Julio Astillero.
Este viernes será dada a conocer la forma en que el gobierno
federal realizará la consulta pública referente a la construcción del Tren
Maya. Se hará en 230 poblaciones de cinco estados, durará mes y medio y estará
a cargo de Adelfo Regino, quien dirige el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI). Para afinar los detalles se reunieron ayer con el Presidente
de la República varios funcionarios relacionados con el tema.
A diferencia de los ejercicios hasta ahora realizados, que no
han tenido obligatoriedad o condición vinculatoria (es decir, que lo
determinado en esos ejercicios tuviese que ser ejecutado por las autoridades
correspondientes) ni garantías mínimas de certeza democrática, la consulta
sobre el Tren Maya deberá cumplir con los requisitos de las nuevas normas
jurídicas en el ámbito nacional y, específica y fundamentalmente, con lo
establecido en tratados internacionales para garantizar que comunidades
indígenas puedan emitir su voto de manera informada y segura.
Es decir, no más consultas convocadas para otros temas y
luego habilitadas como votaciones a mano alzada o remedos mal montados como
sucedió en el caso del Proyecto Integral Morelos, que incluye a la
termoeléctrica de Huexca, contra lo cual luchó Samir Flores, ejecutado en la
víspera de una de esas consultas, sin que su caso haya sido esclarecido hasta
ahora. En el caso del Tren Maya, tendrá que cumplirse puntualmente lo
establecido mediante reformas recientes a la Constitución y leyes secundarias,
y lo relacionado con las reglas internacionales correspondientes.
De otra manera, se estará incentivando una inconformidad
social, procedente desde la izquierda no necesariamente electoral o abiertamente
contraria a los procesos electorales en sus términos actuales. Esa
inconformidad procede, sobre todo, de bases organizadas en torno al movimiento
neozapatista, donde se tiene más que recelo respecto de los planes económicos
del obradorismo en aquella región, a los que tildan de desarrollistas,
destinados a satisfacer a los grandes capitales y no a promover el desarrollo
real de las comunidades. No se olvide que varios de los más acaudalados
empresarios nacionales están dispuestos a participar del gran negocio llamado
Tren Maya.
Este viernes debe ser aprobado el Presupuesto de Egresos de
la Federación que regirá durante 2020. Dado que Andrés Manuel López Obrador
prometió no subir impuestos ni crear nuevos, el erario ha tenido graves
problemas para estirar una cobija evidentemente precaria. Recortes e
insuficiencias han impactado a ciertos sectores sociales a la par que otros,
los más desamparados históricamente, han sido claramente beneficiados. En 2020
la película será más o menos parecida pero, según algunos observadores, podrían
darse más episodios violentos o cuando menos tensos.
Ayer se produjo uno de esos momentos preocupantes. Miembros
de organizaciones campesinas, según lo reportado por varios medios, empujaron y
patearon a integrantes de la élite de la Cámara de Diputados. Coordinadores de
las bancadas partidistas, que a su vez forman un órgano superior de
coordinación política en San Lázaro, se enfrentaron a algo a definirse como
desahogo, error o provocación. Lo cierto es que fueron víctimas de violencia
física en la víspera de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
presidida por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar (ex dirigente de El Barzón),
apruebe o rechace el dictamen sobre el presupuesto 2020 que el viernes será
presentado en la plenaria de los diputados, si es que los grupos en protesta lo
permiten, o si es que la policía capitalina entra a desalojar a esos
manifestantes.
Astillas
El panismo recurrirá a instancias judiciales del país y del
extranjero para impugnar el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como
presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En corto, algunos
promotores de esa estrategia aceptan que tendrá poca viabilidad en lo interno,
pero podría tener resonancia política al acudir a comisiones o cortes
internacionales.
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