Julio Astillero.
La presidencia de la República enviará hoy al Poder
Legislativo su propuesta para ocupar uno de los asientos de ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio presidente, Andrés Manuel
López Obrador, había adelantado que la terna correspondiente estaría integrada
sólo por mujeres. Anoche, de manera extraoficial, se hablaba de Margarita
Ríos-Farjat, Ana Laura Magaloni y Diana Bernal Ladrón de Guevara como las
integrantes de la propuesta presidencial.
De confirmarse la inclusión de la abogada y poeta
Ríos-Farjat, parecería impropio que se manoseara su nombre si no hubiera la
voluntad firme de que deje la jefatura del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) para pasar a la Corte. Nacida en Monterrey (con cercanía no
sólo regional con Alfonso Romo), maestra en derecho fiscal y doctora en
política pública, trabajó de 1996 a 1999 en el Poder Judicial de la Federación,
ha ejercido como abogada litigante y participó en la elaboración del Plan de
Nación, a invitación del entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López
Obrador.
En caso de dejar el SAT, Ríos Farjat abriría el camino a la
posibilidad de que ascendiera quien actualmente ocupa el segundo nivel en el
organigrama de dicha institución, Rosalinda López Hernández, esposa del
gobernador de Chiapas (Rutilio Escandón) y hermana del gobernador de Tabasco
(Adán Augusto López Hernández). Rosalinda es la administradora general de
auditoría fiscal del SAT y en su momento fue mencionada como la carta de
Palacio Nacional para el puesto que finalmente quedó en manos de Ríos-Farjat.
Además de gozar de gran confianza en el ámbito presidencial, López Hernández es
contadora pública, maestra en auditorías y en los cargos legislativos que ha
desempeñado (diputada y senadora) ha participado en comisiones relacionadas con
asuntos fiscales, hacendarios y económicos.
El ríspido proceso que colocó a Rosario Piedra Ibarra como
presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podría obligar a que
la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado se esforzaran más en presentar
a alguien que no estuviera claramente identificado con la administración
obradorista. Ricardo Monreal ha advertido que lo sucedido con Piedra Ibarra ha
cambiado la forma de llegar a acuerdos con la oposición en el Senado.
Esta circunstancia podría propiciar que Ana Laura Magaloni
emergiera como una opción negociable con los opositores a Morena. Magaloni es
profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Al menos en las especulaciones del
caso, la propuesta de Bernal Ladrón de Guevara pareciera tener pocas
probabilidades de avanzar.
El pragmatismo político se impuso y la fuerza dominante de la
Cámara de Diputados se zafó del prurito de sesionar en su sede natural, el
Palacio Legislativo de San Lázaro, y trasladó sus actividades a una de las
zonas de más lujosas de la capital del país, los desarrollos inmobiliarios de
una parte de la zona de Santa Fe y específicamente a un centro de exposiciones
Bancomer.
Más allá del tema específico del sitio alterno para sesionar,
y las maniobras organizadas para convocar con sigilo y trasladar con protección
policiaca a los parlamentarios, el punto esencial está en la decisión del
obradorismo (el gobierno en sí, más la Cámara bajo su dominio) de romper un
esquema de décadas en cuanto a la asignación de recursos a rubros como el del
campo cultivable y la intervención de organismos y liderazgos que, según lo
dicho por el conductor de las Mañaneras, solían practicar actos de corrupción
con esos fondos o con la intermediación política en sí.
A la hora de cerrar esta columna estaba por iniciar la sesión
formal de los diputados en la peculiar sede alterna y se pronosticaba una larga
sesión, con centenares de artículos reservados para discusión especial. Habrán
de verse las consecuencias de esta nueva política de asignación de recursos y
del rediseño general del presupuesto federal para el año entrante.
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