Por Alejandro
Gutiérrez.
La Audiencia
Nacional acordó este jueves imputar al expresidente del banco BBVA, el
poderoso banquero Francisco González, por los presuntos delitos de cohecho y
revelación de secretos, por los supuestos pagos que la entidad financiera hizo
al excomisario de la policía, José Manuel Villarejo, para realizar labores de
espionaje contra empresarios, funcionarios y periodistas.
El titular
del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, emitió
su acuerdo luego que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera para citar a
declarar como investigado a González, además de Juan Azúa, asesor del
actual presidente del banco, Carlos Torres; y de Eduardo Arbizu, quien hasta el
verano pasado fungía como titular de Regulación y Control Interno de la
entidad.
El BBVA es
el segundo banco más grande de España, quinto en capitalización bursátil en el
ranking de bancos europeos, y su filial en México, BBVA-Bancomer, le aporta
el 44% del total de las ganancias globales del Grupo BBVA en 2018, según
información de la propia entidad.
El
exbanquero hoy imputado en España, fue distinguido en abril de 2018 con la
Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Placa, por el
gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo
con esta investigación en España, las empresas del excomisario Villarejo
facturaron más de seis millones de euros al BBVA entre 2012 y 2017, período en
el que González fungía como presidente de la entidad financiera.
La
relación de BBVA con Villarejo se daba a través del exjefe de seguridad del
banco, Julio Corrochano, quien trasladó la necesidad de la entidad bancaria de
espiar las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su
consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica del gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas y
medios de comunicación.
La
intención de Sacyr era comprar la mayoría accionarial del BBVA, que le daría el
control del gobierno corporativo de la entidad, pero finalmente desistió de la
operación ante las acusaciones de que era una operación politizada y por la
falta de apoyo del Banco de España.
El acuerdo
del magistrado es parte de la pieza separada número 9 del macro-proceso de la
llamada causa Tándem, sobre las labores de espionaje que realizó el expolicía
en varios casos. Esta pieza nace del material incautado al comisario jubilado
en la que se investiga el espionaje que la entidad financiera encargó ante la
operación hostil de la constructora Sacyr para tomar el control accionarial de
BBVA, y que se prolongó durante varios años.
En el
momento en que se produjo el espionaje, Villarejo era funcionario en activo y
comisario de la Comisaría General de Policía Judicial, donde estuvo activo
hasta 2010.
El
polémico policía pasó después al servicio de la Dirección Adjunta Operativa
(DAO) de la Policía Nacional, donde se jubiló en 2016.
Por estos
hechos, el juez de la Audiencia Nacional acordó el pasado julio la
imputación de BBVA como “persona jurídica” por los delitos de revelación de
secretos y corrupción en los negocios.
Los informes
de la Fiscalía Anticorrupción responsabilizan al BBVA de la contratación de
“servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito” a
Villarejo.
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