Por Ezequiel Flores Contreras Y Gloria Leticia Díaz.
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que en una
fosa clandestina ubicada en la ciudad de Tlapa de Comonfort, en la región de la
Montaña, se localizó esta tarde el cadáver del activista indígena Arnulfo Cerón
Soriano, privado de su libertad desde el pasado 11 de octubre.
El mandatario estatal lamentó la ejecución y anunció que
darán con los responsables intelectuales del crimen de Cerón Soriano, cuya
búsqueda por parte de las autoridades se realizó ante la presión de organismos
defensores de derechos humanos como Tlachinollan y la oficina en México de la
Organización de Naciones Unidas (ONU).
Durante la lectura de un comunicado en la residencia oficial
Casa Guerrero, en esta ciudad, el fiscal estatal Jorge de los Santos Barilla
precisó que el hallazgo del cuerpo del dirigente del Frente Popular de la
Montaña ocurrió en una fosa clandestina ubicada en el punto conocido como Los
Tres Postes, sobre un camino que conecta Tlapa con el municipio de Metlatónoc.
La tumba se localizó tras las declaraciones de Jorge Gómez
‘La Chiva’, señalado como jefe de la plaza de Tlapa, quien fue detenido a
principios de este mes en el estado de Morelos, donde se refugió tras la
desaparición de Arnulfo Cerón.
De acuerdo con reportes oficiales del gobierno estatal, desde
hace una década ‘La Chiva’ controlaba la policía municipal de esa localidad,
donde la estrategia de seguridad está a cargo del Ejército. En ese lugar existe
una red delincuencial conformada por políticos y criminales que trafican droga
desde la Montaña guerrerense a los estados de Puebla y Morelos.
Desde que se reportó la desaparición del activista, el Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con otras organizaciones
sociales, responsabilizaron al alcalde morenista de Tlapa, Dionisio Merced
Pichardo García, y a su jefe de gabinete, Marco Antonio García Morales.
Según los amigos de Arnulfo Cerón, “ambos políticos están
coludidos con el crimen organizado”. Ellos, sostuvieron, amenazaron
directamente a la víctima “por su lucha en defensa de los comerciantes
ambulantes del centro de Tlapa”.
Cerón Soriano, de 47 años, desapareció tras salir de su casa
–ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas– para reunirse con un grupo de
Alcohólicos Anónimos que coordinaba desde hace una década en la colonia
Caltitlán, pero nunca llegó.
A más de un mes de la desaparición del activista, su cuerpo
fue localizado en un predio donde autoridades federales y estatales habían
enfocado la búsqueda desde la semana pasada, porque ya tenían indicios de que
no estaba vivo, indicó una fuente oficial.
@HectorAstudillo
Esta tarde el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los
Santos, dio a conocer los resultados en la localización del defensor de
Derechos Humanos Arnulfo Cerón, así como la carpeta de investigación que se dio
sobre este caso.
Tras conocerse el hallazgo del cadáver del activista, el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió al gobierno
estatal “el procesamiento y castigo a los responsables materiales e
intelectuales de este artero crimen”.
La organización civil, que entre otras causas representa a
los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, detalló
que el cuerpo sin vida del defensor estaba en una fosa cavada a una profundidad
de tres metros.
Apuntó que, previo a la jornada de búsqueda, que inició ayer,
del 12 al 15 de noviembre se desarrolló otra que contó con el apoyo de la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de
Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del estado, así
como con activistas del Frente Popular de la Montaña y de Tlachinollan.
El trágico destino de Arnulfo Cerón, dijo, ocurrió en un
ambiente de inseguridad en el que se encuentra Tlapa, así como en medio de “la
colusión de las autoridades municipales y otras instituciones con el crimen
organizado, y la falta de garantías para que los defensores de derechos humanos
y activistas sociales realicen su trabajo”.
Tras señalar que dichas circunstancias “propiciaron la
desaparición y el cobarde asesinato del luchador social”, Tlachinollan agregó
que en contra de Cerón y otros miembros del Frente Popular de la Montaña se
registraron “constantes descalificaciones y campañas de desprestigio”, mismas
que generaron “un marco permisible para su posterior agresión”.
Añadió: “Resulta imprescindible profundizar en las
investigaciones que permitan dilucidar el móvil de este artero crimen e
implementar medidas de no repetición, a fin de evitar que más defensoras y
defensores de derechos humanos sigan siendo agredidos, porque con ello se
inhibe la defensa de los derechos de las personas más desprotegidas y se
perpetúa la impunidad”.
Tlachinollan exigió a las autoridades estatales y
municipales realizar “de manera inmediata las acciones que deriven en el
esclarecimiento y sanción de los hechos, así como la realización de medidas
urgentes de prevención que garanticen a las y los defensores de derechos
humanos de la Montaña de Guerrero, realizar su labor en condiciones de libertad
y seguridad”.
El pasado 14 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos
Alejandro Encinas informó que del 1 de diciembre de 2018 a esa fecha se
habían registrado 179 agresiones contra defensores y periodistas, y que había
23 defensores y 15 periodistas asesinados presuntamente por razones de sus
respectivas labores.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Encinas
rindió un informe en el que destacó que hasta ese momento la dependencia tenía
inscritos en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos
Humanos a mil 39 beneficiarios, de los cuales 691 son defensores y 348
periodistas.
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