Martí Batres.
La defensa
del actual Presidente de la República en distintos ámbitos no se debe a su
naturaleza carismática, sino al significado histórico y colectivo de su
victoria y sus reformas.
Para las
fuerzas progresistas, llegar al gobierno no fue resultado de una elección, sino
esfuerzo de décadas.
Muchas
luchas preceden a esta victoria.
Las de
trabajadores, estudiantes, colonos, campesinos y maestros en los años 50, 60,
70, 80 y 90 del siglo pasado y principios de este.
Las batallas
electorales sin registro de Ramón Danzós en 1964 y Valentín Campa en 1976; y
con registro, de Arnoldo Martínez Verdugo en 1982; las que fueron aplastadas
por el fraude electoral, como la de Miguel Henríquez Guzmán en 1952; Salvador
Nava en 1961; Alejandro Gascón Mercado en 1975; Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y
Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Las
encabezadas por AMLO en el Éxodo de 1992; contra el desafuero en 2005, contra
el fraude en 2006 y en defensa del petróleo en 2008 y 2013.
La del 1o de
julio de 2018 es una victoria de mucha gente, de muchas generaciones. De ahí
que el gobierno actual sea visto como patrimonio colectivo por los herederos de
esas gestas.
Tan solo del
1o de diciembre de 2018 al 1o de diciembre de 2019, el gobierno logró:
-Liberar a
los medios de comunicación del control gubernamental.
-Erradicar
matanzas, desapariciones y torturas a manos de las fuerzas del orden.
-Reposicionar
a México en el escenario mundial.
-Disminuir
el costo económico del aparato político; realizar el mayor congelamiento de
cuentas bancarias del crimen organizado en la historia; obligar a los grandes
consorcios a pagar sus impuestos.
-Frenar la
caída de la producción petrolera; acabar con los gasolinazos.
-Controlar
la inflación, el endeudamiento y la devaluación de la moneda.
-Aumentar el
salario, disminuir la pobreza laboral, incrementar los ingresos del quintil más
pobre de la población y repuntar las ventas minoristas.
Del 1o de
septiembre de 2018 al 20 de abril del 2020, el Poder Legislativo instituyó:
-Derechos de
los maestros; gratuidad de la educación superior.
-Sistema de
salud público universal y gratuito.
-Voto
directo en los sindicatos.
-Paridad
entre mujeres y hombres en los órganos del Estado.
-Reconocimiento
de las comunidades afromexicanas.
-Nuevos
derechos de adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes.
-Tipificación
de corrupción, fraude electoral, robo de combustible y feminicidio como delitos
graves.
-Prohibición
de la condonación fiscal; equiparación de facturación falsa con crimen
organizado.
-Extinción
de dominio para casos de corrupción.
-Guardia
Nacional.
-Protección
del maíz nativo.
El cúmulo de
intereses tocados ha despertado una feroz respuesta. La oposición escogió el
momento difícil de la pandemia del Covid-19 para lanzar su ofensiva contra la
4a Transformación.
Pero la
actuación de la 4T frente a ese desafío deja mucho que desear.
No se siente
la presencia de un partido-movimiento saliendo a la defensa de su proyecto.
Algunos dirigentes de la primera línea formal se hacen a un lado, se achican
frente a la ofensiva, promueven su agenda o hacen suyo el discurso opositor.
Otros carecen de mesura en el ejercicio de sus encargos. Algunos más desgastan
al movimiento desde los tribunales.
Al cumplirse
dos años de la victoria, es indispensable un ejercicio crítico interno que le
permita al movimiento reorganizarse para defender su proyecto y caminar a
nuevos triunfos.
Para ello
necesita un gran trabajo de comunicación política unificada que permita
capitalizar los cambios logrados; mantener el bloque de alianzas electorales y
legislativas; incorporar a más luchadores sociales; atender las exigencias de
las clases populares y de las clases medias; mejorar candidaturas para próximas
elecciones con perfiles que tengan no sólo capacidad política sino también
principios.
En suma,
defender y profundizar la transformación.
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