texcoco, así como para
socializar su programa de gobierno.
El 17 de
diciembre último, el reportero Álvaro Delgado dio a conocer en
proceso.com.mx que en abril de 2018 Velázquez Jiménez fue electo por el consejo
directivo para ocupar el cargo de 2018 a 2021. La “designación” de Calderón
Alzati –facultad que López Obrador no tiene– fue denunciada por Velázquez y
optó por renunciar ante dicha maniobra del Ejecutivo.
CUENTAS SIN
FONDOS.
Los
litigios laborales contra el ILCE se iniciaron en 2009 durante el gobierno del
presidente Felipe Calderón y se agudizaron con Enrique Peña Nieto. Ahora, bajo
la conducción de Calderón Alzati la posición frente a las demandas es la misma:
no someterse a la jurisdicción mexicana; bajo su administración las cuentas
resultaron vacías.
Proceso solicitó
la mañana del jueves 10 una entrevista con Calderón Alzati. A petición de su
oficina se le hizo saber que trataría sobre los laudos firmes y los litigios
pendientes, también respecto del destino de los recursos públicos y de los
ingresos del organismo. Además, se le planteó que expusiera si tiene o no
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Hasta el cierre de esta
edición, no hubo respuesta.
También se
solicitó la posición del titular de la Secretaría de Educación pública (SEP) y
presidente del consejo del ILCE, Esteban Moctezuma Barragán; no hubo respuesta.
El caso de
Óscar García Altagracia es el primero de 40 procesos laborales resueltos en
favor de los extrabajadores, quienes no han podido cobrar lo que la JFCA ha
determinado porque el ILCE alega fondos insuficientes.
A los 40
laudos firmes documentados hasta el 12 de agosto último se suman otros 63
procesos en desarrollo. Por los ya resueltos el organismo adeudaba 89 millones
233 mil pesos que aún deben actualizarse en atención a los tiempos
transcurridos entre la emisión de cada uno de los laudos y su eventual
ejecución.
Los datos
sobre la cantidad de procesos firmes y en trámite, así como el pasivo que
supera los 89 millones de pesos fueron informados por la JFCA en el oficio
2010/2019, dirigido a García Altagracia, quien hasta su despido en 2009 fue
coordinador del programa “Intel. Educar para el futuro”, que el ILCE sostenía
en apoyo a la SEP.
El oficio
expone que los autos de ejecución no han procedido debido que el ILCE pretende hacer
valer su inmunidad diplomática establecida en el convenio de creación. Por ese
carácter la JFCA hizo las peticiones de ejecución de laudos a la Consejería
Jurídica de Relaciones Exteriores, de cuyo análisis se desprende que
gestionaron el cumplimiento de los laudos y añade:
“(Sin
que) dicho instituto haya dado cumplimiento a ninguno de estos juicios en los
que se encuentra con laudo condenatorio, no obstante, los numerosos
requerimientos que se le han realizado, lo que ha derivado a su vez en embargos
de sus cuentas bancarias, las cuales no reportan ningún saldo a favor.”
El documento
denuncia que el ILCE, “además de poner en entredicho la función y
efectividad de la JFCA, pone en peligro el cumplimiento de las prácticas y
acuerdos internacionales sobre cooperación en las que México es parte, con el
consecuente riesgo de un conflicto internacional”.
Firmado
por la presidenta de la JFCA, María Eugenia Navarrete Rodríguez, con fecha 12
de agosto de 2019, el oficio agrega que el ILCE, al incumplir con los adeudos,
viola derechos y garantías de decenas de trabajadores, por lo que atenta contra
los principios de justicia social y otros derechos fundamentales, para
finalmente, reiterar:
“Todas
las diligencias de requerimiento de pago y embargo contra dicho organismo han
resultado infructuosas, ya que las cuentas bancarias del mismo se encuentran
bloqueadas por diversos embargos y, en otros casos, con saldos en cero, lo que
provoca la obstrucción total de la ejecución ordenada por el laudo.”
El
incumplimiento de laudos laborales por el ILCE es de larga data. Entre 2001 y
2003 seis amparos tramitados en distintos juzgados fallaron en favor de los
trabajadores y contra el organismo, lo que se concretó en la tesis
jurisprudencial 102/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y que, en síntesis, resolvió que el ILCE no goza de
inmunidad jurisdiccional al contratar trabajadores, pues en eso actúa como
persona moral, una actividad de contratación comprendida en lo que la doctrina
denomina “actos de gestión”.
