Ochoa Reza y las turbias licitaciones de gasoductos.

Por Claudia Villegas.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un acuerdo “especial” con la Secretaría de la Función Pública permitió que el entonces titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, licitara al menos 17 contratos para el transporte de gas natural y su respectivo tendido de gasoductos sin respetar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“La Secretaría de la Función Pública eximió a la CFE de ajustarse a esta normativa y determinó que ésta debía fijar las políticas, bases y programas generales para regular la contratación de dicho servicio”, revela la revisión de la Cuenta Pública 2018 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ochoa Reza también logró reinterpretar la Reforma Energética y la Ley de Hidrocarburos para acelerar la adjudicación de contratos que al final no beneficiaron a la CFE, según la ASF.

Desde la dirección de la CFE Ochoa Reza pugnó por desconocer uno de los principales mandatos de la Ley de Hidrocarburos, que establecía la obligatoriedad de que el Centro Nacional del Control del Gas Natural (Cenagas) se hiciera cargo del sistema de ductos del país.

La CFE quería mantener el control de los contratos que involucraban la construcción de ductos que representan para empresas privadas un negocio con tasas de rentabilidad que oscilan entre 9% y 11% en términos nominales, según los contratos a los que Proceso tuvo acceso.

La Ley de Hidrocarburos establecía que el Cenagas debía licitar los ductos. Sin embargo, la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo entonces de Humberto Castillejos Cervantes, promovió varios artículos transitorios que establecían que en tanto no se consolidara la operación del Cenagas serían Pemex y la CFE las entidades encargadas de licitar gasoductos.

Según información de la Subsecretaría de Hidrocarburos, entre 2014 y 2015 Castillejos se hacía presente constantemente en reuniones del grupo de trabajo para el desarrollo de ductos en donde Ochoa Reza y Lozoya Austin tenían diferencias con la Secretaría de Energía por la decisión final en los contratos estratégicos para el transporte de gas natural.

–¿Usted participó en la gestión para modificar artículos transitorios de la Ley de Hidrocarburos junto con la Presidencia de la República para que la CFE pudiera licitar los gasoductos? ¿Entonces la Ley de Hidrocarburos, corazón de la Reforma Energética, estaba mal? –se le pregunta en entrevista a Ochoa Reza.

–Si tú lees los artículos transitorios, lo único que hacen es confirmar que la CFE puede seguir haciendo lo que ya hacía. No es que la ley estuviera mal, pero para qué cambiar lo que funcionaba bien –responde.

“Sobre la capacidad de CFE de licitar contratos de transporte de gas natural, dicha facultad existía antes y después de la reforma a la Ley de Hidrocarburos. Ha sido una equivocada conclusión decir lo contrario. CFE ha llevado a cabo contratos de transporte de gas natural a lo largo de los últimos ocho años como parte de un proceso para garantizar el suministro oportuno de gas natural, a partir de que la producción de gas natural de Pemex ha sido insuficiente para atender la demanda nacional, lo que ha resultado en desabasto de gas natural y alertas críticas”.

Reconoce sin embargo que fue al amparo de la introducción de artículos transitorios, luego de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, que la CFE y Pemex conservaron – a pesar de la existencia del Cenagas– la rectoría en los contratos para el transporte de gas natural.

Así, fueron los funcionarios de la CFE y Pemex quienes acordaron los términos de los contratos que se firmaron para que compañías privadas les dieran servicios de transporte de gas natural más de 30 años, acordando cláusulas que ponían a salvo los ingresos de las constructoras en caso de oposiciones comunitarias, al menos por tres años.

Ochoa dice que en su decisión y estrategias de impulsar el desarrollo de gasoductos sólo había el interés de cumplir el plan estratégico marcado desde la Presidencia, porque ya se habían presentado varias alertas críticas por el desabasto de gas natural.

Entre 2010 y 2013 la falta de infraestructura y la creciente demanda de gas natural resultó en 53 cortes en el suministro, cuyo impacto fue de 0.28% del PIB en el segundo trimestre de 2013, según el Banco de México.

