Julio Astillero.
Aun cuando
es de reconocerse el positivo ejercicio inédito de aportar información
abundante sobre lo sucedido el 17 del presente mes en Culiacán, es de señalarse
que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que esa insólita y
agradecible carga de datos y detalles sea asumida como una verdad absoluta y
plena, ante la cual no deberían generarse dudas ni especulaciones.
En ese
contexto, se ha entrado en un terreno tan resbaladizo como divisorio de
opiniones al colocar la plausible decisión de salvar vidas inocentes bajo el
amago de ataque de un cártel, frente al hecho de que esas vidas estuvieron en
riesgo justamente a causa de un operativo de fuerzas del gobierno que fue mal
planeado y pésimamente ejecutado, y no por un hecho fortuito. Saber más del
tema y conocer las causas del sonoro fracaso ejecutivo, así como las medidas de
corrección para impedir que estos episodios se repitan, es una obligación
periodística indeclinable.
Lo
preocupante es que el presidente López Obrador busca someter a su lógica
política y de poder al ejercicio periodístico, pretendiendo que el gobierno sí
puede mentir o equivocarse (como sucedió con el secretario Alfonso Durazo al
atribuir los hechos de Culiacán a un patrullaje azaroso, tal vez porque no
sabía lo que realmente estaba sucediendo), pero en esa situación de carencia de
información precisa y confiable, los medios no podrían equivocarse. Es un falso
dilema: ciertamente, los fines y los medios de la prensa y el poder son
diferentes, necesaria y esencialmente diferentes.
En ese
sentido, vale precisar que el Poder Ejecutivo federal estaba y está en
obligación de cumplir con la orden de aprehensión que un juez emitió contra el
ciudadano Ovidio Guzmán López. La manera en que se pretendió cumplir con esa
orden imperativa fue el origen del peligro citadino culichi. Videos y
declaraciones han mostrado que los cuerpos militares de élite entraron al
domicilio del hijo de El Chapo sin una orden de cateo (lo cual parecería
increíble) que, por lo demás, no llegó nunca. Además, el gobierno mexicano
permitió que hubiera una negociación, hasta ahora no explicada ni detallada,
para frenar la violencia de los grupos del crimen organizado contra ciudadanos,
pero, sobre todo, contra militares y sus familias.
El
presidente de la República busca convertir el tema de Culiacán y del hijo de El
Chapo en un fortalecimiento de su política pacificadora y amorosa y, al mismo
tiempo, en un giro ascendente de crítica y descalificación del actual modelo
periodístico convencional. Insiste en defender su propuesta de no centrarse en
la captura de personajes relevantes en el mundo del crimen organizado, aunque,
como se ha mencionado líneas atrás, en el caso de Culiacán no se trató de una
decisión propia de la Presidencia, sino del intento de cumplimiento de una
orden judicial.
En esa
dialéctica existencial entre poder y prensa, entre la visión de los gobernantes
y el interés de los periodistas se produjo ayer una valiosa confrontación de
puntos de vista durante la conferencia mañanera de prensa. Fue cautivante el
diálogo intenso que propició el presidente López Obrador, quien llegó a
momentos declarativos vigorosos que a su vez tuvieron réplica entre una parte
de los periodistas asistentes, quienes refutaron abiertamente algunas palabras
presidenciales e hicieron preguntas ya fuera del orden de intervenciones que es
usual en esas sesiones y que depende de la asignación de turno que hace el
propio mandatario.
El saldo de
este ejercicio de información del gobierno federal es positivo, pero alienta a
profundizar, sobre todo sin estigmatizar el ejercicio periodístico en sí. La
comparecencia al micrófono de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina,
para responder de botepronto a preguntas de periodistas, es un avance notable.
Bienvenido el mencionado ejercicio, lo cual no impide mantener las dudas y
preguntas propias del oficio periodístico.
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