Volviendo
al oficio de la JFCA, éste deja en evidencia a los exdirectores del ILCE, así
como a Enrique Calderón Alzati, pues al finalizar advierte que en su
oportunidad ningún director del organismo ha “manifestado un interés real para
buscar alternativas de solución al conflicto, el cual cada día crece e implica
mayores riesgos tanto en el ámbito laboral como internacional”.
DINERO E
INMUNIDAD.
La
“desaparición” del dinero que ejerce el ILCE en México es apenas el último
hallazgo después de 40 años de operación en los que, de hecho, el Estado mexicano
le ha asignado presupuesto mediante la Secretaría de Educación Pública (SEP),
sin que exista fundamento ni motivación legal para hacerlo.
Aunque la
JFCA no encontró dinero en sus cuentas, una solicitud de información realizada
por García Altagracia (no. de folio 168729), con fecha de respuesta al 30 de
abril último, permitió saber que la SEP asignó para el ejercicio fiscal 2019 la
cantidad de 52 millones 965 mil 830 pesos, de los cuales había entregado para
entonces 35 millones 323 mil 886 pesos en dos pagos.
Sin embargo,
una revisión al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
2019 permite observar que no existe registro sobre aportación al organismo. Esa
omisión ya había sido observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
en la revisión a la Cuenta Pública 2016.
De acuerdo a
la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, número 134-DS, practicada por la ASF
a la SEP, en su sección relativa a “Cuotas y Aportaciones a Organismos
Internacionales”, el ente fiscalizador identificó pagos por casi 60 millones de
pesos al ILCE.
Con el
análisis realizado, la ASF determinó “que se carece de un instrumento legal”
que permita a la SEP comprometer los recursos presupuestales para el ILCE, de
ahí que concluyera:
“Se
presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal
por un monto de 59 millones 985 mil 830 pesos correspondiente a los pagos
efectuados por la Secretaría de Educación Pública al Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa, sin acreditar que dicha erogación se encuentra
sustentada en los instrumentos jurídicos que fundamenten y justifiquen el
compromiso de pago”.
Mientras el
gobierno de México le destina recursos año con año, el ILCE no es auditable
por el Estado mexicano y por ningún otro.
Para eso
los funcionarios educativos y diplomáticos del gobierno de José López Portillo
se aseguraron de que el convenio de creación fuera explícito en dotar de
inmunidad diplomática al organismo, en su artículo 2, que además garantiza que
su local, archivos, correspondencia y comunicaciones oficiales sean
inviolables; tener libremente fondos o divisas de toda clase en cualquier
moneda y transferirlos libremente de México a otro país o viceversa; estar
exento de impuestos; tener derecho de aduana sin prohibición ni restricción de
importaciones o exportaciones y vender lo que trasiegue.
En síntesis,
la SEP ha mantenido las ministraciones al ILCE de manera ilegal, en tanto,
el organismo –por la forma en que fue creado—puede hacer lo que desee con los
recursos sin rendir cuentas, moverlos de un país a otro, convertirlos a otra
moneda sin transparentar su ejercicio, acogido a la inmunidad y siempre bajo
control del gobierno mexicano.
PRECEDENTE
DE CORRUPCIÓN.
La
inmunidad de que goza, con presupuesto millonario, ingresos variados y
capacidad para operar sin control, ha sido aprovechada en otros momentos para
actos de corrupción, particularmente por aquel que en el sexenio de Vicente Fox
resultó emblemático: Enciclomedia.
En agosto de
2007 la Secretaría de la Función Pública (SFP) indagó una red de
complicidades y conflictos de intereses entre los directivos del ILCE,
funcionarios de la SEP y proveedores de equipos de cómputo y tecnología.
La
indagatoria de la SFP incluyó al director del ILCE en el sexenio foxista,
David de la Garza, así como al oficial mayor de la SEP, Francisco Medellín
Leal, y al entonces director de Tecnología de la Información, Francisco Javier
Cárdenas Medina.
El ILCE creó
el programa en convenio con la SEP que pretendía digitalizar la enseñanza en
las aulas de los grados superiores de primaria. No sólo no lo lograron: entre
irregularidades por el orden de los 6 mil millones de pesos, el programa –que
cambió de nombre en el sexenio de Felipe Calderón y una vez más en el de Peña
Nieto—resultó un fracaso que, en cada oportunidad, llevó a la ASF ha concluir
que dichos programas no mejoraron la educación en el país.
Los casos
de corrupción, así como los litigios laborales se han hecho saber al presidente
Andrés Manuel López Obrador por diferentes comunicaciones que, al no ser
atendidas en tiempo y forma, de acuerdo con la normatividad, son objeto de
quejas ante la SFP sin que hasta ahora se haya notificado acción alguna para
resolver el conflicto.
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