Antonio
Heras.
La
administración encabezada por Francisco Vega de Lamadrid llegó a su fin este
jueves –junto con 30 años de gobiernos panistas en Baja California– con una
deuda pública de 22 mil 300 millones de pesos y adeudos por 4 mil 500 millones
de pesos con el sector educativo, el Poder Judicial, la burocracia y los
ayuntamientos.
Además, deja
pendiente el pago durante 25 años, con cargo al impuesto local al producto del
trabajo, de 70 mil millones de pesos a empresas que construirán desaladoras de
agua de mar para abastecer a Tijuana y San Quintín, y el pago de 300 millones
de pesos anuales durante 17 años por el segundo piso de la vía a Playas de
Tijuana, proyecto desarrollado con el esquema de asociaciones público-privadas.
En el primer
minuto de noviembre el morenista Jaime Bonilla Valdez asumirá la gubernatura.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si su mandato será de dos
años, lapso para el cual fue electo en junio pasado, o de cinco, ampliación que
avaló la anterior legislatura estatal (2016-2019).
Vega dijo
irse millonario de satisfacciones cuando se le preguntó sobre su patrimonio
personal. En 30 años pasó de ser propietario de dos casas de empeño en Tijuana
a inversionista de desarrollos turísticos y propietario de mansiones desde La
Paz, Baja California Sur, hasta Tijuana y San Diego, California.
El sector
educativo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) fueron los
más golpeados en la gestión de Kiko Vega. Nunca estuvo al corriente en el pago
a maestros en activo, interinos y jubilados, a tal grado que este año hubo una
crisis que duró varios meses por adeudos de más de 2 mil millones de pesos.
Hay un
rezago con 900 docentes jubilados, a quienes se comprometió a pagar, para lo
que firmó un convenio con la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, pero lo incumplió en 2018 y 2019. Asimismo, perdió 700
demandas de jubilación de maestros y está pendiente su finiquito.
A los
maestros estatales les debe 100 millones de pesos en retenciones y 40 millones
a interinos, así como 50 millones de pesos a los maestros interinos
federalizados.
Vega de
Lamadrid concluye su mandato con un rezago de 35 millones de pesos con el
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California por el
fondo de retiro, el mutualista de defunción, cuotas sindicales y promociones económicas.
Al
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado le debe 900 millones
de pesos, y desde hace cuatro años el gobierno estatal no ha reportado el
impuesto sobre la renta ni cuotas al Issstecali de 2 mil profesores y
administrativos.
A la
Universidad Autónoma de Baja California le adeuda mil 708 millones de pesos.
Asimismo, dejó un pasivo de 600 millones de pesos en salarios a burócratas
activos y jubilados, así como por primas de vacaciones.
Ante la
urgencia de recursos en el último trimestre de 2018, el Issstecali pidió un
crédito de 600 millones de pesos cuyo intermediario fue el Sindicato de
Burócratas, que avaló la triangulación del financiamiento por la baja
calificación crediticia estatal. Sólo se han pagado 198 millones de pesos de
este pasivo.
El
panista también enfrenta rezagos con el Poder Judicial por 200 millones de
pesos, y con los ayuntamientos por más de 500 millones.
Los
gobiernos morenistas de Mexicali y Tijuana, que comenzaron el pasado primero de
octubre, informaron que la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal no
les entregó sus participaciones federales, que entre los dos ayuntamientos
suman más de 475 millones de pesos. A Ensenada, Rosarito y Tecate les debe
entre 9 y 15 millones de pesos a cada uno.
En 1989, al
final del último gobierno estatal del Partido Revolucionario Institucional,
Baja California no tenía pasivos con instituciones bancarias.
En los sexenios
de los panistas Eugenio Elorduy (2001-2007) y José Guadalupe Osuna (2007-2013),
la deuda pública directa pasó de mil 703 millones de pesos en 2001 a 2 mil 58
millones 561 mil pesos en 2007, y se incrementó a 7 mil 265 millones 460 mil
pesos en 2013.
Vega la
llevó a casi al doble, 12 mil 526 millones de pesos. Pero el valor real de la
deuda histórica de Baja California es de 26 mil millones de pesos, si se
consideran los intereses y costo financiero.
La deuda
estatal está contratada a 18 años, hasta 2017, y en 2032 cuando se deberá
cubrir la mayor cantidad, 2 mil 300 millones.
Para
Francisco Vega, el problema financiero de su gobierno se generó en 2017. Según
dijo, el presidente priísta Enrique Peña Nieto no le entregó recursos
extraordinarios conocidos como irreductibles, lo que llevó a su administración
a tener un faltante de 4 mil 217 millones de pesos. Aseguró que este boquete se
incrementó a 9 mil millones durante la administración del morenista Andrés
Manuel López Obrador.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.