Por Efrén
Flores.
El Instituto
Nacional Electoral (INE) pagó más de 10 mil 500 millones de pesos entre enero y
septiembre de este año. Dicha cantidad de dinero fue utilizada para sostener su
operación y es equiparable al 69 por ciento de su presupuesto para 2019.
La mayor
parte del dinero (46 por ciento) fue utilizada para el pago de salarios y
prestaciones, además del financiamiento de partidos políticos (35 por ciento). Sin
embargo, el gasto en servicios (13 por ciento) y en bienes y suministros
(1.7 por ciento) se llevó una buena parte del pastel.
De acuerdo
con el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, el INE adoptó medidas de
austeridad más allá del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que el
recorte de este año dejará al Instituto “al límite” en su operación, sobre todo
considerando que el año entrante iniciará el proceso electoral 2021.
A pesar de
que el organismo se apega a los principios de economía y transparencia
establecidos en el artículo 134 constitucional, el consejero Roberto Ruiz
Saldaña dijo a SinEmbargo que en el INE aún persisten gastos excesivos que
pueden evitarse, como aquellos en vales para comida, viajes, autos y comités.
“En el
INE era normal tener esos privilegios, […] pero esos tiempos ya cambiaron y me
parece que no son necesarios muchos gastos”, explicó el Consejero electoral.
Para Ruiz
Saldaña, muchos de los gastos de la alta burocracia no se justifican. Habló
de las erogaciones que parecen pequeñas pero que, si se juntan y eliminan
todas, “podrían disminuir el presupuesto del INE y se mandaría un mensaje a la
sociedad de que el INE no es ajeno a la preocupación genuina de la austeridad”.
Los datos de
transparencia del INE corroboran lo dicho por el funcionario público.
Entre los
servicios generales y profesionales contratados destacó el pago de 30.4
millones de pesos en viáticos y pasajes de servidores públicos, así como 10.2
millones en congresos, exposiciones y eventos del organismo electoral.
Asimismo, entre
los bienes y servicios adquiridos hubo registro de 55 millones en artículos
para vehículos oficiales, así como 52.5 millones en alimentos.
También destacó
la compra de bienes muebles, inmuebles e intangibles por 10.5 millones de pesos
durante los primeros nueve meses de 2019, además de la adquisición de productos
alimenticios para animales y artículos deportivos por 5 mil 264.50 y mil 511.02
pesos, respectivamente.
CONTRATACIÓN
OCIOSA.
De enero a
septiembre de este año, el INE firmó 26 mil 800 contratos públicos por un
monto total de 782.3 millones de pesos. Entre ellos están 1 mil 270
adjudicaciones directas por casi 3.8 millones de pesos, que fueron utilizados
para la compra de bienes y servicios que implican una oportunidad de ahorro
para el INE.
Los dos
gastos más fuertes estuvieron relacionados con insumos de cafetería (casi 2
mdp) y el pago de estacionamiento y pensión de vehículos (más de 1 mdp).
Además, el
INE contrató 493 mil 683 pesos en servicios de lavandería y 69 mil 961 pesos
para el lavado de vehículos oficiales. A ello se suman 96 mil 087 pesos para la
compra de refrescos, 51 mil 150 pesos para la adquisición de tazas, 26 mil 934
pesos en dulces y galletas, así como 7 mil 761 pesos para agendas.
Los ejemplos
referidos develan una realidad que prevalece en el INE. De acuerdo con el
consejero electoral Roberto Ruiz Saldaña, “en algunos casos sí hay dispendio –o
gasto excesivo e innecesario– y en otros hay insensibilidad”.
Inclusive,
tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano Interno de
Control (OIC) del INE advirtieron que durante el ejercicio fiscal de 2018 hubo
irregularidades en el uso y adjudicación de recursos públicos
En la
segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018, la ASF halló irregularidades
no solventadas hasta el 14 de octubre de este año, por un monto superior a 93.5
millones de pesos.
Lo
anterior derivó de “pagos excesivos” de honorarios y dietas de consejeros
electorales (70.3 mdp), además de la compra no comprobada de bienes y
materiales (23.3 mdp).
Entre las
irregularidades está un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública
Federal de más de 18.2 millones de pesos, ya que la Auditoría determinó que
hubo una “diferencia” entre el importe de alimentos ministrados a funcionarios
de casillas y el importe comprobado mediante el Sistema de Contratación, Pago y
Comprobación de Recursos, se lee en la auditoría 2018-0-22100-19-0093-2019
93-GB.
Dadas las anomalías,
el órgano fiscalizador encontró violaciones a diversas leyes, entre ellas el
Artículo 134 constitucional, mismo que establece que todas las entidades
gubernamentales deben administrar los recursos públicos “con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Además de la
ASF, el OIC del INE advirtió que “el Instituto continúa adjudicando
contratos con base en una cuestionable asignación de puntos en las evaluaciones
técnicas; así como, limitando la libre participación de licitantes en los
procesos de contratación”.
De acuerdo
con su “Informe Anual de Gestión 2018”, en el INE “persisten constantes
deficiencias en la administración y supervisión de los contratos, así como en
la determinación y aplicación de penas convencionales y/o deductivas a los
proveedores”.
Lo
anterior es relevante considerando que siete de cada 10 pesos contratados en
los primeros nueve meses de este año fueron adjudicados de manera directa.
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