Para 2014, el Plan Nacional de Desarrollo ya preveía un margen de reserva muy estrecho en la generación de energía eléctrica. Esa fue la justificación para acelerar la construcción de gasoductos que la ASF encontró poco rentable para la CFE y que depende de la importación de gas natural, por lo cual se debe reservar la capacidad de ductos que se rentan.

“Cuando llegamos a la Subsecretaría de Hidrocarburos ya había desabasto de gas natural, había alertas críticas, se necesitaba un plan para suministrar el gas natural. Esa estrategia que involucró a las autoridades de varias dependencias y se presentó en las Residencia Oficial de Los Pinos en el verano de 2013 y seis meses después, se establecieron las responsabilidades para buscar una solución”, dice Ochoa Reza.

Así, aunque la red de gasoductos en el país prácticamente se ha duplicado, la producción de gas ha caído más de 43%, un área que fue responsabilidad de Ochoa Reza cuando fue subsecretario de Hidrocarburos en 2012 en la gestión de Pedro Joaquín Coldwell.

Dice Ochoa que la caída en la producción de gas natural fue resultado de que el megacampo de Cantarell, que suministró más de dos millones de barriles diarios de petróleo y gas natural, llegó a su fin. Después, el campo Ku-Maloob-Zaap ha visto una declinación muy importante en producción de petróleo y gas natural. “Se acabó la producción en aguas someras. Esa declinación de los principales megacampos se ha traducido en una caída en la producción de petróleo y gas natural en México”, afirma.

Hacia adelante, agrega, lo que se propone es aprovechar 75% de los recursos petroleros y gaseros de México que están en campos no convencionales, que son las aguas profundas del Golfo de México, y en los campos no convencionales que requieren fracking.

México no ha registrado cortes o paros de energía. Es resultado, dice, de que se avanzó en el desarrollo de la red de gasoductos.

Caros, pero a la orden.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la CFE cumplió con creces el plan de firmar 17 contratos para el transporte de gas natural que permitiera duplicar el tendido de ductos dirigidos a importar gas natural de Estados Unidos para sus plantas con el propósito de mantener el precio de la energía eléctrica.

Sin embargo, hasta ahora ni la CFE ni los consumidores se han beneficiado de la construcción de esta infraestructura, porque no se licitaron las plantas clave para la generación de energía eléctrica usando gas natural ni se trabajó de manera adecuada en la reconversión de centrales que usan otros combustibles, como el diésel o el combustóleo.

En total, según la ASF, la CFE contrató en el gobierno de Peña Nieto a proveedores para el transporte de gas natural que construyeron una red de ductos con una inversión de 183 mil 581 millones de pesos, que recuperará con creces mediante contratos firmados con la comisión por casi tres décadas.

Además, si los contratos enfrentaban oposiciones o no podían continuar con la construcción, las empresas privadas firmaron condiciones que salvaguardaban sus intereses. Entre 2014 y 2017 los contratos con los distribuidores que construyeron ductos para la CFE no dejaron de cobrar a la dependencia ni cuando se enfrentaron a oposiciones comunitarias, gracias a que se firmaron las llamadas “cláusulas de fuerza mayor”.

“Teníamos tres años de pagos si teníamos que parar un ducto por una oposición comunitaria”, dijo un alto directivo de una gasera.

Empresarios del sector del gas natural confirmaron que Ochoa pidió a Claudia Pastor Badilla, ahora también diputada por el PRI, y a Ángel Meixueiro, funcionario de la CFE y después director del Comité Estatal para la Planeación del Desarrollo, que buscaran interceder ante comunidades, pero sobre todo ante gobiernos estatales y municipales en la resolución de conflictos. Su gestión, sin embargo, fue poco exitosa, dijeron los ejecutivos consultados.

Y así lo confirma la ASF: “La CFE no intervino en la solución de los problemas, dentro de su ámbito de responsabilidad, que generaron los casos fortuitos o fuerza mayor, lo que podría representar la omisión de algún servidor público”.