Van tras T-Systems.

Darío Celis.

Las indagatorias que los organismos de rendición de cuentas realizan sobre el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, empiezan a cerrar el círculo en torno al grupo de funcionarios cercanos a Luis Videgaray, en este caso al exdirector del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín.

Resulta que la Auditoría Superior de la Federación abrió una caja de Pandora que corresponde al uso de recursos provenientes del Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, mejor conocido como FACLA.

Hablamos de un fondo que administra los pagos por Derecho de Trámite Aduanero, mismos que deben destinarse como contraprestación a actualizar los sistemas electrónicos del SAT para optimizar la atención a sus usuarios.

Entre 2014 y 2018, del FACLA se extrajeron unos 35 mil millones de pesos para invertirlos en sistemas de información e infraestructura tecnológica.

Lo anterior mediante procedimientos de difícil rastreo por la naturaleza privada de los recursos del fideicomiso, avalada ésta por la Controversia Constitucional 84/2004 que promovió en tiempos de Vicente Fox la propia Secretaría de Hacienda.

No obstante, la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, puso el ojo sobre lo que se considera la punta del iceberg en materia de contratos de tecnologías de información y comunicaciones del SAT.

Se trata del procedimiento de contratación CS-300-LP-N-P-FC-115/15, correspondiente al “Servicio de Soporte Operativo 3 (SSO 3)”, proveído por la alemana T-Systems que lleva en México Federico Casas Alatriste.

Según la revisión de la Cuenta Pública, el contrato asignado en 2015 fue objeto durante el año pasado de cuatro convenios modificatorios que terminaron por incrementar el monto máximo de inversión en hasta 400 millones de pesos, para colocarlo en una cifra final de 2 mil 475 millones.

Se identificó que T-Systems vendió a la Secretaría de Hacienda, entonces de Luis Videgaray, servicios similares a otros ya contratados por el SAT, situación que por la duplicidad de funciones generó costos adicionales al organismo.

Finalmente, se detectaron penalizaciones no ejercidas contra la proveedora por la cantidad de 30 millones de pesos; éstas por incumplir con los entregables establecidos en el contrato.

El caso corresponde apenas a una muestra del 9.8 por ciento de los casi 7 mil 600 millones de pesos ejercidos por el SAT en tecnologías de información durante 2018.

Por tanto, queda pendiente aún del Informe de Cuenta Pública el contrato para el Servicio de Nube Híbrida Administrada, asignado en 2017 también a la firma T-Systems y del que le informamos en septiembre de 2018 en la columna Tiempo de Negocios.

En aquel caso, y contra todas las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública, Osvaldo Santín entregó a la alemana hasta en cuatro ocasiones consecutivas el servicio por alrededor de MIL 400 millones de pesos; esto mediante el procedimiento de contratación CS-300-LP-N-P-FC-066/17.

A más de un año de aquella entrega, la Auditoría Superior de la Federación parece encontrar la pista de lo que en ese entonces se denunció como un caso de corrupción.

PEMEX DEJÓ DE pagar desde diciembre al consorcio integrado por TI América y Operbes los servicios de blindaje contra ciberataques, un contrato que data de hace tres años. Se estima que la administración de Octavio Romero les suspendió pagos por unos 230 millones de pesos. A su vez a Microsoft, de Bill Gates, que suministraba los antivirus, le detuvieron el pago de unos 14 millones de dólares, costo de su contrato. Estas compañías tenían bajo sus responsabilidades filtrado de contenido web, protección antivirus en red, inspección de tráfico, protección de DNS perimetral, firewall de siguiente generación, sistemas de prevención de intrusiones, acceso remoto vía VNP, detención y prevención de fuga de información, protección contra amenazas persistentes y respuestas.

OTRA INVESTIGACIÓN, SOLO que de la Controlaría Interna de Pemex, se realiza en la Coordinación de Comercialización de Combustibles. Las pesquisas tienen que ver con precios de venta en condiciones preferenciales a algunos grupos gasolineros. José Manuel Siliceo Mariles y Alejandro Sanguino Ortiz, funcionarios de Pemex Transformación Industrial y operadores de Blanca Estela Coeto Mateo, quien fuera subdirectora de Comercialización y ahora consultora de varios de sus antiguos clientes a quienes favoreció mientras estuvo en Pemex, se encuentran bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación por graves irregularidades en atención de la auditoría de la Cuenta Pública 2018. Ya le platicaremos más.

TRAS AGOTARSE EL primer plazo de seis meses, Disney tiene hasta el 1 de mayo del 2020 para vender los tres canales de Fox Sports. ING Bank, que maneja Ralph Hamers, concluyó la primera etapa con varios interesados. Sin embargo, no ha podido cerrar porque el administrador de la empresa, Pyne Media, solicitó al IFT de Gabriel Contreras reasignar los costos de contenidos para que la filial mexicana no cargue la mayor parte. Le decía que el propio Rupert Murdoch es uno de los interesados en quedárselos en sociedad con exejecutivos de Fox Sports encabezados por Carlos Martínez.

LE HABLABA de la intención de la 4T de replantear el contrato de la Asociación Público Privada con Altan Redes, que preside Bernardo Sepúlveda. No veía bien que esa empresa de Eugenio Galdón llevara conectividad a zonas remotas hasta el 2023. Se está haciendo un ajuste a su título de concesión para adelantar la cobertura.

Lo que le interesa a Andrés Manuel López Obrador es dispersar vía el Banco del Bienestar, que lleva Rabindranath Salazar, los recursos de sus programas sociales en 13 mil puntos del país que ya tiene mapeados y a donde no llegan servicios de internet y telefonía.

AL FINAL LA Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda Luis Crescencio Sandoval, le dio la vuelta a todas las aseguradoras y terminó asignando a una reaseguradora la póliza de aproximadamente 52 millones de dólares que amparan la integridad de 374 aeronaves. El gran perdedor fue Inbursa, la de Carlos Slim Helú, y que maneja su hijo Marco Antonio Slim Domit, que había tenido el contrato durante los últimos tres años. Todo el proceso lo lideró el oficial mayor de la dependencia, general David Córdova, quien se lo terminó asignando en condiciones cuestionables a SUMMA, de Mario Beltrán.