Por Redacción / Sin Embargo.
El 28 de septiembre de 2018 la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) indicó en un oficio “la no presencia
de población indígena” en la zona de construcción del proyecto minero Ixtaca;
sin embargo, el 11 de octubre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI) localizó 71 localidades en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado
de Puebla.
Las comunidades exigieron la cancelación de las concesiones a
la minera Almaden y recordaron que el 22 de octubre más de 40 comunidades de la
Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida
Atcolhua y de la cuenca del río Apulco entregaron al Secretario Víctor Toledo
Manzur tres mil 500 firmas con las que rechazaban el proyecto de mina a cielo
abierto.
En un comunicado dado a conocer por Fundar y al Consejo Tiyat
Tlali se señaló que el oficio CGPE/2019/OF/0477 ubicó a nueve pueblos,
“precisamente en el área de influencia directa del Proyecto Minero Ixtaca”.
El INPI realizó la investigación debido a que un grupo de
representantes legales de la Comunidad Nahua de Tecoltemi solicitaron un amparo
contra las concesiones mineras a la empresa canadiense Almaden.
Además, solicitaron se aclarara el oficio
CGPE/2018/OF/0802 que en septiembre de 2018 Sergio Alberto Ortiz Rosales,
Coordinador General de Planeación y Evaluación de la CDI, emitió.
En el documento citado, el titular de la dependencia
desconoció la existencia de los grupos indígenas de la zona con lo que se
permitía a Almaden Minerals explotar un yacimiento de oro y plata a cielo
abierto.
“La información del INPI desmiente las aseveraciones que la
Minera ha realizado de manera sistemática, que niegan la existencia de
población indígena en el lugar”, citaron las organizaciones.
El oficio de 2018 afirmó que al revisar los documentos de
habilitación de la minera se determinó “la no presencia de población indígena
en la zona de dicho proyecto en su área de influencia, de acuerdo con la
Evaluación de Impacto Social y el estudio de Impacto Ambiental”
Sin embargo, la indagatoria la realizó la propia minera.
“Esta preocupante afirmación había sido difundida
públicamente por parte de Minera Gorrión, filial de Almaden, a pesar de que el
Catálogo de la CDI establece que sí hay comunidades indígenas en el municipio y
en el área de influencia directa del proyecto”, destacó el documento.
Ante la petición de los grupos indígenas, el INPI
“identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el
municipio como en el área de interés del proyecto (…) en el municipio de
Ixtacamaxtitlán del estado de Puebla, la población indígena estimada sumó seis
mil 210 y cuatro mil 841 personas, en 2010 y 2015, respectivamente”
Los datos recabados por el INPI significaron un 24 y 19.7
por ciento de la población y en 2015, la población indígena por autoadscripción
sumó siete mil 608 personas, es decir el 31 por ciento del total de la
población del municipio.
Además, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010
en la localidad de Ixtacamaxtitlán ubicó 71 localidades con presencia de
población indígena. De estas, Santa María Zotoltepez, Zacatepec, Loma Larga,
Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e
Ixtacamaxtitlán (San Francisco) se localizan dentro del área del proyecto.
La investigación también arrojó que el impacto ambiental
no sólo sería a las nueve poblaciones directamente afectadas, si no que a todas
las cercanas al Río Apulco.
“Las organizaciones
reconocemos la labor del INPI en esta nueva revisión para aclarar la
información y reconocer a las poblaciones indígenas de la zona”, agradecieron en el documento.
También expusieron el “incumplimiento” del Estado mexicano
de sus obligaciones en materia de protección de Derechos Humanos y de los
pueblos indígenas que ha beneficiado a empresas, como la minera canadiense.
“Desde la emisión de las concesiones mineras que otorgaban
derecho a explorar y explotar, debió contarse con el consentimiento previo,
libre e informado de las comunidades indígenas”, recalcaron.
Las organizaciones y comunidades pidieron la cancelación
inmediata de las concesiones mineras y la negativa a la Manifestación de
Impacto Ambiental presentada en febrero por la empresa ante la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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